La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dispone a resolver en revisión un amparo solicitado por Armando Medina Millet, preso hace nueve años en Mérida, acusado de privar de la vida a su esposa Flora Ileana Abraham. El máximo tribunal conoció ya una vertiente de El Caso por una controversia constitucional derivada de un conflicto entre poderes locales en Yucatán, resultante a su vez del diferendo político-judicial causado por esa muerte y el proceso penal consecuente. Estaba previsto que la sala se ocupara del asunto el miércoles pasado, pero lo hará tal vez mañana porque dos ministros, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza demandaron más tiempo para estudiar el tema, dada su dificultad. Una y otro votaron en contra cuando la sala resolvió el 19 de enero pasado atraer la revisión, que normalmente debería estudiar un tribunal de circuito.
Aprovechando el aplazamiento, varias personas y agrupaciones muy respetables, representativas de un sector de la lucha feminista mexicana, se dirigieron ayer a los integrantes de la sala, en un mensaje pagado en que se manifiestan contrarias a “regresar el caso” a Yucatán. Hacerlo sería “una decisión equivocada”, que “significaría seguir propiciando más muertes de mujeres, como en Ciudad Juárez, donde la impunidad tiene permiso”. Concluyen demandando “justicia sin influencias políticas”.
Es un pedido con el que estoy enteramente de acuerdo, ya que el proceso contra Medina Millet es un claro ejemplo de lo contrario, es decir de justicia afectada por influencias políticas. No estoy de acuerdo con las mujeres que hacen un llamado de conciencia a la Corte, sin embargo, cuando consideran que en este delicado asunto la situación “se agrava por la falta de garantías para acceder a una justicia pronta y expedita, libre de presiones”, a menos que se refieran a las que modelaron el proceso penal que acaso sea resuelto en el máximo tribunal del país, fuera de las tensiones y los enconos que el caso suscitó en Yucatán.
Inmediatamente después de que Flora Ileana Abraham perdiera la vida (asesinada por su marido, como se ha sentenciado; con su propia mano, según Medina Millet) el 15 de noviembre de 1995, el Ministerio Público determinó que la joven mujer se había suicidado. Su familia, sin embargo, se negó a admitir tal resolución, y consiguió que seis meses después Medina Millet fuera aprehendido, bajo el cargo de haberla asesinado. La familia Abraham es una de las más poderosas e influyentes en Yucatán. No sólo por el volumen y la ubicación de sus negocios, sino por su presencia en la vida social (donde realizan una vasta labor filantrópica) y en la vida política (pues su vinculación con los gobiernos surgidos del PRI data de largo tiempo atrás y es grande su peso en los medios de información), su decisión de empujar un proceso contra su fugaz pariente político tuvo resultados. No obstante su posición inicial, la Procuraduría de Justicia del estado realizó averiguaciones previas que, con muchas irregularidades, condujeron a un proceso que tampoco estuvo exento de ellas, sin que pueda discernirse cuáles fueron más graves. En la etapa ministerial, el señalamiento de las anomalías condujo al procurador Jorge Lazcano Esperón a renunciar en julio de 1996. Anunció que comprobaría que todos los actos del Ministerio Público estuvieron apegados a derecho, y hasta avisó que procedería penalmente contra quien lo señalaba. No hizo lo uno ni lo otro. Y tampoco se le pidieron cuentas.
La jueza Leticia Cobá Magaña se mostró claramente parcial durante la etapa en que atendió el caso y aun después. Sentenció a Medina Millet a más de 22 años de prisión, y aunque en segunda instancia la pena se redujo a veinte años, fue confirmada en la apelación por la sala penal del tribunal. La magistrada ponente, Ligia Aurora Cortés Ortega, tenía más familiaridad con la política que con la impartición de justicia. Fue subprocuradora y en 1993 perdió la diputación local a que la postuló el PRI a manos del panista Patricio Patrón, que hoy es el gobernador del estado.
Quizá por esa mayor cercanía con la política que con el derecho, su ponencia en la apelación hubiera sido ridícula de no ser tan grave. Prefirió no emitir su propio juicio, puesto que hacerlo hubiera requerido imponerse de un expediente muy voluminoso y por lo tanto se limitó a reproducir los argumentos de la jueza de primera instancia. No es ese el deber de un tribunal de alzada, que precisamente debe supervisar lo hecho por el inferior, no copiar su texto. La magistrada lo hizo, por lo demás, de modo tan mecánico que habla en primera persona al referirse a diligencias que realizó la jueza, no ella. Y hasta reprodujo errores de sintaxis y de ortografía en que se había incurrido en la sentencia inicial.
El Caso -como se le llama en Yucatán, por su impacto en la opinión pública, aun entre sectores social y económicamente ajenos a los protagonistas- ha corrido paralelo al proceso de sustitución de un partido dominante por otro. Y como la familia Abraham se acogió al poder para llevar adelante su acusación, Medina Millet pudo hacer lo mismo cuando cesó la hegemonía priista. Después de varios conflictos políticos a que dio lugar, en buena hora hoy El Caso está en manos de la justicia federal. Pero si se concede el amparo para que el Tribunal local reponga el procedimiento, los magistrados tendrán nueva ocasión de expresar su juicio sesgado, pues la política los mantiene en sus cargos.