Un oportuno voto del diputado Jorge Emilio González Martínez, hace dos legislaturas, salvó a Roberto Madrazo, gobernador de Tabasco entonces, del juicio político que demandaban diversos sectores y protagonistas de la vida pública. Ahora, los partidos que ambos encabezan se han unido de nuevo para un propósito contrario: llevar a juicio político a cinco consejeros electorales, dizque por violaciones constitucionales y a los principios de equidad, legalidad y seguridad jurídica.
La amenaza, el solo amago de tal enjuiciamiento pone en grave riesgo no únicamente a los consejeros señalados por el promotor de esa acción desmesurada, el Partido Verde. Los órganos electorales todos están en peligro de sufrir un embate partidario encaminado a restarles facultades y a volver atrás en la senda de la confiabilidad electoral. De prosperar el intento verde, por mezquindad o miopía del PAN, el PRD, el PT y Convergencia, se rompería el andamiaje institucional que ha hecho creíbles los procesos electorales y sus resultados. En vez de acudir a los mecanismos de impugnación de los acuerdos del IFE, previstos en la legislación, los partidos desintegrarían una y otra vez al consejo general de ese instituto, castigando con remoción y otras sanciones a los consejeros que no se avinieran a avalar sus intereses.
Ciertamente es indispensable mantener bajo escrutinio público a los órganos electorales y en circunstancia extrema, demandar responsabilidades a sus integrantes. Pero es un notorio exceso proceder como el Partido Verde, que con dolo exagera la importancia de los estatutos en su vida diaria (no ha dejado de funcionar un solo día por falta de aprobación de las reformas que tiene en curso) y exagera los hechos que impugna: el consejo general no rechazó las reformas estatutarias, ni se negó a estudiarlas, especies ambas que difunde el Verde.
Simplemente alegó, con razón, que no es el momento procesal oportuno para entrar al fondo de ese asunto.
Considerar que de ese modo se incurre en las hipótesis del juicio político es un abuso. Aun si fuera verdad que el consejo desacató un fallo del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, como arguye el Verde, este partido no queda en la indefensión pues puede precisamente acudir al propio Tribunal para que inequívocamente obligue al consejo del IFE a actuar del modo en que el Verde supone que ya ordenó la justicia electoral.
Al escoger a cinco consejeros para llevarlos a juicio, el PRI y el Verde anuncian su propósito de reestructuración del consejo general del IFE, no a la luz de intereses ciudadanos, de la vida republicana institucional, sino de su conveniencia coyuntural.
El 31 de octubre de 2003 la elección de los nueve integrantes del consejo -su presidente y ocho miembros más- estuvo regida por la fracción albiazul, y hoy se pretende borrar los efectos de esa alianza en este campo, o acotarlos al menos.
Como se recuerda, mientras Elba Ester Gordillo encabezó la fracción priista en la Cámara de Diputados se alió con la bancada panista, hasta que el activismo de sus adversarios dentro del propio PRI, combinado con su error de pretender una reforma fiscal que olvidaba promesas de campaña de su partido, la arrojó de la coordinación parlamentaria. En el entretanto, sin embargo, dirigió la integración del consejo general del IFE. Ante la intransigencia de la mayoría orientada a impedir la reelección de algún consejero, el PRD se retiró de la negociación (en que se le hubiera permitido proponer a dos consejeros) y de ese modo la decisión quedó a cargo del PAN y el PRI. En una torcedura del verdadero sentido del consejo general del IFE, cuyos integrantes deben ser ajenos a los partidos, los dos dominantes nombraron a sus consejeros: cuatro el PAN y cinco el PRI, aunque éste cedió un lugar para que el Verde, su aliado desde entonces, contara también con representación.
Como esa fórmula fue construida por Gordillo o recibió su bendición y sus intereses ya no están vigentes en San Lázaro, se pretende ahora no tanto desgordillizar el consejo sino generar nuevas lealtades de los consejeros a los partidos. Fue idónea para ese efecto la coyuntura generada por las exigencias del Verde. Cuatro consejeros se pusieron de su lado, prepararon un dictamen alterno al que finalmente alcanzó la mayoría y ellos, por su parte, consiguieron quedar a salvo de la inquina del PVEM y el PRI. Por espíritu de cuerpo y hasta por conveniencia práctica (pues no se sabe cuándo la guillotina que uno ve funcionar cortará la propia cabeza), los consejeros que a juicio de los verdes son impolutos: Lourdes López, Virgilio Andrade, Marco A. Gómez Alcántar y Rodrigo Morales deberían poner la autoridad moral que les reconocen los partidos impugnadores al servicio de la institución y promover una posición común de todos los miembros del consejo, destinada a rechazar las presiones innobles e ilegales de que están siendo objeto sus cinco compañeros y con ellos el consejo mismo.
Por su parte, si no se tratara sólo de propaganda, de juegos retóricos irresponsables de los representantes del Verde y el PRI ante el órgano electoral y el asunto corriera en efecto en la Cámara de Diputados, los legisladores deberían reparar en que no se puede blandir el juicio político como arma arrojadiza en defensa de intereses particulares, como se intenta hacer también con los ministros de la Suprema Corte. No conviertan los diputados el juicio político en recurso extremo o en sanción.
