Proliferaron la semana pasada, en media docena de ciudades, carteles que ofrecen una cuantiosa recompensa, de hasta cinco millones de dólares, por delatar a narcotraficantes de la banda de Joaquín Guzmán Loera, ““El Chapo””.
Una fotografía reciente de ese jefe mafioso figura en la porción superior del póster, en lugar principalísimo. El anuncio da cuenta de números telefónicos y domicilios electrónicos donde se recibe información, a cargo de una organización llamada Delate al narco.
Ninguna dependencia oficial, en México o Estados Unidos, se ha responsabilizado de esa operación, que es resultado de un hábil trabajo de investigación, pues muestra fotografías de miembros del personal de “El Chapo”, que revelan un vasto y específico conocimiento de esa banda. Varios indicios inclinan a atribuir el origen de la indagación que permitió confeccionar el affiche y el montaje de la recepción de información, a una autoridad mexicana, probablemente el Ejército. Pero también podría ocurrir que se trate del cartel de un cártel y que ese instrumento gráfico sea parte de la guerra que se ha librado en los meses recientes en calles y prisiones.
La capacidad organizativa de las mafias del narcotráfico llegaría de ese modo al punto de contar con información del público para orientar sus advertencias o represalias armadas. Quizá no demore mucho la noticia de que alguno de los sujetos que aparecen en el póster ha sido ejecutado, tal vez a partir de datos provistos a Delate al narco a través de los canales de comunicación ofrecidos.
Sobra decir cuán alarmante sería que esta posibilidad fuera comprobada por los hechos. Aparte el retorno a la etapa de la venganza privada que eso significaría, la obtención de información potencialmente peligrosa para provecho de la organización que realiza estas operaciones, contaría con una suerte de complacencia de las autoridades.
La PGR no parece preocupada por la aparición de los carteles en las calles de Monterrey, Mazatlán y otras ciudades sinaloenses, Guadalajara y Ciudad Juárez y hasta festeja la difusión mediática que se ha dado al suceso, como si tuviera acceso a la información que se recabe a través de esta campaña de delación.
Pareciera que la Procuraduría no percibe el riesgo de que este dispositivo convierta a la organización que lo despliega en una máquina de muerte que lo mismo podría orientar sus acciones contra personas e instituciones ajenas a la delincuencia.
No menos inquietante sería el hecho de que sean autoridades militares las que ofrezcan recompensar a delatores y hayan confeccionado el póster relativo. Implicaría que la Secretaría de la Defensa Nacional, al margen de la Ley y fuera de control, esté ejerciendo funciones que no le conciernen y que podrían derivar en actuaciones delictivas como el chantaje o la privación ilegal de la libertad a los sujetos identificados en el cartel callejero.
Ya el origen mismo de la información impresa indica que fuerzas militares están actuando por su cuenta. Es muy apreciable el celo profesional e institucional, pero en materia tan delicada como la persecución al crimen organizado, ese empeño tiene que ser canalizado por vías acotadas y sustentadas en la Ley. De lo contrario abren espacio al abuso.
El reportero Abel Barajas, del diario Reforma, consiguió saber que el material gráfico que permitió diseñar el affiche se hallaba en una computadora decomisada por miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), que el 12 de noviembre cayeron sobre el rancho El Vallecito, aparentemente para capturar a “El Chapo”, propietario de ese espacio.
Sólo consiguieron su foto, tras asaltar casas dentro del rancho y apoderarse de dos vehículos, sobre los cuales dispararon hasta hacer estallar uno de ellos. Al parecer, la tropa actuaba por su cuenta, sin órdenes de aprehensión ni de cateo, por lo que en realidad cometieron actos delictuosos.
Por lo demás, no todas las fotografías con las que estaba cargada la computadora corresponden a narcos. Al menos dos personas se han sentido ofendidas por la inclusión de su imagen en el póster y presentaron queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa.
El propio Reforma comprobó que presuntos militares, vestidos de civil, colocaron los carteles en las calles de varias ciudades. Los números telefónicos disponibles para las delaciones, en fin, corresponden a la zona de Lomas de Sotelo, en el Distrito Federal, donde se concentran las instalaciones de los mandos militares del país.
Hasta la tarde del viernes cuatro de marzo la Secretaría de la Defensa Nacional no había confirmado o rechazado su participación en estas operaciones. De admitirla, será de gran utilidad social que se explique porqué el Ejército no se limitó a auxiliar a la PGR en estas tareas, sino que las asumió como propias, como si le correspondieran.
Y será igualmente necesario que se informe el destino dado a la información recabada, pues podría ser que las autoridades castrenses se extralimitaran también ordenando detenciones de personas delatadas por este sistema.
La cautela y hasta un leve asomo de simpatía expresado en la PGR por la irrupción de delatealnarco.com, refuerza la posibilidad de que sea una iniciativa castrense, fuera de control. Se mostraría así el grave inconveniente de haber entregado al Ejército la procuración de justicia, al designar cabeza de la PGR a un general sujeto a la disciplina militar y a la obediencia a sus superiores antes que a las definiciones jurídicas propias de su encargo.
