Es una sucesión interminable que excede el ritmo de los procesos civiles, pues a la demanda, contestación, réplica y dúplica se añaden reiteraciones que llevan a una escalada que por el bien de todos debe concluir, independientemente que los procesos institucionales que enfrentan a los gobiernos sigan su curso.
Tan temprano como mayo de 2001, cuando apenas hacía cinco meses de su arribo al poder, el presidente Fox y el jefe de Gobierno disputaban el espacio público con sus frecuentes declaraciones, muy a menudo con observaciones rasposas de uno contra el otro. Me permití sugerir entonces:
?Especialmente desgasta a Fox y López Obrador su amabilidad con los medios cuando se trata de emitir opiniones. Sin que ello sea caudillismo, es de esperar en un gobernante capacidad para liderar la opinión, para emitir mensajes resultado de una evaluación cuidadosa de las circunstancias y sólo en contadas ocasiones. No practican esa -a mi juicio- deseable parquedad el presidente y el jefe de gobierno capitalino. No predico el mutismo y la elusión, menos aun el ocultamiento, pero tampoco la locuacidad. Sugiero que ensayen un razonable laconismo y su imagen mejorará en la adecuada proporción?.
Con mucho mayor razón hoy que entonces es exigible prudencia por lo menos verbal a los dos gobernantes. Y no sólo por conseguir mejoras en su imagen, como trivialmente propuse hace cuatro años. La crispación política a que ha conducido el enfrentamiento del Gobierno Federal con el de la Ciudad de México se alimenta cotidianamente con la guerra de descalificaciones y aun invectivas que libran López Obrador por un lado y Fox y su vocero Rubén Aguilar por otra parte.
Es una sucesión interminable que excede el ritmo de los procesos civiles, pues a la demanda, contestación, réplica y dúplica se añaden reiteraciones que llevan a una escalada que por el bien de todos debe concluir, independientemente que los procesos institucionales que enfrentan a los gobiernos sigan su curso.
Ayer por la mañana el jefe de Gobierno abandonó su estilo de respuestas improvisadas para leer un texto preparado que a su vez responde al presentado en la víspera por el vocero Aguilar. No es de extrañar que ayer mismo de la oficina presidencial surgiera una nueva refutación. Es deseable que la prudencia haya dictado guardar silencio y lo es también que con su declaración de ayer López Obrador cierre este capítulo.
A mediados de 2001, al comprender que los encaramientos con el presidente desgastaban a ambos, el jefe de Gobierno propuso una tregua que con intervalos se observó hasta el año pasado, todo el cual fue escenario de nuevos enfrentamientos.
López Obrador pide comprensión a quienes, como aquí se hace ahora, demandan poner fin a la polémica entre los dos gobernantes. Argumenta con razón que no se le está ?dando trato de adversario a vencer sino de enemigo a destruir?. Por ello, se infiere, es preciso que se defienda jurídica y políticamente. Puede hacerlo, opino, sin propiciar encontronazos institucionales.
De lo contrario, alimentará una nueva posibilidad de embate contra su proyecto político y su futuro personal, que es la remoción practicada en el Senado, con menores dificultades políticas para sus adversarios que el desafuero y con el mismo posible desenlace, que es la pérdida de sus derechos políticos por el auto de formal prisión que se dictare en su contra.
Hasta ahora, la intentona de desaforarlo se ha vuelto contra los impulsores de la maniobra. Crece la conciencia pública de que carece de fundamento legal y que es una patraña montada sólo para echar a López Obrador fuera de la escena política, habida cuenta de su sostenida permanencia a la cabeza de las intenciones de voto. Al despliegue propagandístico del jefe de Gobierno contra el atentado en su contra se intentó responder con la presencia del subprocurador Carlos Vega Memije en varios espacios informativos.
Puesto que su parecer contrasta con el que también frecuentemente en estos días ha expuesto Álvaro Arceo, que coordina la defensa de López Obrador, pareció una buena idea informativa tenerlos en una mesa televisada para el cotejo de sus informaciones y saberes. Tuvo esa buena idea Carmen Aristegui, que buscó dedicar a ese tema, con esas presencias, el primer programa de la nueva modalidad (aun por definir enteramente) de su participación en el canal 52. Pero Vega Memije se sustrajo a última hora a su compromiso de debatir con Arceo.
Tal vez esa ausencia -y su significado, la incapacidad para sostener la acusación- haya nutrido el resultado de la teleencuesta realizada en la propia emisión: de diez mil llamadas, el 82 por ciento se manifestó contra el desafuero.
Esas indicaciones, multiplicadas, tal vez llevarían a la esterilización de la declaratoria de procedencia, la harían impracticable y contraproducente. En su lugar, los duros podrían reanimar el propósito de practicar por primera vez el amago jurídico que tiene permanentemente en jaque al jefe de Gobierno capitalino, quienquiera que sea.
Como parte de la capitis deminutio que aun afecta a la Ciudad de México, que no cuenta con instituciones de autoridad plena como el resto de las entidades, su gobernante puede ser destituido con relativa sencillez (e irresponsabilidad, por supuesto). Reza así la amenaza:
?La Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente, podrá remover al jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso?.
La rispidez de la polémica entre la casa presidencial y la jefatura de Gobierno, ¿puede ser una de esas indefinidas causas graves?
