La súbita renuncia de funcionarios electorales de alto rango: el presidente del tribunal que dirime los conflictos en esa materia y la secretaria ejecutiva del órgano que administra los comicios, provocó una minicrisis que ha sido ya resuelta. O es una expresión de la fragilidad de esas instancias jurídicas, expresada en vísperas del comienzo de un proceso electoral que se anuncia muy competido y en el que participarán por primera vez los mexicanos que residen en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo.
El presidente del Tribunal electoral del poder judicial de la Federación, Eloy Fuentes Cerda, renunció “por motivos personales”. Dimitió sólo a la presidencia pero conservó su lugar en el órgano principal de la justicia electoral. Fue elegido para reemplazarlo el magistrado Leonel Castillo, dotado de plena autoridad.
En cambio, María del Carmen Alanís adujo motivos institucionales al dejar la secretaría ejecutiva del Instituto Federal Electoral y fue sustituida a título provisional, como encargado del despacho, por un funcionario subalterno. Hasta hoy estaba pendiente la designación de quien la reemplace con entera formalidad.
(A su vez, un tercer órgano del sistema electoral, la agencia especializada del Ministerio Público federal en esa materia y con él la sociedad mexicana y su tentativa de organizar comicios transparentes, sufrieron un grave revés. Los cuatro dirigentes y colaboradores del comité nacional priista que recibieron 500 millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida fueron exonerados en definitiva por un tribunal federal, pues la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no probó que supieran que esa cantidad provino de Pemex, elemento subjetivo necesario para que se configurara el delito de peculado electoral.
Debe recordarse que el trasiego de fondos y su ocultamiento, quedaron debidamente probados por el IFE y ante el Trife, al grado de que se impuso al PRI una multa de mil millones de pesos, que apenas terminará de pagar).
Los motivos personales del magistrado Fuentes Cerda deben ser explicados por él mismo. Un servidor público pierde buena parte de su privacidad al ejercer sus funciones y por lo tanto no puede reservarse los móviles de su conducta pública, a menos que correspondan estrictamente al ámbito de su intimidad, lo que no parece probable en el caso del ex presidente del Tribunal porque renunció a una función específica pero no a su investidura.
La omisión de sus motivaciones conduce a la especulación, que sin embargo, no carece de sustento. Además del chismerío que habla de enfrentamientos entre Fuentes Cerda y su predecesor Fernando Ojesto, un hecho objetivo había generado un problema real en el órgano de la justicia federal. El dimitente había demorado hasta esta semana la asunción de los magistrados de las salas regionales designados en abril, con el argumento de que si sus funciones conciernen al proceso electoral, que comienza el miércoles próximo, carecía de sentido que asumieran sus funciones (y se ejerciera el gasto respectivo, incluidas sus remuneraciones) con anticipación.
La ex secretaria del IFE, a diferencia de Fuentes Cerda, fue explícita al renunciar y denunciar una situación que va más allá de la estructura interna de ese instituto ya que puede “ensombrecer la certeza de las elecciones”. El móvil que la condujo a retirarse fue su creciente desencuentro con el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde y con otros miembros del consejo. La funcionaria dimitente se quejó de que “la injerencia constante en los asuntos técnico-administrativos que son competencia legal exclusiva de la Secretaría Ejecutiva... se ha convertido en un obstáculo para el sano desempeño de la institución.
No obstante mis reiterados esfuerzos por lograr una óptima funcionalidad entre la presidencia del consejo y la secretaría ejecutiva, no he contado tampoco con la determinación y el apoyo requeridos al consejero presidente para sortear la falta de definición oportuna en decisiones que corresponde adoptar a las comisiones del consejo general”.
De allí que dijera también, y en eso consiste la gravedad de la situación denunciada, que “los problemas de comunicación, la falta de confianza y las dudas sobre la operación efectiva de las áreas sustantivas sólo pueden entorpecer el buen desempeño del Instituto y ensombrecer la certeza de las elecciones”.
El IFE cumplirá 15 años de edad la próxima semana y durante dos terceras partes de su existencia ha tenido que lidiar por hacer compatibles las funciones ejecutivas y resolutivas que le dan vida. Durante los primeros cuatro años no se presentó ese problema porque era sin más una dependencia del Ejecutivo. Cuando en 1994 se modificó la composición de su consejo general en ruta hacia la autonomía (los consejeros ciudadanos no fueron designados por el presidente sino elegidos por la Cámara de Diputados) se generó tensión entre el consejo y la Junta general ejecutiva, pues aquel órgano superior resistió ser mero aprobador de decisiones prefabricadas.
La reforma de 1996 que hizo autónomo al IFE dio clara preeminencia al consejo sobre la secretaría ejecutiva aunque dejó planteada la necesidad de armonizar sus funciones. Sólo pudo lograrse ese propósito al ser reemplazado Felipe Solís Acero, el primer secretario, por Fernando Zertuche, cuya eficacia permitió el relevo de consejeros en noviembre de 2003 y que sólo en marzo siguiente fue sustituido por Alanís.
