Enlace Civil A.C., es una agrupación que apoya a comunidades indígenas en la zona de influencia zapatista en Chiapas. Favorece proyectos productivos, de educación y de salud, que se financian con aportaciones de buena voluntad realizadas por donantes mexicanos y extranjeros. Para ese doble propósito, recibir y entregar recursos, abrió nueve cuentas de depósito en la sucursal de BBVA-Bancomer en San Cristóbal de las Casas. Ya no podrá seguir operando a través de ellas porque el 19 de mayo la asociación civil que las maneja recibió la perentoria notificación de cancelarlas. Tomado por sorpresa cuando le fueron requeridas explicaciones, el gerente regional jurídico Adolfo Ruiz dijo que el banco debía protegerse del lavado de dinero, según informó Paulina Fernández, presidenta de la agrupación.
Ciertamente una obligación legal del sistema de intermediación financiera consiste en evitar el trasiego de fondos de monto y procedencia irregulares, que deben reportar a la autoridad supervisora. Se entendería que, de ameritarlo, procediera de ese modo con operaciones específicas. No se comprende, en cambio, que por esa causa disponga la cancelación de las cuentas, que reciben recursos de entidades de derecho público, como el Gobierno de Finlandia, el del País Vasco, ayuntamientos de Italia y Cataluña, organizaciones civiles de ésos y otros países. Los montos son magros, comparados sobre todo con la dimensión de las necesidades: en el momento de recibir el aviso de cancelación el saldo en las nueve cuentas era de un millón 200 mil pesos, muy lejos de la línea por encima de la cual las operaciones deben ser reportadas a la autoridad.
Hace poco fue cancelada por el propio Bancomer la cuenta de la Organización de salud indígena maya del Estado de Chiapas, cuyos recursos sirven para formar promotores de salud también en la región alteña de esa entidad. La afectación a asociaciones vinculadas con el zapatismo hace pensar a Enlace civil que se trata de una operación de carácter político, para obturar el flujo de fondos a las comunidades que apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Aunque no fuera esa la intención, el hecho muestra la absoluta disparidad contractual entre la banca y sus clientes, que se hallan en estado de indefensión. La Condusef, que presumiblemente protege a los usuarios de los servicios financieros, carece de instrumentos para forzar a un banco a prestar servicios. Aunque Bancomer desmintió la explicación original sobre el lavado de dinero, la sustituyó por el silencio, aduciendo que no está obligado a expresar la causa de la decisión.
El abusivo contrato de apertura de cuenta consagra esa posibilidad. Apenas con un cierto lapso para ejecutar la decisión, los bancos pueden cancelar unilateralmente cualquier cuenta, sin necesidad de expresar la causa. No se prevé siquiera plazo e instancia para reconsiderar. El cliente debe retirar su depósito apenas unos días después de recibido el aviso. Si no lo hace, el arrogante prestador de servicios queda autorizado para emitir un cheque de caja y enviarlo a domicilio. Y hasta puede depositar el importe del saldo ante alguna autoridad. Ante nadie se puede exponer y mucho menos reparar los daños y perjuicios que la decisión unilateral del banco provoca en su cliente, que pueden ser especialmente graves en lugares como los Altos de Chiapas donde no abundan las oficinas bancarias, toda vez que apenas los dos operadores mayores de la reducida oferta de esos servicios tienen alcance nacional.
La cancelación de cuentas es una situación extrema, pero cotidianamente los usuarios son víctimas del abuso bancario. Recientemente entró en vigor una disposición legal festejada como un gran éxito por la Condusef, porque obliga a los bancos a informar del costo de sus operaciones. No se limitó su monto, ni menos aun se lo eliminó, porque eso va contra las reglas del libre mercado. Se considera suficiente la información para que, con base en ella el cliente tome decisiones, como si el abanico de alternativas reales fuera amplio.
Las comisiones, y las modalidades de su aplicación son tan homogéneas que permiten suponer un acuerdo de los prestadores de servicio, contrario a las normas legales de la competencia. Pero los bancos parecen estar fuera del alcance de las autoridades, y eso favorece su bonanza.
Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (ConBava), en el primer trimestre de este año las ganancias de los bancos sumaron casi once mil millones de pesos (10,718 000 millones), un tercio más que en el mismo periodo del año pasado, y 48 por ciento superior al del último trimestre de 2004. Más de la cuarta parte de los ingresos bancarios está formada por las comisiones y tarifas establecidas a su arbitrio por los bancos.
En tiempos remotos, esas instituciones pagaban a su clientela y ahora cobran por manejar el dinero de los usuarios. Cobran por todo: por el manejo mismo de la cuenta, por expedición de cheques y consultas y retiros en cajeros automáticos más allá de la mezquina cuota autorizada. Y aún es más caro realizar operaciones a través de la red. Por eso crecen sus ingresos en este rubro: en el primer trimestre del año pasado significó el 25.77 por ciento, mientras que fue de 26.22 en los primeros tres meses de este año.
Bancomer forma parte del cuarteto que concentra el 70 por ciento de las utilidades bancarias. Obtuvo uno de cada cinco pesos ganados por todos los bancos. Por eso no le importa causar daño al cancelar cuentas.
