El presidente Fox ofreció al general Rafael Macedo, tal vez debido a su condición de “Soldado de la República” la deferencia de afirmar que había aceptado su renuncia. Y el propio procurador defenestrado pretendió explicar su inmolación como un acto de “amor a México”, destinado a que su jefe tomara “las decisiones que más convengan a la gobernabilidad democrática”. La verdad es que el presidente lo despidió ante el fracaso de la PGR como ariete político, pues para la manipulación institucional se requieren también aptitudes que estuvieron ausentes en la operación de Macedo y sus subprocuradores.
En realidad fue la demorada corrección de un mal comienzo. Fox erró al designar a Macedo. Lo hizo tal vez por un compromiso o un guiño a las fuerzas armadas. Pero en el delicado terreno de la procuración de justicia, donde el tránsito a la democracia permitía abrir espacios de defensa de los derechos humanos y la recta aplicación de La ley ajena a sesos políticos, Fox eligió la continuidad.
Macedo había sido procurador militar en el sexenio de Zedillo. En vez de abrirse al nombramiento de un jurista ajeno al poder, dueño de autoridad moral que simbolizara los nuevos tiempos, Fox escogió más de lo mismo. Y, con razón, Macedo repitió la fórmula: nombró subprocuradores a procuradores estatales de regímenes priistas y no aquellos que fueran abanderados en la lucha contra la delincuencia, sino de entidades donde el crimen florecía: los de Sinaloa, Guerrero y Durango.
Fox había encargado las operaciones de relevo en esa materia a Francisco Molina Ruiz, que había sido procurador de Chihuahua. Dudo que en 2000 las objeciones a su desempeño en el caso de las muertas de Juárez hubieran sido un obstáculo para su nombramiento, porque sólo mucho después el presidente mostró signos de atención al feminicidio. Molina Ruiz encarnaba uno de los pocos casos de militancia política y experiencia de Gobierno, en que Fox debió descansar para sus designaciones. Era un panista activo y había trabajado en la procuración de justicia, la local y la federal pues durante la permanencia de Antonio Lozano en la PGR se encargó del combate al narcotráfico. Pero Fox lo postergó en beneficio de Macedo.
Desde el comienzo abundaron las señales de su ineptitud. En enero de 2001, dos meses después de iniciado el Gobierno, se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, “El Chapo” Guzmán. Es la hora en que no ha sido detenido. No pudo recapturarlo la Policía Judicial Federal ni la Agencia Federal de Investigación que se supone reemplazó a aquélla. Y es que el general procurador general confió esa corporación a antiguos policías puestos en entredicho por el propio Gobierno foxista. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Contraloría iniciaron procedimientos contra el director general y el director adjunto de la AFI y sin embargo fueron mantenidos en su cargo por Macedo.
No asombra, por eso, que desde dentro mismo de la PGR, desde la Fiscalía especial relacionada con la Guerra Sucia, se reproche a esa agencia su inoperancia para aprehender, tal vez por ‘sprit de corps’, a un antiguo director de la policía política.
El procurador nombró y luego se deshizo de tres subprocuradores incómodos. A Felipe Arturo Camarena le dijo adiós sin secuelas porque forma parte del círculo cercano al presidente (fue procurador de Guanajuato). Pero echó de mal modo a Alfonso Navarrete Prida, convertido después en procurador del estado de México y a quien algunos senadores priistas querrían ver como sucesor de Macedo. (¿Ofrecería Enrique Jackson esa carta de triunfo al gobernador Arturo Montiel?) El despido de la doctora María de la Luz Lima Malvido se hizo en medio de las más vulgares triquiñuelas burocráticas y por una definición política que enojó a los fundamentalistas del PAN, que desde entonces observaron con cautela al procurador que, puesto a elegir entre los intereses de la arquidiócesis de Guadalajara y los del salinismo no vaciló en optar por éstos.
Macedo convenció durante largo tiempo a Fox de que la eficacia de su gestión en la Procuraduría era medible por la cantidad de toneladas de droga decomisada. Detener cargamentos no carece de importancia, por supuesto, pero el mayor efecto que causa es introducir alteraciones momentáneas en el mercado. Ni siquiera la captura de algunos (que no todos, ¿eh?) jefes del narcotráfico suspende o al menos inhibe las operaciones de sus bandas. En los términos actuales del combate a ese género de delincuencia, la estrategia mantenida o creada por Macedo cuando más administra el conflicto entre el Estado y la sociedad por un lado y las bandas por el otro, pero no disminuye su intensidad ni palia siquiera sus efectos. No se ha puesto en el balance, en cambio, la medida en que los negocios delictuosos prosperan porque sus operadores corrompen a la AFI y otras zonas de la procuración federal de justicia.
El uso político de la PGR no fue señalado sólo por Andrés Manuel López Obrador, ni sólo desde su mirador ideológico. Santiago Pando, el publicista del candidato Fox, convencido de que en la PGR se fabrican culpables (su suegra es una de ellas) denunció ante el presidente que la Procuraduría trabajaba para el PRI. El líder panista Manuel Espino albergó sospechas fundadas de que el torcidísimo asunto de Nahum Acosta Lugo fue urdido desde algún oscuro rincón (que ahora presumimos era en realidad la oficina principal) de la PGR. Y fue tan falsa la acusación que hasta de la apelación se desistió.
