Ocho familias que perdieron hombres en servicio en Irak respaldan el pedido para llevar a la justicia a Blair y al gobierno, bajo los términos de la Convención Europea de Derechos Humanos
LONDRES, (Reuters) - Las familias de varios soldados británicos que murieron en Irak lanzaron el martes una iniciativa para llevar al primer ministro Tony Blair a la justicia por "engañarlos" para ir a la guerra.
Dos días antes de las elecciones en Gran Bretaña, las familias entregarán una carta a Downing Street, sede del gobierno, detallando el argumento legal que presentarán contra el primer ministro.
"Algunas de las familias están muy preocupadas porque sus hijos murieron en circunstancias de una guerra ilegal" dijo la organización Familias de Militares contra la Guerra, en una declaración.
Las familias dijeron que decidieron tomar medidas después de leer el consejo que dio antes de la guerra el principal abogado del gobierno, el fiscal general. Este documento, que se conoció recientemente, generó dudas sobre la legalidad de la invasión.
"Los seres queridos de estas familias eran individuos valientes que entraron al Ejército Británico creyendo que deberían servir a su país" dijo la declaración.
"Los eventos recientes sugieren que sus órdenes militares eran ilegales" agregó.
Blair ha insistido que el respaldo de Lord Goldsmith, el fiscal general, a la legalidad de la guerra sin la necesidad de una segunda resolución de las Naciones Unidas, fue claro.
El tema de la integridad de Blair y su decisión de apoyar a Estados Unidos en Irak ha dominado la agenda electoral de la última semana.
El lunes, la esposa del último soldado en morir culpó directamente a Blair por su muerte.
"Es un error de Tony Blair", dijo la viuda del soldado británico Anthony Wakefield en relación a su muerte tras un ataque con una bomba en una ruta en el sur de Irak.
"El envió a todas esas tropas hacia allá. No debería haberlo hecho".
Con la muerte de Wakefield, el total de efectivos británicos que fallecieron en Irak ascendió a 83 desde que comenzara la guerra en marzo del 2003.
Ocho familias que perdieron hombres en servicio en Irak respaldan el pedido para llevar a la justicia a Blair y al gobierno, bajo los términos de la Convención Europea de Derechos Humanos, y también consideran presentar una demanda privada contra el primer ministro.
