Se puede atribuir muchos defectos al secretario de Hacienda, menos uno, el de ser tonto. Y sólo un tonto formularía por escrito proposiciones indecorosas y lo entregaría a un ejecutivo de televisión, con el riesgo de verlo difundido el mismo día en que lo presentara. Por eso, en el lance inicial en la actual riña entre TV Azteca y Francisco Gil Díaz la razón parece asistir a éste, pues se le imputa una torpeza en que ni siquiera por prepotencia es capaz de incurrir. Pero en el examen global del caso que ahora los enfrenta, nos hallamos en la peculiar situación de que es verdad cuanto se dicen los interlocutores. Ambos tienen razón.
La reyerta en curso comenzó el martes pasado, cuando en el principal noticiero del canal 13 fue presentado un memorándum, sin membrete ni firma, que Gil Díaz habría entregado a Jorge Mendoza, el rudo vicepresidente de TV Azteca que hasta octubre presidió la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Con base en ese documento, TV Azteca denunció penalmente al secretario de Hacienda, por amenazas, intimidación, chantaje, tráfico de influencias y extorsión. Por su parte, Hacienda desmintió la especie y dijo que había ocurrido lo contrario. Contagiada por el afán ninguneador entonces vigente en el Gobierno Federal, la oficina de Gil Díaz dijo que “un señor de apellido Mendoza” había presentado ese papel como ayuda de memoria para gestionar asuntos pendientes, y en representación de Ricardo Salinas Pliego, el principal accionista de TV Azteca.
Al día siguiente, la propia televisora se anticipó a informar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a funcionarios de TV Azteca, Salinas Pliego incluido, como parte de la porción mexicana de una investigación iniciada en Estados Unidos por una operación ilícita que permitió al dueño de la televisora del Ajusco ganar en un santiamén más de cien millones de pesos. Puesto que dar cuenta pública de ese género de sanciones sólo puede hacerlo la autoridad, y eso cuando la sanción sea inatacable, la Procuraduría Fiscal de la Federación (es decir, Hacienda) denunció a Salinas Pliego por uso indebido de información privilegiada.
En el primer punto del memorándum probablemente falso se lee: “Suspender el programa de televisión de hoy en la noche”. Se trata de una emisión de la serie Mitos y Hechos, conducido por Lily Téllez, sobre la historia negra de Banamex, aunque en realidad abundó sobre el rescate bancario y el Fobaproa, que se había ya abordado en programas anteriores. La emisión se transmitió como estaba previsto y se repitió al día siguiente. Y es seguro que hoy continuará la difusión de informes sobre esas operaciones tan lesivas para el interés nacional, el de los contribuyentes mexicanos en su conjunto. Durante estos días, TV Azteca se presenta como adalid del derecho a la información, que se le pretende coartar en perjuicio de sus televidentes.
Sea bienvenida la empresa de Salinas Pliego al campo de quienes practican la libertad de investigar y opinar, si persevera en esa actitud. Obliga a dudarlo la extemporaneidad de sus informaciones sobre el rescate bancario. Desde 1999 diversos periodistas y medios denunciaron la descomunal violación constitucional en que incurrieron el presidente Zedillo y el secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, hoy gobernador del Banco de México, al convertir un fideicomiso privado con que los bancos no pudieron enfrentar la crisis de 1995, en deuda pública. La operación, ilegal de suyo, se agravó por la comisión de innumerables fraudes: muchos deudores que podían pagar sus préstamos los trasladaron al fisco y se pagaron créditos que nunca debieron ser otorgados, por falta de garantías y viabilidad. Como coronación del inmenso ilícito, los bancos recibieron pagarés que hoy permiten a esos intermediarios ganar más que con sus operaciones regulares, incluidas las onerosas comisiones (cobran hasta por saludar) todo lo cual hizo atractiva su adquisición por la banca extranjera.
En buena hora que el cúmulo de información sobre el rescate bancario, o sobre la escandalosa venta de Banamex a Citigroup a través del mercado bursátil, para eludir el pago del impuesto sobre la renta, se haga llegar a la gran cantidad de televidentes de Azteca, ayunos hasta ahora de ella. Y que se haga conocer la impunidad que ha acompañado a los infractores de la Constitución y de la Ley involucrados en esas operaciones. Algunos de ellos no sólo no han sufrido sanción alguna sino que, como Jonathan Davies, que firmó los pagarés de la ignominia como tesorero de la Federación, es hoy el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hasta hace poco tiempo, TV Azteca no se hubiera permitido esbozar siquiera información que dañara a la cúpula de las finanzas públicas mexicanas, porque recibía de ellas gratos y no intrascendentes favores. En brevísimo plazo fue autorizado el Banco Azteca, que otorga crédito a los compradores de las tiendas Elektra y aledañas, y también fue autorizada una administradora de fondos para el retiro, Afore, con esa denominación. Está pendiente la autorización de un buró de crédito, que sólo se consumará cuando se zanjen y olviden las temporales diferencias entre los señores del dinero público y privado. Eso ocurrirá cuando Hacienda amaine la presión de la autoridad bursátil estadounidense (la SEC, por sus siglas en inglés), que está a punto de cerrar el caso de Salinas Pliego que ha dado lugar a este provisional y arreglable enojo entre iguales.
