Al cabo de 46 días de suspensión de labores, ayer concluyó la huelga en las empresas del grupo Villacero en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las tareas serán reanudadas mañana sábado al comenzar el primer turno.
El prolongado conflicto que enfrentó a uno de los grupos siderúrgicos más importantes del país y al poderoso sindicato de mineros y metalúrgicos llegó a su fin mediante la aplicación de instrumentos que debieron ser empleados semanas atrás: la legalidad y la negociación.
Villacero adquirió en los noventa, durante la intensa privatización de las empresas públicas, el complejo industrial levantado por el Gobierno Federal en Las Truchas veinte años atrás, que consta de una mina y de varias plantas metalúrgicas. Al igual que el Grupo México, Villacero ha mantenido una difícil interlocución con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM).
Para eludir el áspero diálogo obrero patronal, Villacero abrió fuera de Michoacán, en el municipio de Apodaca (conurbado a Monterrey) un centro de distribución y servicio y contrató al personal al margen del sindicato, argumentando que dicho centro realiza actividades comerciales que nada tienen que ver con los procesos industriales que constituyen la materia de trabajo en Lázaro Cárdenas. El sindicato sostiene lo contrario, pues a su juicio en Apodaca se afina el material originado en la sede michoacana, como porción final de un proceso que no puede ser dividido desde el punto de vista laboral.
Ese diferendo, y la revisión del contrato colectivo con la sección 271 del sindicato crisparon la siempre tensa relación entre las partes y se inició la huelga el primero de agosto pasado, que fue declarada inexistente por la justicia laboral, en un fallo que como todos los laudos podía ser recurrido mediante el amparo. Pero como si la declaratoria de inexistencia fuera la última palabra, las autoridades laborales y organismos empresariales (cuya movilización fue parte de la estrategia política de Villacero) satanizaron las acciones de los trabajadores, que incluyeron paros parciales en otras empresas mineras.
El secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar llegó al extremo de decir que los huelguistas incurrían en una doble ilegalidad, luego que no acataron la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y después que les fue negada la suspensión provisional en el juicio de garantías que iniciaron contra esa resolución.
A la postre, en las instancias de revisión el sindicato consiguió que las decisiones del tribunal laboral quedaran sin efecto, de donde se desprende que los trabajadores no había atentado contra la economía ni la sociedad, como sugirieron agrupaciones empresariales.
En una estrategia claramente concertada, la Coparmex y la Caintra el ocho de agosto, la Canacero el 12, y la organización de los distribuidores de acero el 16, tomaron posición contra el sindicato, como si se tratara de un paro loco y no de un procedimiento que seguía los cauces legales. La Confederación patronal afirmó que la huelga comenzó “a pesar del llamado de la sociedad y de las autoridades laborales” y avaló las decisiones de la Secretaría del Trabajo, a la que pidió “sostener su postura como autoridad competente con el fin de solucionar la problemática minera de manera permanente y restablecer el orden e impedir que se dañe inútilmente la fuente de trabajo, las inversiones de mexicanos y particularmente los intereses de la base trabajadora, acciones que vendrían en detrimento de la armonía laboral y social de nuestro país”.
Como organismo regional, la Cámara regiomontana de la Industria de la Transformación limitaba su preocupación a Nuevo León, donde dijo la Caintra “hemos gozado de una valiosa paz laboral que ha contribuido de forma importante en la productividad registrada en los últimos seis años”. Advirtió esa cámara que sus socios, “los industriales de Nuevo León no queremos poner en riesgo la estabilidad que hemos construido juntos trabajadores, empresarios y el Gobierno del Estado”.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero clamó: “No retornemos a prácticas que habían sido superadas y que nos llevaron a rezagos que persisten”. La Confederación nacional de distribuidores de acero, en fin, alegó en defensa propia que “los procesos de trabajo que se llevan a cabo en los centros de distribución y servicio son diferentes a los observados en la minería o en la siderurgia”.
Ese tema, crucial en el conflicto cuya porción más áspera ha llegado a su fin, no quedó definitivamente resuelto. Se convino solamente en que una comisión ad hoc realice “una visita de inspección a la planta de Apodaca”. Este grupo se integrará con dos representantes sindicales y dos patronales, dos de la Secretaría del Trabajo federal, y dos de cada uno de estos organismos: el Colegio de ingenieros industriales de Nuevo León, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. La sexteta perteneciente a esas instituciones emitirá un dictamen técnico a partir del cual se determine si Apodaca es una extensión de Lázaro Cárdenas o no.
Sin base, suele imputarse al sindicalismo las pérdidas por huelgas, que en este caso ascienden a más de cien millones de dólares. A nadie favorece una suspensión de labores, pero es un procedimiento legal, cuya naturaleza última se define al agotarse los recursos jurídicos que dan marco a la negociación.
