El atentado no respetó identidades pues en él murieron lo mismo personas pertenecientes a la comunidad judía que otras ajenas a ella.
El ex presidente Carlos Saúl Menem es desde hace un mes senador (de minoría, pues aun en La Rioja, su estado natal su mala fama es tan amplia que sólo pudo obtener el segundo lugar en la elección de octubre pasado). Antes que el 29 de noviembre se integrara el nuevo Senado, la comisión de asuntos constitucionales tuvo que resolver si Menem debía ser admitido, porque pesan sobre él varias causas judiciales, y dos abogados demandaron que se impidiera su asunción por una causa que, de prosperar, deshabitaría los cuerpos parlamentarios del mundo: carece, dijeron, ?del mínimo indispensable de moralidad para ejercer cargos públicos? y es ?el hombre más corrupto de la historia argentina?, donde ese mal social no ha escaseado.
Menem ha sido acusado de varios delitos patrimoniales que siendo muy graves, no revisten, sin embargo, la abultada relevancia de un terrible caso criminal en que al menos pecó por imperdonable omisión si es que no, como piensan los deudos de las víctimas, por lo menos encubrió a quienes hicieron estallar un coche-bomba en la sede de la Asociación Mutua Israelí Argentina, donde murieron 85 personas. Su encubrimiento no habría sido pasivo, sino que acaso participó en una conjura para evitar que se identificara a plenitud a los autores de aquella matanza, que siguió a otro atentado contra la embajada de Israel en Argentina.
En estos días decembrinos está empezando a circular una nueva obra sobre el caso, escrita por el periodista Roberto Caballero (con la colaboración de Gustavo Cirelli) terminada de imprimir en noviembre y lanzada por la Editorial Sudamericana (con la que los lectores latinoamericanos tenemos, entre muchas, dos deudas fundamentales: la publicación de los libros de Julio Cortázar y el haber tenido el acierto de descubrir Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que otros editores habían rechazado).
Caballero tituló a su texto AMIA. La verdad imposible, y en un sumarísimo compendio de su contenido el editor ofrece explicar ?por qué el atentado más grande de la historia argentina quedó impune?. No se cubre esa expectativa, en realidad, si bien al cabo de una magnífica indagación periodística se narra el fracaso de la línea de investigación más largamente trabajada bajo sucesivos gobiernos, y que concluyó con la destitución del juez que la mantuvo durante un decenio, decretada apenas en agosto pasado.
En la mañana del lunes 18 de julio de 1994 un fuerte estallido sacudió a la calle de Pasteur, en el céntrico barrio del Once en Buenos Aires. Se sabría más tarde que una carga explosiva de gran poder, guardada en una camioneta marca Trafic, manejada quizá por un suicida -extremo elemental que no pudo determinarse como muestra de la flojedad de las averiguaciones sobre el caso- destruyó por completo el edificio de la AMIA. El atentado no respetó identidades pues en él murieron lo mismo personas pertenecientes a la comunidad judía que otras ajenas a ella.
Aunque de inmediato se iniciaron investigaciones que situaban el origen del ataque en grupos extremistas de Irán o Siria, procesalmente sólo se obtuvieron resultados sustantivos dos años después, cuando fue detenido Juan José Ribelli, un comisario de la Policía de la provincia de Buenos Aires, al que el juez Juan José Galeano, mantuvo en prisión durante ocho años, al cabo de los cuales fue absuelto. El juez, en cambio, amén de responder a demandas iniciadas por Ribelli, fue destituido hace seis meses, señalado como parte de una complicada trama en que sobresale el interés de Menem por que no se conociera el fondo del atentado y su propósito de utilizarlo contra su rival de entonces, el gobernador de Buenos Aires Eduardo Duhalde -que después sería presidente por breve tiempo-, a cuyo Gobierno provincial se imputaría la corrupción policiaca evidenciada en la participación de Ribelli.
Será necesario dedicar un apartado especial a las muchas señas de descomposición de la Policía y la justicia argentinas -tan semejantes, para desgracia de todos, a las nuestras- pero por ahora rescato dos hechos cabalmente probados por el caído juez Galeano, movido o no por la necesidad de culpar a Ribelli. Ese jefe policiaco recibió dos millones y medio de pesos (equivalentes en 1994 a los dólares) en vísperas del atentado, y para disfrazar su origen fingió distribuirlos entre sus hermanos (a su propia cuenta ingresaron más de ochocientos mil pesos) como si se tratara de una herencia que su padre, un pobre jubilado de noventa años, jamás hubiera podido siquiera soñar. Y fue igualmente inequívoco que la Trafic que fue hecha estallar había sido manipulada por un delincuencillo al que gente de Ribelli extorsionaba y del que recibió el vehículo.
Los deudos de las víctimas formaron el grupo Memoria activa, que en su alegato final en la parte oral del proceso del que salió exonerado Ribelli formularon esta conclusión política: ?Menem no tuvo la voluntad política para que la causa avanzara; más aún, tuvo la voluntad política deliberada para que no avanzara y... en las audiencias... sus más altos funcionarios declararon que el tema AMIA se trataba de manera informal, no era un tema de la agenda del Gabinete...
?El Gobierno menemista fue parte de la conexión local: paró la pista siria debido a los vínculos que mantenía con esa comunidad en la Argentina, y paró la pista iraní quizá por temas comerciales, por ejemplo las exportaciones de granos por 700 millones de dólares... o eventualmente por el temor de un tercer atentado...?.
