La muerte del gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes acelera la crisis política que aún vive Colima después del agitado 2003 y el no menos tenso año siguiente. Ahora, a más tardar al comenzar mayo deberá asumir su cargo un gobernador elegido a las carreras en la semana de Pascua o apenas un poco más allá. La Ley local dispone que el gobernador interino -que el Congreso designará esta semana- permanezca apenas dos meses en el cargo, lapso en el que deberá realizarse la elección extraordinaria.
Dos veces se ha aplicado ese mecanismo: en 1973 cuando el gobernador electo, profesor Antonio Barbosa Heldt, se privó de la vida semanas antes de su toma de posesión. Lo suplió durante un bimestre Leonel Ramírez, que organizó la elección de Arturo Noriega Pizano. Y durante noviembre y diciembre del año antepasado, tras la anulación de los comicios de julio anterior, Carlos Flores Dueñas, hasta ese momento secretario de Educación bajo el gobernador Fernando Moreno Peña, cubrió el interinato al cabo del cual tomó posesión Vázquez Montes.
Desde finales de 2002, al abrirse la contienda interna para buscar candidato priista, se produjeron o evidenciaron conflictos en la clase gobernante colimense. Vázquez Montes, apenas con cuarenta años de edad, tras haber sido alcalde de Tecomán y siendo diputado local por segunda vez, fue escogido por Moreno Peña como su sucesor. Esa inclinación del gobernador arrojó fuera del PRI a Socorro Díaz, que había sido secretaria general en el comité nacional de ese partido, diputada y senadora, toda una encarnación del priismo en Colima. También se marchó de ese partido el diputado federal Jesús Orozco Alfaro, ex alcalde de la capital. Ambos se aproximaron al PRD. Orozco Alfaro fue el candidato de ese partido en la primera elección de 2003 y Socorro Díaz forma ahora parte de la bancada perredista en la LIX legislatura federal. No sólo eso: es integrante del equipo al que Andrés Manuel López Obrador confió la organización de comités ciudadanos que serán una estructura que refuerce al perredismo.
Humberto Silva Ochoa, también precandidato lastimado entonces, permaneció en el PRI. Había sido jefe político de Moreno Peña y luego, cuando se invirtieron los papeles, secretario de Gobierno bajo su antiguo pupilo trasmutado en poderoso hombre fuerte.
Lastimado por su postergación, tascó el freno y alcanzó una curul en la legislatura local. Desde allí, enfrentado como está con Moreno Peña, será lo mismo que el ex gobernador una de las piezas clave en las dos decisiones que el PRI deberá tomar en las próximas semanas. Por un lado, ese partido o quienes lo manejen en esta crisis deben decidir quién actúe como gobernador interino y convoque a elecciones y quién será el candidato a gobernador.
Se está expresando la necesidad de medidas que no se apeguen a la Ley, pero que eviten la realización de un tercer proceso electoral en menos de dos años, apenas poco más de veinte meses. Pero, no obstante la carga que eso implica para la sociedad y los partidos, debe asumirse con rigor la legalidad, pues las soluciones pragmáticas suelen ser a la postre generadoras de conflicto.
Después de su segunda victoria, y al iniciar su Gobierno Vázquez Montes comenzó lentamente a distanciarse de Moreno Peña, quien le heredó funcionarios y le reprochaba la política de conciliación del gobernador con los partidos que dos veces habían contendido con él. La revisión de las cuentas del Gobierno anterior y las presiones de algunos sectores para llevar a Moreno Peña a juicio político generaron tensión entre el gobernador y su antecesor.
Uno de los impulsores de tal juicio político, un abogado que había aspirado a la candidatura panista en el primer proceso electoral de la tanda de tres que está en curso, Julián Martínez Ramírez, fue asesinado en una zona céntrica de la capital del Estado, hace apenas dos semanas, sin que en ese lapso se avanzara en las investigaciones y la localización de su verdugo, un tirador que descargó su pistola calibre 45 contra el abogado, en presencia de su esposa y su hijo.
Como ellos, otros muchos testigos dieron cuenta de lo acontecido, nada de lo cual fue útil para identificar y detener al homicida.
Se libraba también, el año pasado, una sórdida batalla contra la abogada Adriana Ruiz, que concluyó en diciembre pasado su tarea como presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Insultada en el Congreso local por Silva Ochoa y denunciada por su actuación en ese órgano jurisdiccional, ha tenido que salir del Estado para evitar ser aprehendida, en castigo por su actuación. Aunque el tribunal estatal no se atrevió a declarar la nulidad de la elección de julio de 2003, al invocar el artículo constitucional que prohíbe expresamente al gobernador injerirse en los procesos electorales, quedó sentada la base para la anulación que decidió el Tribunal Federal.
Para colmo, en diciembre antepasado, cuando se ventilaba la etapa judicial posterior a la elección extraordinaria, la abogada Ruiz aceptó documentadas denuncias sobre nuevas irregularidades y estuvo dispuesta a anular los comicios una vez más. Se habían producido maniobras tan gruesas como esta: la elección se decidió por la votación depositada en Tecomán, tierra natal y plaza fuerte de Vázquez Montes, en mesas cuyo personal fue sustituido de última hora. La sentencia en tal sentido fue firmada por la abogada Ruiz y los magistrados Roberto Cárdenas y Gonzalo Flores que se retractaron y denunciaron a la valiente presidenta.
