Lástima que no hubiera en el consejo electoral de Hidalgo un Ricardo Monreal capaz de emitir una alerta sobre la corrupción probable de ese órgano. De lo contrario acaso se hubiera evitado el dispendio, ahora más sospechoso que nunca, en adquisiciones como las que causaron escándalo en el Instituto Electoral del Estado de México. Allí, el paquete de cada casilla, con 42 elementos, incluida la urna, costó 4,315 pesos. Pero en Hidalgo fue todavía más caro, no obstante que sólo contenía ocho elementos. Por cada paquete se pagaron 5, 083 pesos, dos tantos y medio del costo del más barato, el de Querétaro, que apenas se acercó a los dos mil pesos y eso que contenía casi el doble, 15, de las piezas que integraron las casillas instaladas en Hidalgo para la elección de gobernador y diputados efectuada en febrero pasado (Reforma, 16 de mayo).
En esa elección triunfó Miguel Osorio Chong, que el primero de abril reemplazó a su padrino Manuel Ángel Núñez. El gobernador saliente no sólo realizó la faena política destinada a doblegar el no muy enhiesto ánimo de otros contendientes, sino que al parecer (si no los usó en su provecho) le entregó recursos públicos para sacar avante su candidatura. Hoy puede conjeturarse, con base, que quizá le dio también un empujoncito millonario al hacer llegar en junio pasado más de cuarenta millones de pesos, sin causa justificada, a personas cercanas a quien era entonces todavía diputado federal pero se avizoraba ya como el favorito del gobernador que se iba.
En tres visitas a una sucursal bancaria, entre el 15 y el 17 de junio un funcionario de la tesorería del Gobierno estatal, José Luis Aguilar Licona presentó a cobro documentos a nombre de varias personas, para hacerlos efectivos. En esas fechas se pagaron a nombre de Laura Vargas Carrillo tres cheques por un total de cinco millones y medio de pesos, y dos documentos más por un total de cinco millones 724 mil pesos, a nombre de Nubia Mayorga Delgado. Ambas pertenecían a la plantilla del personal Ejecutivo del Gobierno saliente. La segunda era directora de egresos y hoy es la secretaria de finanzas del nuevo Gobierno. La primera era directora del DIF (el Sistema Estatal para la Protección de la Familia) y ahora asumió la presidencia de ese organismo, pues se trata de la esposa de Osorio Chong.
No fueron ellas quienes recibieron las sumas más cuantiosas pero sí eran las de mayor confianza personal y política con el futuro gobernador. Más ligados al testador de la herencia, Aurelio Marín Huazo y Alberto Meléndez recibieron las cantidades mayores: siete millones y medio cada uno. Aquél era a la sazón secretario general de Gobierno y hoy auxilia en el Estado de México a su jefe político Jesús Murillo Karam, delegado del comité nacional del PRI en la dispendiosa campaña de Enrique Peña Nieto. El segundo era y es el alcalde de Pachuca. Recibieron, por su parte, cinco millones y medio cada uno Gerardo González Espínola, que el año pasado tenía el puesto secundario de coordinador administrativo de la secretaría de educación local y hoy es secretario de Turismo; y Marcial Alfredo Vargas Gómez, entonces oficial mayor del Gobierno.
Media docena de personas recibió (al menos los cheques salieron a sus nombres) más de cuarenta millones de pesos. No se tiene noticia formal de la causa por la que se les destinaron las sumas. Información extraoficial hizo saber que el dinero serviría para pagar a ejidatarios las tierras que se destinarían al aeropuerto.
El propósito pudo ser verdadero pero, de serlo, aun los protagonistas admitirán que su intervención era anómala, pues ninguno de los funcionarios mencionados trabajaba en una área vinculada con esos menesteres, salvo quizá la actual secretaria de finanzas. Saber por qué recibió casi seis millones de pesos en la coyuntura de junio ayudaría a comprender por qué en cuentas suyas aparecieron en el año 2000 cerca de 500 millones de pesos (490 millones 801 mil pesos). Si era dinero oficial a su cargo debido a sus funciones, no había razón para que obrara en cuentas personales. Y si éstas en rigor lo eran estamos en presencia de un prodigio pues su sueldo anual osciló entre 273 mil y 337 mil pesos.
La operación en efecto pudo ser parte del fallido negocio aeroportuario con que Núñez quiso compensar su fracaso de llevar a Hidalgo la terminal área de la Ciudad de México. Consagrarse como emprendedor de alcances multimillonarios como su propaganda quiso presentarlo, lo habría ayudado en su propósito de figurar en la lista de presidenciables priistas.
Sin embargo, y no obstante su derroche publicitario su aspiración es vana. Las encuestas han mostrado su nimia posibilidad de ser escogido candidato. La más reciente, aparecida en Reforma el lunes pasado, lo sitúa en el último lugar, con tres por ciento de preferencias, diez veces menos que Roberto Madrazo.
Por lo pronto, el nuevo secretario de Gobierno, Francisco Olvera dice haber pedido a la Procuraduría General de la República informes sobre si se ha emprendido una averiguación sobre aquellos pagos millonarios. Es probable que reciba respuesta afirmativa, porque al menos datos sobre el retiro de 24 de los 40 millones constan en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, remitido a la PGR, documento donde figuran la mayor parte de las sumas y sus destinatarios enumerados arriba (El Universal, 16 de mayo). Los bancos deben informar sobre operaciones inusuales, y las mencionadas lo son.
