Como es obvio, la transición de un régimen autoritario a otro que respete las libertades no es un proceso sencillo, ni se resuelve en el mero relevo de un partido por otro en el Ejecutivo o en la hegemonía parlamentaria. En una república federal como la nuestra, además, a la complejidad misma de la transición se agregan factores locales. Puede ocurrir, en consecuencia, que se mantengan islas de inmovilidad donde las prácticas del viejo sistema sigan rigiendo como antaño en el ámbito nacional. En Oaxaca tenemos un claro ejemplo de prevalencia de vicios y lastres en todos los órdenes de la vida pública.
El sistema mexicano privilegiaba la obtención del botín. Nunca envejeció, nunca perdió vigencia (salvo porque fuera preciso hacer ajustes para actualizar los montos y la tecnología), la sentencia acuñada por Emilio Portes Gil de que cada sexenio producía comaladas de millonarios. Uno de los modos del enriquecimiento era el favoritismo familiar. A más de un pariente incómodo se le conocía como Mr. ten per cent, por las comisiones exigidas para recibir contratos y pagos oportunos.
A los hermanos se les ofrecía una posición así, en que se cobra sin trabajar, o se les dispensaba una prebenda, o se les hacía constructores favoritos. Ayer mismo leímos en Reforma que una remodelación de la Catedral oaxaqueña se ha adjudicado al arquitecto Hugo Ruiz no por sus dotes profesionales sino porque casualmente es hermano del gobernador y ya en el sexenio anterior había sido contratado para obras semejantes, en el templo de San Felipe Neri.
El gobernador saliente impuso al entrante, además de la comunidad de intereses, por afinidad. El semblante político de José Murat y el de Ulises Ruiz no permite diferenciarlos. Parecería que uno resulta de la clonación del otro. De allí que sea fácilmente comprensible que las preferencias y las inquinas del ex gobernador sean mantenidas y acrecentadas por su sucesor. Eso ocurre con los favores al arquitecto Ruiz y los enconos contra el diario Noticias, que está siendo objeto de una agresión manifiestamente organizada desde el Gobierno y su partido.
Los editores del periódico han denunciado que Murat hostigó a ese diario (fundado hace cerca de treinta años) al punto de proferir en su contra amenazas en público y en privado. Habría dicho: “voy a acabar con Ericel y su periódico, en referencia al presidente del Grupo Noticias, Ericel Gómez Nucamendi”. Ensayó antes, sin embargo, un método menos áspero aunque impregnado del mismo tufo intimidatorio, propio de las mafias: ofreció comprar el cincuenta por ciento de las acciones del grupo editorial.
La oferta fue rechazada y, ya de últimas, Murat auspició acciones contra el periódico. El 28 de noviembre del año pasado una tropa de decenas de personas (alrededor de cien, o poco menos) se apoderó del predio donde se halla la bodega del periódico, en el municipio de Santa Cruz Amilpas. La invasión fue encabezada, en abierta contradicción con la vigencia del derecho, por autoridades municipales. Pero tan súbitamente como ocuparon el inmueble de pronto los invasores se ausentaron. No era un acto de buena voluntad ni de apego a la Ley.
La aparición de un cadáver, motivo de la repentina desocupación del lugar, muestra que o trataron de sembrar la apariencia de un delito que se atribuyera a quienes sufrían la agresión, o por accidente o rencillas en el grupo invasor uno de sus miembros resultó muerto, y se quiso evadir la aplicación de la Ley.
Debido a la comisión de ese delito, la bodega y el predio estaban vigilados por la fuerza pública el primero de diciembre, cuando Murat entregaba el Gobierno a Murat o Ruiz lo recibía de Ruiz (son tan parecidos que cualquiera de las dos fórmulas se aplica al caso). No obstante la presencia policiaca, esos inmuebles volvieron a ser ocupados ante la impasibilidad oficial. Y es que el diputado federal Jorge Franco, que auspició la primera invasión amaneció ese día con nuevo poder, como secretario de Gobierno. La ocupación dura hasta el día de hoy, disfrazada de reclamo agrario (que aun siendo genuino debió encontrar otras vías para expresarse), técnica que inevitablemente remite a la empleada contra la dirección legítima del diario Excélsior en 1976. La evocación no es gratuita: muestra la vulnerabilidad de cualquier medio de difusión ante la arbitrariedad gubernamental.
Puesto que ese amago en vías de hecho no surtió el efecto buscado, la clausura del diario, ahora está en curso una nueva táctica, semejante a la que probablemente condujo a la huelga en el Canal Cuarenta (lo que no excluye en ese caso la justeza de las demandas de los auténticos trabajadores). Arrogándose la representación de los trabajadores del grupo editorial, el líder de la federación local de la CROC, que para más señas es diputado local priista ha emplazado a huelga a la empresa, en pos de incrementos en los salarios y las prestaciones. De ser la voluntad del personal que trabaja en Noticias, el emplazamiento debería seguir su curso legal. Pero se trata de una provocación, como lo evidencia por un lado que los trabajadores no quieren holgar y por otro lado la desmesura de las peticiones, pues se demanda un 25 por ciento de aumento (cinco veces arriba de la tasa alrededor de la cual se resuelven en general las negociaciones salariales) y hasta un cuatrocientos por ciento en algunas prestaciones.
Por respeto a la libertad periodística y a la propiedad, es urgente poner fin a esas arbitrariedades.
