Hace treinta y un años, el 25 de agosto de 1974, el profesor Rosendo Radilla fue detenido a bordo de un autobús de servicio público por miembros del Ejército, sin que se le explicara el motivo ni se mostrara orden judicial ninguna. No se supo más de él. Años después se localizaría un reporte de la Dirección Federal de Seguridad, donde se atribuye a Radilla ser miembro de la Brigada agrarista del sur Emiliano Zapata y se informa de su captura y de que “quedó a disposición de la zona militar”.
El viernes pasado, un juez federal con sede en Acapulco dictó orden de aprehensión contra el general Francisco Quirós Hermosillo por la privación ilegal de la libertad de Radilla, músico popular de Atoyac de Álvarez, autor de corridos sobre el guerrillero Lucio Cabañas y simpatizante suyo. Pero al mismo tiempo el juzgador se declaró incompetente para continuar el procedimiento, por lo que habrá que resolver primero esa cuestión antes de que se inicie proceso a este jerarca castrense, que tuvo mando de tropas durante la guerra sucia en los años setenta en Guerrero.
Pese a ese obstáculo, no habrá problema para cumplir la orden judicial porque Quirós Hermosillo está preso en el Campo militar número uno hace cinco años. En agosto de 2000 fue detenido junto con el también general Mario Arturo Acosta Chaparro, bajo la acusación de servir al jefe de la banda de Ciudad Juárez, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Un consejo de guerra los encontró culpables y los sentenció a 16 y 15 años de prisión, respectivamente. Fue una irregularidad que se les juzgara en el fuero de guerra, a diferencia de los procesos a militares entre los que descuella el general J. de Jesús Gutiérrez Rebollo, comandante de zonas y regiones militares y a la postre responsable de la persecución al narcotráfico, que en realidad lo servía, y a quien se juzgó en el fuero federal, ajeno a los tribunales castrenses.
Es probable que la decisión de enjuiciar militarmente a Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro fuera una medida preventiva, en su provecho y de la institución de que forman parte, que ha mostrado su eficacia al paso del tiempo. Ambos generales habían sido señalados desde tiempo atrás por la crueldad arbitraria con que condujeron la represión a la insurgencia armada en Guerrero. En esa línea previsora, cuando la Fiscalía especial para la persecución de delitos cometidos por funcionarios durante la guerra sucia abrió una oficina en aquel estado, se montó un juicio que a la postre ha resultado ficticio contra ambos miembros del Ejército.
El 26 de diciembre de 2002, de nuevo en el fuero castrense les fue expedida una orden de aprehensión por el homicidio de 143 personas. Fue una consignación mal hecha, que se limitó a reproducir indagaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que por su propia naturaleza carecen del rigor de las averiguaciones que realiza el Ministerio Público. A causa de esa desaprensión, el juez militar que el 27 de marzo de 2003 inició proceso en su contra redujo a veintidós la lista de las personas presuntamente asesinadas por órdenes de los generales. No obstante testimonios contundentes en su contra, los militares fueron absueltos el año pasado de esos crímenes.
Uno de los testigos de cargo fue el ex capitán Gustavo Tarín Chávez. Él mismo es un delincuente que, entre otros homicidios mató a su propio hermano y a una persona que lo increpó inmediatamente por hacerlo. Detenido en Estados Unidos por el FBI por sus vínculos con el narcotráfico, se convirtió en testigo protegido, y reveló pormenores de la metamorfosis de Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, que de represores en los setentas pasaron a ser protectores del narcotráfico dos décadas después. Tarín Chávez ofreció en 1999 información sobre esas dos etapas en la vida de esos generales. Su testimonio fue eficaz para la consignación de aquellos por delitos contra la salud, pero no fue tenido en cuenta a la hora de juzgar los homicidios contra insurgentes, disidentes o gente común, no obstante que fue conteste con otras personas. Según esa información los acusados habían organizado vuelos de la muerte: desde la base aérea de Pie de la Cuesta aviones con presuntos guerrilleros partían para soltar su carga, esas personas, sobre el mar.
Quirós Hermosillo salió también avante de otro percance judicial. Con base en información obtenida por el Ministerio Público militar, pero no considerada por el consejo de guerra que juzgó a los dos generales, la Procuraduría General de la República los acusó en el ámbito federal por lavado de dinero, es decir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero la consignación fue deficiente, y en mayo pasado el juez duodécimo de distrito en materia penal, Juan José Olvera López -el mismo que con su somera intervención en el desafuero de López Obrador derribó el castillo de naipes que en vez de argumentación jurídica había levantado la PGR- dejó en libertad a Quirós Hermosillo, que sigue preso por su inicial condena en el fuero castrense.
La declaración de incompetencia del juez que sin embargo ordenó el viernes aprehenderlo por la desaparición del profesor Rosendo Radilla, probablemente vaya a parar a la Suprema Corte. Así debe solicitarlo el tribunal unitario que conozca la apelación que debe presentar la fiscalía especial. Se impedirá así que se infrinja en estos casos, como en otros, la disposición constitucional que reserva el fuero de guerra para “los delitos y faltas contra la disciplina militar”.
