Hoy comienza formalmente un periodo de sesiones extraordinarias, muy probablemente el último de esta naturaleza que pueda realizar esta legislatura y, en cierto modo, la oportunidad extrema para emitir reformas o leyes que importan a la sociedad. Cuando comience el penúltimo periodo de sesiones ordinarias, el primero de septiembre, estarán en curso las contiendas internas de los partidos en torno a sus candidaturas presidenciales. Y en febrero próximo, cuando se inicie el último turno de esta legislatura, hará casi un mes que se haya iniciado el proceso electoral constitucional. Ninguno de esos momentos permitirá la adopción de consensos que no se hayan alcanzado antes, porque se extreman las diferencias partidarias. Y aun habrá en más de una ocasión dificultades para reunir el quórum.
El periodo de sesiones extraordinarias se hizo necesario merced a la resolución de la Suprema Corte de Justicia que resolvió en favor del Ejecutivo la controversia constitucional sobre la capacidad presidencial de formular observaciones al presupuesto. La decisión judicial obliga a los diputados a admitir tales observaciones, pero no los fuerza a votar en el sentido deseado por el Presidente de la República. Al contrario, si con mayoría compuesta por las dos terceras partes de los presentes la Cámara supera el veto, es decir confirma las decisiones tomadas en noviembre y objetadas por el Ejecutivo, no quedará a éste más remedio que publicarlas. En noviembre próximo, cuando se apruebe un nuevo plan de gasto, será saludable que la legislatura admita que si bien la Corte falló sólo respecto del presupuesto de 2005, si Los Pinos envía observaciones al siguiente, mejor hará la Cámara en atenderlas de inmediato en vez de esperar un nuevo litigio ante el poder judicial federal.
Por instrucciones de la Corte, pues, la Cámara de Diputados estaba obligada a reunirse en sesiones extraordinarias (pues hubiera sido irresponsable aguardar hasta septiembre para finiquitar el tema presupuestal). Mas ya en esa coyuntura, las fracciones parlamentarias convinieron en ampliar el horizonte del periodo extra. Y así, además de asuntos concernientes en exclusiva a cada cámara, o aquellos en que falta la decisión de sólo una de ellas, se aprobó una agenda que acaso pueda desahogarse en las próximas semanas. No se estipuló fecha terminal para las sesiones extraordinarias, aunque hay por lo menos un asunto que debe ser aprobado a más tardar al comienzo del mes próximo.
Se trata de las reformas al régimen electoral. Hay una tajante determinación constitucional, dictada cuando todavía se requería imprimir confianza en este tema, para evitar enmiendas en fechas muy cercanas a la jornada electoral. En 1994, por ejemplo, la Constitución y las leyes relacionadas con las elecciones fueron enmendadas y tuvieron adiciones en mayo, tres meses antes que las elecciones de agosto. Por ahora se estipula que noventa días antes de que comience el proceso electoral debe cerrarse el plazo legislativo correspondiente. Y dado que el Cofipe establece como periodo inicial del proceso la primera semana de octubre, hacia el primero o dos de julio se inicia la veda respectiva.
En octubre de 2003 se había logrado consenso acerca de la reforma electoral, pero las cambiantes condiciones a partir de entonces no permiten saber a ciencia cierta qué alcance estarán los partidos dispuestos a dar a las enmiendas. Las más trascendentes de las pactadas conciernen al financiamiento, su monto y su destino. Pero hoy parece difícil que se consiga un efecto relevante en esta materia, en que muy claramente chocan el interés de la sociedad y el de los partidos. De modo que si en este tema alguna reforma sale, no será para estremecer a nadie.
La única enmienda sustantiva en esta materia está a punto de lograrse. La Cámara aprobó reformas a la Ley electoral para hacer posible el voto de los mexicanos en el extranjero. Pero el mecanismo adoptado no satisfizo a los órganos electorales ni al Gobierno y, lo que es más importante, tampoco al Senado, que descalificó las enmiendas, las suprimió por entero y las reemplazó por la fórmula, sencilla en apariencia, que autoriza el voto por correo. Así devolvió la minuta a San Lázaro, donde se resolverá si el presidente elegido el año próximo lo será con también el voto de los mexicanos que viven o se hallen más allá de las fronteras.
El resto de la agenda es abigarrado. Va desde asuntos de enorme relevancia, como el régimen fiscal de Pemex hasta minucias prescindibles, o que podría abordar la Comisión Permanente, tales como la emisión de medallas conmemorativas de la participación de México en la Copa mundial de la FIFA. El Senado aprobará el estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, ratificación posible porque se reformó la Constitución a ese respecto.
Tan importante o más que los temas incluidos es el de las exclusiones. Sobresale en esta materia -tanto que lo abordaremos por separado, posteriormente-la Ley del mercado de valores, que el Senado aprobó y remitió a la Cámara al final del periodo ordinario. Después del rudo ataque al capitalismo, que en eso derivó la codicia de los directivos de Nerón y otras empresas, que dañaron a sus accionistas, todo el mundo ha renovado su legislación al respecto, para evitar nuevas trapacerías. Pero aquí surgió un movimiento opositor, de tales características que es obligado otorgarle amplia atención. Todavía es posible incluir ese tema en el periodo que comienza hoy.
