En México damos a la palabra coraje, antes que su significado de valor o “impulso decisivo y esfuerzo del ánimo”, como quiere la Real Academia, la noción de “sentimiento de enojo y rabia intensa” (Diccionario del español usual en México).
Verdes de coraje en tal sentido, los gerentes y los dueños del PVEM recibieron la sentencia del Tribunal electoral, dictada el jueves pasado, como parte de una “feroz campaña en su contra”. Por supuesto, la unanimidad de los seis magistrados de la sala superior (no ha sido designado aún quien reemplace a don José Luis de la Peza) no obedece sino a la estricta aplicación de la Ley, algo que ya habían hecho en septiembre de 2003, sobre el mismo problema de la antidemocracia vigente en ese partido, negocio particular de una familia y un reducido grupo.
Denunciada esa antidemocracia por un disidente, José Luis Amador, el tribunal ordenó hace ya casi 18 meses, la reforma estatutaria en ese partido, para romper su estructura fuertemente centralizada en torno de su presidente y para procurar respeto a sus militantes. Hace un año, al conocer las enmiendas respectivas, según dijo el jueves el TEPJF, “el consejo general del Instituto Federal Electoral actuó ilegalmente al declarar la procedencia constitucional y legal de esas modificaciones” al mismo tiempo que el PVEM “incumplió con lo ordenado en la ejecutoria de referencia y además emitió disposiciones que conculcan los derechos político-electorales de sus afiliados”
Fue tan obviamente errónea la actuación del consejo del IFE consumada en su resolución del 13 de febrero de 2004, que hasta en este mismo lugar se hizo notar, tres días más tarde, la contravención a la sentencia del tribunal, que estaba obligado a acatar: “Es a este acto jurídico particular, a su lógica y su propósito, a los que debió someterse el consejo y no lo hizo. El tribunal no ordenó la rehechura de los estatutos como una obligación aislada. Lo hizo para que, una vez aprobadas nuevas reglas, corra un plazo de seis meses (no de siete o más, como ocurre tras la resolución del consejo, que dio treinta días al PVEM para arreglar sus papeles) se realicen elecciones de dirigentes, ya que los actuales son espurios pues fueron nombrados con arreglo a los estatutos calificados por la propia justicia electoral como contrarios a los principios democráticos” (Plaza pública, 16 de febrero de 2004).
Puesto que el Verde y el consejo del IFE incumplieron aquella sentencia, el tribunal mismo se ocupará de que ante sí, no ante ese consejo, quede comprobada la ejecución de la emitida el 17 de este febrero: en el plazo de dos meses debe practicarse la reforma no realizada aún, que comprenda cuarenta enmiendas y adiciones conforme a criterios que los gerentes verdes no podrán eludir y en los siguientes cuatro meses deben renovarse los cargos de dirección.
Aunque asestó merecido palmetazo al consejo del IFE por su actuación de febrero pasado, el Tribunal concedió implícitamente la razón al acuerdo de dicho órgano, del 31 de enero pasado, que dispuso esperar este fallo de la justicia. Haber votado en tal sentido significó para cinco consejeros electorales la amenaza de juicio político, sin que los cuatro restantes, partidarios de la posición del Verde, fueran capaces de emitir una declaración de solidaridad.
Era ingenuo esperar que lo hicieran, en realidad, pues en el debate mismo de hace tres semanas su sesgo partidario los hizo enfrentar a los cinco de opinión contraria como adversarios, no como compañeros con quienes se debate en la construcción de un acuerdo.
La nueva sentencia del tribunal insiste en, por ejemplo, las deficiencias de la asamblea nacional: El Distrito Federal y el Estado de México tienen más delegados en ella que todas las demás entidades juntas, por lo que basta controlar esas delegaciones para mantener en un puño a ese órgano dizque máximo del partido. Por otro lado, “la facultad de convocar y presentar propuestas a la asamblea nacional se concentra indebidamente en un sector de la dirigencia, lo que impide que... se integre a instancia de los militantes y que pueda discutir y resolver asuntos de interés para distintas corrientes de opinión al interior del partido”.
A su vez, “la integración del consejo político nacional no se ajusta a elementos democráticos puesto que, por un lado, el presidente del partido, que a su vez es electo por el propio consejo, se encarga de designar a algunos de los integrantes de dicho órgano y por el otro, porque no cuenta con participación efectiva de los miembros del partido, ya que en su integración sólo interviene una mínima parte de delegados de la asamblea nacional”.
En cadena perfecta, la comisión política permanente, “órgano integrado con pocas personas, en el que no existe participación de los miembros del partido (puede) tomar decisiones fundamentales para éste”, pues los estatutos le dan las mismas atribuciones del consejo político nacional.
Jorge González Torres presidió el PVEM de 1993 a noviembre de 2001, cuando heredó el puesto a su hijo, Jorge Emilio González Martínez. En aquel lapso, González Torres fue candidato presidencial y a la jefatura de Gobierno del DF, en las dos únicas ocasiones en que participó el Verde con candidato propio.
Aunque ahora tiene licencia, González Martínez ha sido legislador once años consecutivos, a partir de 1994: en la Asamblea legislativa, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Claro, en las tres ocasiones coordinó el grupo parlamentario.
