Esta semana de Pascua puede quedar marcada por importantes acontecimientos, o simplemente ser la número 14, una más de este año. Si bien está previsto que se reúna mañana la sección instructora para formular el dictamen sobre el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, y firmarlo el miércoles treinta, no necesariamente ocurrirá así. En consecuencia, puede ser que tampoco se desplieguen en la Ciudad de México y en el resto del país las movilizaciones anunciadas por los opositores a la inhabilitación del jefe de Gobierno.
En torno de esas marchas y mítines se ha generado una confusión, pues la convocatoria original del protagonista consistió en realizarlas no cuando concluya su trabajo la sección instructora, sino cuando haga el suyo el pleno de la Cámara erigida en jurado de procedencia, fecha que está todavía por determinar. Puede ocurrir muy pronto, o dentro de una, dos o tres semanas. O no ocurrir. La sección instructora no está sujeta a plazos fatales, que lleguen inexorablemente. Sus miembros acordaron reunirse 29 y 30 para emitir el dictamen, pero pueden mudar su parecer. O, si mantienen las fechas convenidas, no están obligados a laborar exhaustivamente para preparar su trascendental documento. Puede ser que la discusión sea prolongada y no concluya en martes y miércoles. Puede ser que se abra un receso hasta nueva fecha.
El expediente es muy voluminoso, y si bien los diputados instructores han trabajado afanosamente en su estudio, cada uno por su lado, y es probable que lleguen a mañana con su propia ponencia, nadie debe extrañarse de que las posiciones que se sustenten sean encontradas y su cotejo y procesamiento sean muy laboriosos. Aunque también cabe esperar que haya prejuicios y cada quien tenga su conclusión configurada y no estime necesario intentar persuadir con ella a sus compañeros, la naturaleza del conflicto a que se refiere su tarea es tan delicada que seria irresponsable que en unos minutos, los necesarios para decir sí o no, se llegue al desenlace de un asunto que llegó a la Cámara en mayo pasado, hace diez meses.
Supongamos que los diputados se atienen al calendario que ellos mismos establecieron, y debaten el martes, y están en condiciones de firmar su dictamen pasado mañana. Aunque se dan por asumidas previamente las posiciones de los diputados Horacio Duarte, del PRD, por el no; y Álvaro Elías Loredo, del PAN, por el sí, no desechemos definitivamente que el estudio del expediente los conduzca a una posición diferente de la que se presume.
Si nos mantenemos, como se insiste, en que ellos tienen decidido su voto, por convicción o por disciplina, quienes tienen la decisión en sus manos son los priistas Rebeca Godínez y Francisco C. Frías. Es posible que también ellos, por disciplina o por convicción tengan resuelta su decisión, que puede ser coincidente o discrepante. Si es coincidente con la de Duarte o la de Elías, así se formará la mayoría.
Pero puede ocurrir que las posiciones de los priistas difieran entre sí y entonces se produzca un empate, en cuyo caso la sección instructora declarará que no tiene dictamen que presentar por no haberse formado mayoría, o solicite un nuevo plazo para que un más detenido estudio, una mayor reflexión permita votar de nuevo el predictamen. De ese modo se diluiría, de manera anticlimática, la tensión que se ha ido acumulando.
Supongamos, en cambio, que hay dictamen, en sentido afirmativo o negativo. El siguiente paso es entregarlo a la mesa directiva. No necesariamente debe hacerse de inmediato. Pueden firmar el documento y mantenerlo en el seno de la instructora. Si lo entregan, se establece un plazo brevísimo para el momento que sigue. El presidente de la mesa directiva queda obligado, en término tan perentorio como “el día siguiente”, a emitir la convocatoria para que actúe el jurado. No tiene por qué fijar una fecha proximísima a la convocatoria, pero no puede dejar de fijarla de inmediato sin incurrir en responsabilidad.
Convendrá, en consecuencia, que el jefe de Gobierno redefina o esclarezca su táctica de movilización. Carece de sentido que la gente se agite en días en que puede no ocurrir nada. En cambio, el día establecido para que el pleno, si se llega a ese caso, autorice el desafuero o lo niegue, es un escenario adecuado para que los partidarios de López Obrador y/o de la legalidad (que no necesariamente coinciden, salgan a las calles, se reúnan en el Zócalo, para festejar la frustración del desafuero o para protestar por él si así lo acuerdan los diputados. Será fatigoso para los manifestantes y para el resto de los ciudadanos que se les cite una y otra vez, y en momentos que no sean definitorios.
Aunque no hay razón para temer disturbios aun en el caso de que se dicte el desafuero, porque ya ha ocurrido en agosto pasado una gigantesca demostración de apoyo a López Obrador sin que se alterara el orden, ojalá no sea una provocación la reticencia expresada por el secretario de Gobernación. Dijo que el jefe de Gobierno es el responsable de la seguridad pública en el DF y a él debe imputársele cualquier infracción del orden.
No es verdad que tal sea la responsabilidad del gobernante capitalino. Lo es del presidente de la República. Lo dice expresamente la Constitución: “El Ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente”. Si se pide que el jefe de Gobierno asuma esa responsabilidad, realmente se le está induciendo a que usurpe una función ajena.
