Con decisiones frágiles con las que busca reforzar las insuficiencias legales sobre fiscalización y dictando una veda al mismo tiempo pertinente y extraña, el Instituto Federal Electoral se ha propuesto responder, así sea por debajo de la necesidad social proclamada, a la exigencia de que el dinero pese menos en los procesos electorales.
En su sesión del jueves pasado el consejo general reformó el reglamento para mejorar su escrutinio sobre los partidos y les prohibió hacer campaña... en vísperas de que se inicien las campañas.
Precandidatos del PRI y el PAN y en menor medida el Verde, han atiborrado la radio y la televisión de mensajes cuyo costo no es posible conocer con precisión. Esos actos de propaganda se han desplegado durante meses y sólo ahora el IFE experimentó la conveniencia de impedirlos durante cinco semanas, del 11 de diciembre de este año al 18 de enero próximo.
Inmediatamente antes de la primera fecha se habrán inscrito las coaliciones que eventualmente se configuren y en las que acaso participen los tres partidos principales (no así los dos de registro nuevo, que deben pasar a solas la prueba de las urnas). E inmediatamente antes de la segunda fecha se habrán registrado los candidatos presidenciales.
Las coaliciones y los partidos tendrán vedado propagandizar esos actos centrales del proceso electoral. A nadie dañará, al contrario, el silencio electoral (que permitirá sólo prestar atención a la profusa publicidad comercial de la temporada). Menos aún lastimará a los partidos nuevos, carentes del voluminoso financiamiento de los veteranos y al PRD, que además de expresar su vocación por la austeridad y por limitar las aportaciones de donantes poderosos ha anunciado su decisión de privarse de un diez por ciento del financiamiento de campaña.
El riesgo de la medida, sin embargo, es que en último término su acatamiento se deja a la buena fe de los partidos, y los hechos han demostrado que algunos se inclinan por los hechos consumados, debido a la insuficiente fuerza del instrumental jurídico.
En esa materia, y en la fiscalización general, el IFE está apostando a que valga su capacidad de interpretación de normas y tesis judiciales, aunque no constituyan jurisprudencia. Es un esfuerzo plausible ante la cínica comodinería de los partidos que se abstuvieron de reformar el código electoral en el sentido en que ahora, mediante enmiendas y adiciones reglamentarias busca hacerlo el IFE.
Pero debe tenerse conciencia que la aplicación de sanciones con base en reglas nuevas, no expresas en la Ley puede ser impugnada por los partidos que calculen hacer buen negocio electoral incumpliendo esas normas hechizas y obteniendo ganancia de su infracción. Esa dificultad es mayor cuando se pretende ejercer criterios jurisprudenciales, de aplicación obligatoria en el ámbito electoral, a materias y sujetos de derecho diversos de los partidos, sus candidatos, dirigentes, militantes y simpatizantes.
Repito que es digno de aplauso esforzarse por eliminar trabas legales, pero el empeño del IFE por no estar limitado por legislación distinta de la electoral enfrentará resistencia en diversos frentes. El ejemplo más claro es la nueva obligación de los partidos políticos de autorizar por escrito el examen de sus cuentas en instituciones de crédito, para impedir que se invoque el secreto bancario y fiduciario que, como bien recordó el consejero presidente Luis Carlos Ugalde, hizo que la resolución del caso Amigos de Fox demorara tanto tiempo (sin que lo fuera en su totalidad por ello mismo).
Ocurre que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Conbava) no considera, conforme a la Ley, dicho secreto como un derecho subjetivo, renunciable, de los usuarios de la banca, sino como salvaguarda de la intermediación financiera por lo que es irrelevante la autorización del afectado.
La Conbava sólo acepta las órdenes judiciales que permiten ingresar en sus arcas y sus arcanos. Quizá con esa actitud en la conciencia los partidos, excepto el PRI, no vacilaron en admitir la enmienda reglamentaria que los forzaría a extender tal autorización que quizá esperan sea desatendida por la autoridad de supervisión financiera.
Actitud semejante podrían adoptar, más allá de compromisos de aparente buena fe, los medios de información, que como personas de derecho privado no están sujetos a las regulaciones del IFE. Podría darse el caso, en consecuencia, de que empresas poderosas rehúsen aportar la documentación que permita corroborar los informes partidarios sobre contrataciones y tarifas, y busquen el amparo de la justicia federal para mantenerse en esa posición.
Con todo, el consejo general del IFE camina en la dirección correcta. Entre otras, dos medidas tendrán eficacia en la próxima campaña electoral. Por un lado la obligación de los partidos de informar de su gasto sobre la marcha y no hasta la conclusión del proceso electoral. Y por otra parte la realización de monitoreos oficiales a cargo del propio instituto permitirá medir la veracidad de esos informes parciales a lo largo de la campaña.
Hasta ahora, iniciativas periodísticas (como las de El Universal y Reforma) o partidarias permiten a los ciudadanos percibir así sea a grandes rasgos el volumen del gasto propagandístico de los partidos. El monitoreo oficial no dejará duda de cuáles son los partidos que no en sus propuestas ni en la personalidad de sus candidatos, sino en el hostigamiento electrónico basan sus expectativas de victoria.
