Emilio Álvarez-Icaza Longoria fue confirmado en su cargo el martes pasado. El próximo jueves rendirá protesta y a partir del sábado primero de octubre iniciará su segundo periodo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la oficina del ombudsman capitalino. En una época y unos ambientes proclives más a la disensión que al acuerdo, las unanimidades en torno al defensor y promotor de los derechos de las personas en el DF constituyen un fenómeno digno de ser subrayado.
Dos veces se expresó esa unanimidad en el órgano encargado de designar y confirmar al presidente de la CDHDF, primero en la comisión legislativa dictaminadora correspondiente y después en el pleno de la Asamblea Legislativa. Como suele suceder en todo cuerpo deliberativo, las discrepancias ocupan un ancho espacio, que es mayor de lo normal en la legislatura local capitalina (llamarla así en este momento es posible por una suerte de licencia jurídica, pero todo se andará). A veces y en ciertos temas hasta llegar a la crispación, en la ALDF son más frecuentes -o por lo menos más sonoros- los desacuerdos que su contrario. Tal circunstancia, que es perceptible en el funcionamiento del órgano completo, lo es también en tratándose de su fracción mayoritaria. Ahora mismo está en curso de resolverse un conjunto de diferendos entre dos bloques de diputados pertenecientes a diversas corrientes del Partido de la Revolución Democrática, que gobierna en la Ciudad de México. Ninguna de las tensiones evidentes en la Asamblea estorbó la confirmación de Álvarez-Icaza Longoria.
Si bien los conocieron en su oportunidad, porque el ombudsman debe presentarlos anualmente a ese cuerpo legislativo, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea legislativa estudiaron los informes del presidente de la CDHDF correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, “a partir de lo cual” consideraron “que su gestión presenta avances sustanciales en la protección, defensa, vigilancia promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos en la Ciudad de México”. Y, por ende, se manifestaron de modo unánime por proponer la confirmación de Álvarez-Icaza en su cargo.
El dictamen informó que a solicitud expresa de ese órgano de la Asamblea, organizaciones civiles de derechos humanos se manifestaron en torno al tema. “En total... la presidencia de esta comisión dictaminadora recibió aproximadamente sesenta y ocho comunicados en sentido favorable respecto de la confirmación... Es importante destacar que no se recibió opinión alguna en sentido desfavorable”.
Igualmente, los consejeros de la CDHDF se manifestaron a favor de la confirmación del presidente, “toda vez que han tenido la oportunidad de seguir de cerca su trabajo”. Por mi parte puedo decir que esas palabras de los miembros del Consejo tienen un alto valor. A cada uno lo eligió la Asamblea Legislativa por sus méritos propios, que despliegan en el ejercicio de sus responsabilidades en el Consejo, que no es meramente consultivo como lo fue en la primera etapa de vida de la CDHDF. No integran un cuerpo complaciente ni ignorante. Puedo afirmarlo con certidumbre y con libertad. Lo primero, porque tuve el privilegio de formar parte de ese consejo y supe de sus excelencias. Y lo segundo, porque ya no pertenezco a él y no se concreta entonces la sentencia adversa de que alabanza en boca propia sea vituperio.
En su sesión del 20 de septiembre, el pleno de la Asamblea aprobó el dictamen confirmatorio. Desde diversas posiciones los diputados locales evaluaron el desempeño de Álvarez Icaza. La independiente Marta Delgado reconoció en el trabajo de la CDHDF la incorporación de los derechos ambientales. María Teresita de Jesús Aguilar, del PAN, subrayó el impulso a la cultura de respeto a las garantías individuales. La priista Claudia Esqueda ponderó la coordinación del ombudsman con la Asamblea en la aplicación de la Ley de cultura cívica. Y Carlos Reyes Gámiz, del PRD, señaló aportaciones de Álvarez-Icaza a la presencia de los derechos humanos en la ciudad y en el país. Los legisladores locales no pronunciaron discursos hueros carentes de crítica, pero subrayaron los logros de la Comisión y de su presidente.
Todavía es reciente en México el funcionamiento de las comisiones de derechos humanos. Data de apenas tres lustros (la del DF fue fundada en 1993) y se encuentran, por lo tanto, todavía en periodo de construcción, o de ampliación y consolidación de sus atribuciones. Puesto que no se superponen a instancias jurídicas, las recomendaciones que emite el ombudsman -uno de sus principales instrumentos de trabajo y que, como su nombre lo indica carecen de fuerza imperativa- deben fundarse sí en una rigurosa investigación, pero sobre todo en su propia autoridad moral y en su vinculación con la sociedad. De allí la importancia de que quien ejerce ese delicado papel cuente con un generalizado asentimiento social. Requiere también no sólo competencias específicas sino, en una época de abrumador pragmatismo, estar poseído por un emprendedor espíritu humanista. Que esas prendas se reúnan en Emilio Álvarez-Icaza Longoria explica las unanimidades en torno suyo.
Enfrentar y remediar una por una las violaciones a los derechos humanos que afectan a los capitalinos es una tarea de enorme alcance. Es preciso abordarla puntualmente. Pero es necesario ir a la raíz y propiciar que se cometan de menos en menos. He allí el desafío.
