Ya hay dos federaciones burocráticas. La partición de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), iniciada en diciembre de 2003 por Elba Esther Gordillo se consumó el miércoles pasado, cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió registrar a la nueva Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FDSSP).
Durante el proceso corporatizador de la sociedad mexicana, emprendido por el presidente Cárdenas, la Ley laboral específica para la burocracia (el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión) determinó, tal como todavía se lee en el Artículo 78 de la Ley federal de los trabajadores al servicio del estado, que la FSTSE es “la única central reconocida por el Estado”. Aunque ese texto sigue vigente, porque no ha sido modificado por el legislador, ya no rige, pues dos decisiones judiciales, una de un juez de distrito y otra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon que esa exclusividad es inconstitucional.
El año 2003 significó para Gordillo una etapa de gran acumulación de poder. Volvió al liderazgo formal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al asumir la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, cargo por encima de la Secretaría General que ella misma ejerció directamente de 1989 a 1995 y luego atribuyó a delegados suyos, incluido el actual Rafael Magaña que sin dejar el puesto vio disminuir el poder vicario que ostentaba. En el mismo 2003, a la Secretaría General del PRI añadió Gordillo la coordinación de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados. Pero pronto fue impugnada por legisladores madracistas y sustituida por Emilio Chuayfett. Esa derrota no impidió el cumplimiento de sus propósitos, uno de los cuales era desfondar la FSTSE, cuyo deterioro se había acentuado por la dominación que sobre ella ejerce el senador Joel Ayala, y dejarla sin bases.
Ayala es el prototipo del dirigente burocrático, que ha controlado un sindicato, en su caso el de la Secretaría de Salud, y a partir de allí ha obtenido cargos legislativos (fue dos veces diputado y es senador), y en la FSTSE. Fue secretario general de su sindicato de 1977 a 1980, y antes de decidirse a romper abiertamente la legalidad y hacerse elegir nuevamente secretario general en 1995, con gran imaginación asumió y hasta creó cargos que le permitieran ser el verdadero dirigente: presidente del Consejo Nacional de Vigilancia y Justicia, presidente del Comité Consultivo, presidente de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, y secretario del Patrimonio Sindical.
Al Comité Nacional de la FSTSE ingresó en 1980, y en 1998 fue elegido secretario general. Su responsabilidad debía durar tres años y siete después continúa allí, abuso que fue uno de los factores alegados para romper con la Federación que encabeza. Luego de que los disidentes con Gordillo a la cabeza se organizaron en la llamada, acaso con sorna, Federación Democrática, Ayala consiguió que no se les otorgara registro, pero lo obtuvieron por la vía judicial. El miércoles pasado, únicamente los tres magistrados del tribunal presidido por Alfredo Farid Farquet que representan el disminuido ayalismo (Renato Estrada Zamora, Lorenzo Eduardo Cuevas y Martín de Lamadrid Benítez) votaron contra el reconocimiento de la nueva central, pero fueron claramente superados por diez votos que se orientaron al sentido ordenado por la resolución de la Corte.
Aunque la lucha por los espacios de representación (ante el ISSSTE, por ejemplo, y ante el propio tribunal que le dio palo) se prolongará algún tiempo, es claro que la FSTSE de Ayala está herida de muerte. A esa postración corresponde su denuncia, emitida en boletín de prensa que se hizo aparecer en inserciones pagadas ayer, de que, ya de últimas, Santiago Creel “presionó, obligó y ordenó a los magistrados del tribunal federal de Conciliación y Arbitraje -organismo laboral dependiente de la Segob- votar a favor de los seis sindicatos separatistas de la FSTSE para darle el reconocimiento a éstos y avalar el golpe en contra de nuestra Federación”.
Ayala considera que “este ataque obedece a un nuevo pago que el Gobierno Federal hace a la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien así recibe el agradecimiento de la autoridad por la actitud entreguista, divisionista y contraria a la lucha de los trabajadores del país”. No obstante esa apreciación suya sobre el Gobierno Federal en general, y no sólo respecto a Creel en particular, Ayala figuró de modo prominente entre los dirigentes adscritos al Congreso del Trabajo, “representativo del movimiento obrero organizado de México”, que el viernes pasado se apresuraron a felicitar a Carlos Abascal “como secretario de Gobernación, hecho que representa un reconocimiento a su destacada gestión en el Gobierno del presidente Vicente Fox y a su gran habilidad política demostrada en su trayectoria como servidor público y como ciudadano comprometido con los más altos intereses de nuestro país”.
Es claro que el litigio entre los dirigentes sindicales de la burocracia, mucho más semejantes que diferentes, no concierne sólo a ellos. Atañe a la inmensa mayoría de los empleados públicos federales, que se enfrentan a delicadas situaciones creadas recientemente, como la entrada en vigor de la Ley del servicio civil de carrera; o gestadas a través del tiempo, como la crisis de sus pensiones y jubilaciones, y lo hacen sin una representación auténtica.
