Se ha manifestado una insólita coincidencia contra la aplicación del Impuesto Sobre la Renta a las prestaciones complementarias del salario, que aprobada en noviembre pasado comenzará a ser aplicada el primero de enero próximo, y significará una reducción en los ingresos de los asalariados. Contra esa medida se han manifestado el cardenal Norberto Rivera Carrera y, lo que es más importante, las agrupaciones empresariales y las centrales obreras. Tan claro es el perjuicio que resentirán sus afiliados, que los sindicatos de las más diversas filiaciones convinieron en realizar un mitin conjunto el domingo pasado.
Organizaciones que no sólo mantienen posiciones diferentes, sino que han protagonizado recias disputas entre sí, se unieron para expresar su oposición al nuevo gravamen, ideado por la autoridad hacendaria para enfrentar casos de elusión fiscal. Para mejorar el poder adquisitivo de los salarios, y para hacer aceptable la contratación, los empleadores y sus empleados, directamente o a través de su representación sindical tienden a rodear un salario moderado, y que crece también en montos módicos, con prestaciones que a veces se convierten en simulación, con perjuicio del erario.
Pero el propósito de impedir esos casos de engaño, dolosos, se trastrocó al generalizar la medida y aplicarla a sectores de ingresos reducidos que han visto en la exención del Impuesto Sobre la Renta a sus prestaciones un alivio ante el deterioro de su poder de compra. Quizá la gradación fiscal es un mecanismo difícil de aplicar, pero en esta situación es imprescindible para no medir con la misma vara a los trabajadores que sufrirán una regresión en sus remuneraciones y a quienes gozan de altos salarios disfrazados para cubrir gravámenes menores que los realmente aplicables.
El acto dominical fue convocado por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que hace pocos meses mudó su dirección nacional debido a la ausencia irrevocable de su líder Alberto Juárez Blancas, y encabezada ahora por Isaías González Cuevas. Atendieron su llamado la CTM, con la que ha rivalizado dentro del sistema sindical adosado al Gobierno (antes el del PRI y ahora el del PAN); agrupaciones no adheridas a ninguna central aunque sí al Congreso del Trabajo, como el sindicato de mineros y metalúrgicos, necesitado como pocas veces antes de presencia y de solidaridad.
Y acudieron también, en coincidencia insólita, el aguerrido Sindicato Mexicano de Electricistas, independiente aunque no aislado, y la Unión Nacional de Trabajadores, encabezada por Francisco Hernández Juárez, que en su tiempo recibió el apoyo de Fidel Velázquez hasta que se decepcionaron mutuamente. Aunque no acudió su nuevo secretario general, Joaquín Gamboa Pascoe (que en función de su reciente designación como líder principal dejó ya en otras manos la dirección de la federación cetemista capitalina, que dirigió imperceptiblemente durante más de treinta años), sí participó el secretario de trabajo de la CTM, Javier Pineda Cerino.
Al igual que el dirigente croquista, sorprendió saberlos partícipes en un acto en que se anunció el voto de castigo a los partidos que aprobaron en las cámaras la imposición a las prestaciones. Puede tratarse de sólo palabras, pero el que las dos mayores organizaciones del sector obrero del PRI anuncien que sus afiliados votarán en su contra por esta y otras medidas contrarias al interés de los trabajadores es una posición insólita. No faltaron antes presiones de estas centrales a su partido, pero obedecían a los intereses de sus dirigentes, por ejemplo para la preservación de las posiciones legislativas que les correspondían.
Pero hace mucho que no las había por una medida legislativa que lesiona el poder adquisitivo de los asalariados. Todas las agrupaciones presentes el domingo cuentan con alguna suerte de presencia legislativa. Miembros de sus sindicatos y aun dirigentes de los mismos son diputados y senadores. Para fortalecer su posición contra el nuevo gravamen deben primero llamar a cuentas a esos legisladores. En octubre pasado, el proyecto de Ley de ingresos recibido en la cámara de diputados contenía esa disposición que la mayoría rechazó. Cuando la minuta correspondiente pasó al Senado, fue modificada para volver al sentido original, el que interesaba al Ejecutivo.
De vuelta en San Lázaro la oposición inicial se allanó a lo resuelto en Xicoténcatl, ante la prisa por aprobar los ingresos antes que el presupuesto de egresos. Tal vez haya alguna explicación adicional, específica. Acaso negociaron ese impuesto por alguna ventaja de otro orden, o tal vez creyeron ganar tiempo aprobando en noviembre de 2004 una medida que entraría en vigor catorce meses después, lapso en que sería posible revertirla. Quizá les pareció justo impedir que altos emolumentos no sean gravados en la medida correspondiente y estuvieron de acuerdo en cerrar la puerta a esa elusión sin analizar el alcance general de esa medida.
Aunque algunos legisladores ofrecen informes a sus electores, todavía se halla en ciernes esta forma de rendición de cuentas parlamentaria. De practicarse esta relación del mandante y el mandatario, y de ella se desprendiera el conocimiento general de las disposiciones aprobadas en las cámaras y su efecto sobre la población, se evitaría que de pronto aparezca la amenaza de una dentellada a los ingresos de sectores maltratados porque sus salarios no crecen siquiera a la par de la inflación, es decir no crecen.
