Hoy jueves contestará el Gobierno mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su documento del 17 de octubre, en que “considera necesarias” medidas cautelares que preserven el derecho de Jorge G. Castañeda a ser candidato presidencial independiente mientras ese órgano resuelve el fondo del asunto. Se prevé que la respuesta informe a la CIDH que la legislación vigente (a partir de la Constitución misma) imposibilita ese género de candidaturas y que por ahora es imposible enmendar las leyes, así como que habrá que esperar a enero (cuando se abre el registro respectivo), pues ahora no es el momento procesal oportuno para ese efecto. No es de esperar que la Comisión insista y menos que traslade el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al obtener con prontitud insólita la atención de la CIDH (pidió las medidas cautelares el 12 de octubre y, sin que estuviera en juego su libertad, seguridad o integridad física en cinco días tuvo respuesta favorable) Castañeda logró un éxito para sí y otro para la vigencia del derecho internacional en nuestro país. Sólo puede ser visto como saludable que las convenciones y tratados que México suscribe, y que tienen un lugar específico en el orden jurídico nacional, sean de más de más instrumentos que, por ejemplo, refuercen la defensa de los derechos humanos. Como el propio Castañeda lo ha hecho, debe recordarse que su propio padre promovió la entrada en vigor de un conjunto de compromisos legales que hasta 1981 eran adorno cuando no letra muerta. La globalización no ha de ser sólo económica ni ha de obrar por fuerza en perjuicio de las personas.
La decisión de la CIDH sirvió para que se discuta de nuevo la pertinencia del monopolio partidario en la presentación de candidaturas, exclusividad que disgusta a sectores amplios de la sociedad hartos de los privilegios de los partidos. La justificada percepción ciudadana sobre esas organizaciones dificulta la comprensión de que, en un sistema político en que la competencia electoral es todavía un ingrediente nuevo, es preciso que las agrupaciones ganen solidez, sin perjuicio de los derechos individuales sean protegidos en el marco jurídico nacional.
Aun si los partidos mostraran disposición a conciliar la legislación electoral mexicana con la Convención Americana de Derechos Humanos en este punto, la reforma no podría hacerse ahora, o no podría entrar en vigor inmediatamente, pues hay un plazo de veda a las enmiendas electorales, que está en curso desde agosto pasado.
El éxito personal de Castañeda se ha limitado hasta ahora a poner en aprietos al IFE cuya preocupación, sin embargo, será aliviada cuando se represente en su sede el juguete cómico de que es protagonista el Dr. Simi, el pertinaz industrial y comerciante de fármacos Víctor González Torres, que derrocha a manos llenas el dinero que recoge a espuertas en sus establecimientos. Siguiendo el ejemplo de Castañeda, Simi pedirá ser registrado y, al recibir la negativa, acudirá a la instancia internacional, con lo que la inteligente maniobra del ex canciller quedará trivializada (además de ser probablemente ineficaz).
Más allá de la comedia, la victoria de Castañeda fue ya en cierto modo pírrica (de Pirro II, rey de Epiro que ganaba batallas a costa de gravísimas pérdidas) a causa de las revelaciones y los severos juicios de su antiguo amigo y colaborador Gustavo Iruegas. Inmediatamente después de conocida la decisión de la CIDH, el ex subsecretario para América Latina y el Caribe juzgó necesario “hacer público un acto que pone en evidencia el carácter perverso de alguien que hoy pretende convertirse en presidente de México”. (La Jornada, 20 de octubre).
Narró Iruegas momentos ignorados de la crisis entre Cuba y México iniciada con motivo de la brevísima presencia del presidente Fidel Castro en una cumbre internacional en Monterrey, el 21 de marzo de 2002. Después de la abrupta despedida del líder cubano, la reacción de La Habana se concentró en Castañeda. Éste se hallaba en Ginebra y por lo tanto el presidente Fox, que preguntó si se podría pedir una disculpa a Castro, trató el tema con Iruegas. Sensible a esa posición el subsecretario se entrevistó con el embajador Jorge Bolaños, que cursó a su Gobierno un mensaje del mexicano que anticipaba un arreglo de la grave cuestión. Iruegas preparó una carta que Fox enviaría a su homólogo cubano, un documento respetuoso y solidario, cuyo borrador fue entregado a Castañeda a su vuelta de Suiza, para someterlo a firma del presidente. Pero el canciller se abstuvo de hacerlo en su acuerdo del cinco de abril.
“Así impidió -concluye Iruegas- el cumplimiento del compromiso que en nombre y por orden del presidente Fox se había hecho por la vía diplomática ante el presidente Castro. El 19 de abril México votó en contra de Cuba en la Comisión de derechos humanos y el día 22 el presidente Castro hizo pública la grabación de su conversación telefónica con el presidente Fox del día 19 de marzo. Esa grabación probó que sí había habido una petición al presidente Castro de que se retirase de México aun antes de que terminara la conferencia. También mostró a un presidente de México azorado, turbado y achicado. Si Castañeda no hubiera anulado el propósito real del presidente Fox de recomponer la relación, hoy las cosas estarían en un aceptable nivel de normalidad”. Pero Castañeda decidió para librarse de la crisis “insidiosamente elevarla al nivel del presidente y de la República misma”.
