Súbitamente el largo y complicado esfuerzo por emprender la reforma del Estado parece destinado a fructificar. Sólo que producirá un fruto envenenado, a conveniencia de los más potentes grupos de interés y de presión, los poderes fácticos, y no para el mejor servicio a la sociedad, muchas de cuyas organizaciones se empeñaron en caminar hacia un rumbo contrario al que en un golpe de mano se orientan modificaciones a la Constitución y a diversas leyes.
El jueves pasado, como si ignoraran que en el Senado reposa un proyecto de modificación de fondo a la legislación sobre radio o televisión (o mejor dicho, como un nuevo mecanismo destinado a entorpecer aquella reforma o a neutralizarla), los diputados despojaron a la radio y la televisión de su carácter eminentemente social y las redujeron a meros mecanismos técnicos. Pretenden que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, un endeble organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones, que suda y se acongoja cuando tiene que discutir tarifas con los prestadores del servicio de telefonía, adquiera el enorme poder de otorgar concesiones y permisos medios electrónicos de comunicación.
Se disfraza el propósito de someter la autoridad a los intereses de los grandes consorcios electrónicos con el ropaje de una autonomía que de origen queda anulada porque los comisionados que la encabezan son designados por el presidente de la República. Con esa falsa autonomía de la Cofetel se cerraría el camino a la instauración de un Consejo nacional, que es una de las exigencias fundadas de las organizaciones civiles que han pugnado sin éxito por mejorar el estatuto legal, y por ende el funcionamiento, de la industria de la radio y la televisión. Tan dañina es la reforma aprobada el jueves, y que en el Senado tendrá la cordial bienvenida de quienes han frenado la discusión del proyecto que sólo espera ser dictaminado, que los propios radiodifusores ajenos a los intereses de los grandes consorcios, se manifestaron sorprendidos y refractarios a la nueva legislación. En la propia Cofetel debe haber sorpresa: acaba de expedirse su nuevo reglamento interno, obviamente sin ninguna alusión a ese carácter y atribuciones.
Hoy mismo, en otro aspecto de la misma inopinada y por tanto inadmisible reforma del Estado en beneficio de unos cuantos, la Cámara iniciará el proceso de reforma constitucional para otorgar autonomía a los principales órganos de la conducción financiera del Estado, junto con el Banco de México que ya la tiene. Se trata de modificar el estatuto del Servicio de administración tributaria y de las comisiones nacionales bancaria y de valores y de seguros y fianzas, y del sistema de ahorro para el retiro.
Las enmiendas constitucionales fueron propuestas por Francisco Rojas, uno de los participantes en la célebre reunión en casa del ex presidente Salinas donde se diseñó la reforma tributaria que a la postre fracasó por la discordia entre Roberto Madrazo y Elba Ester Gordillo, pero que había sido ya pactada entre el Gobierno y su partido, y el PRI. Esta nueva operación conjunta si bien en cierto modo reaviva la fracción elbiazul (Rojas era uno de los diputados cercanos a Gordillo, y presidía la comisión de presupuesto y cuenta pública) tiene un alcance mayor, derivado del mando efectivo que sobre el PRI y en consecuencia sobre su bancada tiene el ex presidente, el jefe mínimo de ese partido.
Tal vez si la propuesta hubiese sido debatida, si formara parte de un paquete mayor de reforma estatal, sus propósitos serían plausibles. La autonomía de algunos órganos constitucionales ha sido beneficiosa para la sociedad. Pero como al mismo tiempo se han puesto en evidencia sus limitaciones, otorgar autonomía no es una operación que pueda admitirse sin más, mecánicamente, sobre todo cuando, como en este caso, se trata de enmiendas sacadas de la manga, como brota la paloma ante los asombrados ojos de los admiradores de un mago, o la carta ansiada en manos de un tahur. Estas reformas tienen un doble propósito de política no económica sino de política política, asociada a la electoral, que no puede pasar inadvertido.
Al concluir el proceso de reforma constitucional, el presidente de la República designará a los responsables de esos órganos autónomos, por un periodo de ocho años. De esa manera, un Ejecutivo débil que vio transcurrir cinco años de su ejercicio en un desempeño mortecino quedaría en posibilidad de prolongar su Gobierno, pues el nombramiento de los responsables de esos órganos se haría en función de los intereses del mandatario que los designe y de los poderes reales a los que sirve.
Una operación semejante se realizó al otorgarse autonomía al Banco de México y designar a Guillermo Ortiz, artífice del desastre que fueron (salvo para sus beneficiarios) la privatización y rescate de la banca, como su gobernador para un periodo transexenal. A pesar de que la operación del banco central ha generado paradojas como la de acumular y mantener estériles enormes reservas, que sobrepasan su sentido técnico originario, en vez de estimular con el remanente el crecimiento de la economía, la imposición de un funcionario y una política no generó disensiones porque Fox fue heredero acrítico del pasado priista reciente. Pero hacerlo ahora, cualquiera que sea el resultado de la elección presidencial significa no acotar, que en el presidencialismo mexicano ha sido necesario, sino atar al Ejecutivo no en bien de todos sino de unos cuantos.