El nombramiento de un nuevo responsable de la seguridad nacional, inexperto en la materia como lo fue su antecesor al que también se improvisó para el cargo hace cinco años, obliga a una revisión del desempeño gubernamental en ese ámbito. Y el resultado es preocupante.
Hace diez días asumió la dirección del Centro de Investigación sobre Seguridad Nacional (Cisen) Jaime Domingo López Buitrón, un ingeniero industrial que no ha recibido entrenamiento en el campo cuyas actividades ahora coordina, y caracterizado por la, digamos, versatilidad de sus tareas. Vea usted: lo mismo fue funcionario de enlace entre la Secretaría de Hacienda y el Senado que jefe de asesores del director del Registro Nacional de Electores.
En la Administración Fox ha trabajado cerca de Carlos Abascal, quien lo hizo primero coordinador general de planeación y política sectorial en la Secretaría del Trabajo, y lo ascendió después a subsecretario de empleo y política laboral. Abascal lo llevó consigo a Gobernación, donde le confió la subsecretaría de población, migración y asuntos religiosos.
Ya había trabajado en Bucareli durante el régimen priista, cuando desempeñó según la comunicación oficial de su nombramiento reciente, “cargos directivos en el Registro Nacional de Población e identificación personal y Desarrollo político”.
Para disimular su ajenidad al ámbito de la seguridad nacional el comunicado sobre su nueva encomienda dice cacofónicamente que “destacan” en ese ámbito, “dentro de la Secretaría de Gobernación, su contribución para la consolidación del Instituto Nacional de Migración como entidad de seguridad nacional; su intervención para lograr el funcionamiento operativo de la base de datos del Registro Nacional de Población como entidad certificadora de la identidad de las personas y su participación en el proyecto de Ley de refugio y apatridia, instrumento jurídico que dará certeza y seguridad al procedimiento de refugio”.
López Buitrón sustituye al frente del Cisen a Eduardo Medina Mora, quien era un abogado corporativo a la hora de su designación y ahora es secretario de Seguridad Pública. Se ha establecido una insistente conexión entre la SSP y el Cisen, como si la seguridad nacional y la pública fueran una y la misma cosa.
En enero pasado Rafael Ríos, director de análisis de aquel Centro pasó a ser subsecretario en la SSP y se encargó del despacho en el breve término corrido entre la muerte de Ramón Martín Huerta y la designación de su antiguo jefe. Después de ella, otro importante funcionario de seguridad nacional, Ardelio Vargas pasó de ser director de investigaciones a jefe del estado mayor de la Policía Federal Preventiva.
Hizo también ese tránsito el almirante José Luis Figueroa que, procedente del Cisen fue durante menos de dos meses (octubre y noviembre de 2004) comisionado de esa Policía, cargo del que fue destituido como secuela de los linchamientos de Tláhuac.
Para justificar el nombramiento de López Buitrón se arguye que una posición como la suya debe ser ocupada por una persona de la entera confianza del secretario. Sin duda un lazo de tal naturaleza es relevante en esa materia. Pero no debería bastar, pues debe unirse a ese vínculo la destreza técnica respectiva. De creerse lo contrario, pronto veríamos a un secretario de comunicaciones encargar la construcción de puentes a su siquiatra, o la dirección de un hospital, en la SS al compañero de golf del titular.
Un riesgo de que el director del Cisen sólo mantenga cercanía personal con el secretario de Gobernación consiste en poner su oficina al servicio de los intereses del funcionario. Eso fue evidente en la actuación del binomio Creel-Medina Mora en varias operaciones a la postre fallidas.
Recuérdese, por un lado, que el delegado del Cisen en el DF pagó el alquiler del salón donde Carlos Ahumada fue atendido con toda cortesía por el ministerio público en el comienzo de la pretensión de echar de la contienda política a Andrés Manuel López Obrador. Más grave aún fue la acusación de ingerencia a políticos y diplomáticos cubanos, en mayo de 2004, que causó la mayor crisis en las relaciones entre México y Cuba, que virtualmente se rompieron. Creel adujo razones de seguridad nacional para echar al embajador Jorge Bolaños. Fue un argumento banal, pues dos meses después el vínculo entre las dos naciones comenzó a restablecerse como si no hubiera pasado nada. Y es que no había pasado nada, sólo que lo comprobaremos en 2016, pues se reservó hasta entonces la información respectiva.
Hay que reconocer, sin embargo, que un Gobierno de alternancia enfrenta un grave dilema al designar a los responsables de la información política (que a eso se reduce la noción de seguridad nacional): o improvisa inexpertos o se atiene a los que tienen demasiada experiencia, y no de la mejor calidad.
Pongamos el caso de Monte Alejandro Rubido García, que como secretario general del Cisen lo tuvo a su cargo interinamente entre la salida de Medina Mora y la entrada de López Buitrón. Ha sido miembro de esa “comunidad de inteligencia” como se le llama de modo rimbombante en dos periodos: en los ochenta y actualmente. En el ínter desarrolló para el Gobierno mexiquense una oficina de espionaje político, desmantelada por la PGR en julio de 2001. Por eso Reforma pudo decir, el 13 de octubre: “Dirige Cisen ex espía de Edomex”.
En esas manos estamos, en las de quienes intentan aprender sobre la marcha y los que emplean ilegalmente sus destrezas.
