Un amplio sector de la sociedad, no todavía suficientemente ancho, tiene conciencia de que la expresión que titula esta columna es pleonástica, pues no se requiere adjetivar la palabra Verdes (cuando se trata de los dirigentes del PVEM) para saber que son tramposos.
Estamos ahora delante de una confirmación de esa verdad, de la índole de quienes encabezan el partido de la familia González Martínez. Se trata, por un lado, de la fantasiosa versión de que el Instituto Federal Electoral se niega a aprobar sus estatutos y eso le infiere perjuicio y por otro lado, de la amenaza de juicio político lanzada contra cinco miembros del consejo de aquel órgano electoral, a los que intimidó aun antes de que el consejo general del IFE y no esos cinco integrantes suyos, rehusara manifestarse sobre diversas reformas estatutarias intentadas por los dueños del partido y sus gerentes.
Hace una semana, el principal órgano de la autoridad electoral resolvió que no ha lugar el estudio a fondo de las modificaciones propuestas por los representantes del Partido Verde Ecologista de México. No rechazó su contenido, ni se negó a cumplir su atribución de revisar las reglas internas de ese partido.
Simplemente dijo que sólo podrá resolver la petición del Verde, hecha suya por cuatro consejeros, cuando desaparezcan los factores que condicionan esa intervención del consejo.
Las complicaciones jurídicas de este caso nacen del incumplimiento de normas constitucionales por la dirección del Partido Verde. Sus estatutos contrarían las reglas de democracia demandadas por la legislación electoral a los partidos.
Adversarios internos de los líderes del PVEM consiguieron que así lo declarara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ya remoto septiembre de 2003. En consecuencia, ordenó al IFE demandar de ese partido, en un plazo perentorio, la modificación de los estatutos, precisamente conforme a criterios expresos en la propia resolución.
Después de satisfecho ese requisito, dispuso también la sentencia, el partido elegirá nuevas autoridades, pues eran (y son) espurias las que recibieron sus cargos conforme a un estatuto antidemocrático.
En asamblea extrarrápida ocurrida en diciembre siguiente, el PVEM reformó sus estatutos. Con oportunidad que no le es posible practicar ahora, por factores ajenos al propio consejo general, este órgano aprobó el 13 de febrero pasado las modificaciones presentadas, pero consideró necesarias otras, para lo cual dio un plazo de 30 días, contados a partir de que esa resolución quedara firme.
Mientras tanto, afirmó expresamente el consejo, sin que el Partido Verde lo objetara o impugnara, los estatutos quedarían en suspenso.
Casi un año después, esa resolución no está firme todavía y mantiene por lo tanto sus efectos la condición suspensiva. Ello obedece a que se interpusieron tres recursos contra la resolución del consejo general, ante la justicia electoral y ésta no los ha resuelto todavía.
Mientras tanto, el PVEM actúa normalmente, participa en elecciones, establece alianzas, recibe financiamientos. Y ha intentado también emprender no sólo las reformas estatutarias adicionales que le ordenó el consejo en febrero pasado, sino otras.
Y ha pedido saber por qué no se las estudia y se declara su procedencia. Dio respuesta a esa solicitud la Secretaría Ejecutiva del Instituto, se inconformó por ello el Verde, acudió al Tribunal y éste dispuso en diciembre pasado la reposición del procedimiento de respuesta, no que se estudiaran las reformas y el consejo se manifestara sobre ellas.
En tal sentido el 31 de enero se presentó un proyecto que declaraba la inoportunidad procesal de ir al fondo del tema: es preciso aguardar a que se resuelvan los juicios pendientes. El consejero Rodrigo Morales presentó un proyecto alternativo, para que el consejo estudiara los estatutos y los declarara procedentes.
Votaron con él, en minoría, Lourdes López, Virgilio Andrade y Marco A. Gómez. La mayoría quedó integrada por Teresa González Luna, Alejandra Latapí, Andrés Albo, Arturo Sánchez y el consejero presidente Luis Carlos Ugalde.
Se libró un combate verbal ríspido y torpe, en que desde la improvisación incoherente se denunció la lectura de documentos que denotaban estudio y reflexión. Se deslizaron amenazas contra quienes a la postre determinaron no entrar, por ahora y por las razones anotadas, al fondo de los estatutos (lo cual por lo demás beneficia a los actuales mandones del partido, que derivan su permanencia de esas circunstancias) y teatralmente, el representante del Verde Arturo Escobar se retiró del consejo, no sólo de esa sesión sino permanentemente.
Los verdes insisten en que iniciarán juicio político contra los consejeros que no se avinieron a sus pretensiones. Roberto Madrazo anunció su apoyo a esa intención. Sólo arbitrariamente podría prosperar tal iniciativa, pues el acuerdo que irrita al Verde fue emitido por el consejo, conforme a sus reglas, no por cinco miembros suyos, que individualmente carecen de autoridad.
La tienen sólo cuando integran el órgano colegiado de que forman parte. Muy activos, los verdes consiguieron que apenas estrenando sesiones todos los grupos parlamentarios del Senado instaran al IFE y al Tribunal a cumplir la Ley. Es una moción innecesaria. Eso han hecho en este caso esos órganos. Es la aplicación de la Ley y no su torcimiento, lo que les para perjuicio. La Ley es al Verde lo que la luz a los seres que se desplazan en las tinieblas.
