Detenido en la escuela de gendarmería del Gobierno de Chile, en Santiago, el ex presidente peruano Alberto Fujimori está desde su cautiverio en campaña para retornar no sólo a Perú, sino a la Presidencia que abandonó y a la que renunció a distancia, sin que se hubiera tenido como presentada su dimisión.
Hace seis semanas que Fujimori dejó su refugio japonés, pasó por Tijuana (donde la negligencia o algo más de las autoridades migratorias le permitió hacer escala) y llegó a la capital chilena, donde se hizo efectivo un antiguo pedido peruano a la Interpol y fue detenido. Está en espera de que se tramite la solicitud de extradición anunciada por el Gobierno de Lima. Pero la reclusión no le impide su activismo. El fin de semana pasado fue visitado por dirigentes del partido Sí cumple, que se propone postularlo a las elecciones para reemplazar a Alejandro Toledo en abril próximo. Tras María Cuculiza y Marta Moyano, el sábado pasado, víspera de la jornada electoral chilena, llegó el secretario general de ese partido, Luis Delgado Aparicio, quien visitaba al ex presidente en Tokio y estaba al tanto de sus planes para volver a Perú, que se interrumpieron por su captura.
La conversión del alojamiento (más que prisión) de Fujimori en meta de sus seguidores ha incomodado al Gobierno de Lima, que ha expresado su molestia a la Cancillería chilena porque se le permite un activismo que a su juicio no corresponde a un presunto delincuente, cuya extradición está siendo cursada en estos días. La mera permanencia del ex presidente en un centro de reclusión, y su diligencia política ha agregado tensiones a la relación entre Perú y Chile, que poco antes del arribo de Fujimori había conocido un punto crítico al ser expedida una Ley por la que Lima estableció unilateralmente las bases de su frontera marítima, sin atender la opinión chilena. Parecería que por eso el Gobierno de Santiago carece de interés en ahorrar una molestia política a Toledo y considera que el régimen de visitas a Fujimori es el que se estila en el plantel policiaco donde lo mantiene resguardado.
El Gobierno de Toledo ha presentado ante una sala constituida ex profeso en la Corte suprema de Perú 17 expedientes, relativos a sendas acusaciones que constituyen el fundamento de su solicitud de extradición. Ese trámite interno concluirá la próxima semana (o acaso se prolongue un poco, más allá de Navidad) y a partir de enero la justicia chilena determinará si Fujimori queda libre o si es enviado a Lima pero no en plan de quien retorna vencedor sino, como se decía en la literatura de capa y espada, cargado de cadenas.
Los expedientes se refieren a los asuntos más variados, aunque predominan las violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos y Las Canutas, la muerte de un líder sindical y la tortura a un periodista, así como el secuestro y lesiones graves a la propia esposa del acusado, Susana Fujimori, quien es actualmente congresista y se opone a que su hijo Keiko promueva la candidatura de su padre. Keiko Fujimori solicitó el sábado pasado la inscripción de una nueva alianza fujimorista después que a la encabezada por el partido Sí cumple, se le negó el registro.
Hay tres casos relacionados con Vladimiro Montesinos entre las imputaciones a su ex jefe. Por un lado se acusa a Fujimori de haber pagado quince millones de dólares de indemnización a su principal asesor, y de haberle permitido usurpar funciones de jefe de los Servicios de Inteligencia. Por otra parte, también se busca encausarlo por violar el domicilio de la ex esposa de Montesinos en busca de videos en que, al modo de Carlos Ahumada, la eminencia negra del fujimorismo hacía constar la corrupción de sus allegados. Fujimori habría impedido de esa manera que se conociera su propia participación en la entrega o recepción de sobornos cuantiosos. Otro delito imputado al ex presidente es el de los pagos a su astrólogo.
Las diferencias entre Lima y Santiago se agravarán en las próximas semanas, porque el calendario que rige en las dos Cancillerías está regulado por velocidades contrarias. Conviene al Gobierno de Chile salir cuanto antes del problema de tener detenido a un ex presidente extranjero. Y al de Perú le bastaría que el trámite de extradición se prolongue para impedir no sólo el retorno de Fujimori sino que haga campaña en ausencia y a larga distancia.
De suyo, el Gobierno de Alejandro Toledo que tan promisorio fue, está concluyendo con bajas calificaciones y entre complicaciones políticas graves. Perú posible, el partido político que lo condujo al palacio de Miraflores, no pudo formar a un sucesor y está echando mano de personal prestado. Había persuadido a la empresaria Jeannete Emanuel para que aceptara la candidatura, pero la propietaria de un laboratorio de medicina natural lo pensó mejor y declinó la postulación. Toledo echó mano entonces de su última reserva, el ex senador Rafael Belaunde, hijo del dos veces presidente Fernando Belaunde Terry, quien tiene una errática trayectoria política. Militó originalmente en el partido de su padre, Acción popular, pero se fue por considerar que esa formación de centro-derecha estaba inclinándose a la izquierda. Elegido senador por el Frente Democrático que en 1990 fundó Mario Vargas Llosa (en la ocasión en que probó tener más lectores que electores), luego creó su propio movimiento, llamado Adelante, y estaba por sumarse a la Unidad Nacional, coalición que apoya a una candidata social-cristiana.
