No surgió de la IX asamblea nacional del PRI un partido nuevo. Pero tampoco es el mismo después del cuatro de marzo. Esa ambivalencia resulta de la vaguedad de los acuerdos adoptados por las reuniones poblanas, en que apenas se insinuaron modificaciones o se aplazaron debates. Si lo querrá alguna vez, si alguna vez resulta necesario que el PRI se pinte de un color diferente del de su actual atuendo, eso ha de ser después de que elija candidato presidencial. Por ahora, sólo se retocó el programa de acción, con un contenido utilizable a conveniencia.
La coyuntura sucesoria impuso esa indefinición, alentada por la mecánica de la asamblea. Como jefes políticos en sus entidades, los gobernadores acudieron a la cita al frente de sus delegados, que respondieron como un sólo hombre a los intereses y las tácticas de sus capitanes, tanto más notorios cuanto más buscan su propio destino. Ese fue el caso de la delegación del Estado de México, que el jueves, con Arturo Montiel a la cabeza abandonó ruidosamente la mesa donde se debatían los estatutos, en la propia capital poblana. Lo hicieron también los grupos procedentes de entidades cuyos gobernadores forman parte de Unidad Democrática. Junto con varios senadores, también abandonó la discusión Enrique Jackson, precandidato presidencial, quien reprochó a la conducción de la mesa haber manipulado la votación. El tema a debate era dotar de nuevas facultades a la Comisión Política Nacional, un espacio controlado por Roberto Madrazo.
La reforma se votó y en rigor estricto es ya inmodificable. Pero Unidad Democrática consiguió hacerse de una doble presencia en la asamblea: votan sus miembros como delegados y a la cabeza de delegaciones y actúa el conjunto como eficaz grupo de presión. Ante el riesgo de que su retiro de la discusión se convirtiera en abandono y denuncia de la asamblea, las partes convinieron una salida que puede restar importancia a los acuerdos votados y aun anularlos. Con el pretexto de revisarlos a través de una Comisión de congruencia, legalidad y constitucionalidad, los textos modificados serán sujetos a negociación entre el madracismo y el antimadracismo. Por lo pronto, asegurados de que no se lastimaría ninguno de los intereses de una y otra tendencias, sus jefes festejaron el viernes el fin de la asamblea, alzando todos los brazos en señal de victoria.
También se dejó para después, en esa mesa, la revisión del texto legal (Artículo 164) que rige la sucesión partidaria, y hace posible el temido o deseado (según el mirador desde donde se vean las cosas) ascenso de Elba Ester Gordillo a la Presidencia del partido. Los trabajos previos se orientaban a modificar el artículo para que no necesariamente quedara al frente del partido quien ocupe la Secretaría General. Pero Madrazo, advertido de que la actuación en bloque de delegaciones que se le oponen podría derrotar esa postura, eligió no correr ese riesgo y personalmente pidió que el tema no se abordara. Propuso en cambio aplazar la discusión del tema, a efecto de que se pudiera negociar con la interesada una solución que no fuera agresiva (como expulsarla, por ejemplo) pero que al mismo tiempo le impidiera encabezar al partido.
Al dejar para después, para discutirlo la próxima semana en el consejo político nacional la situación de Gordillo, Madrazo quedó a merced de un factor fuera de su control, que le resultó adverso. Cuando en los próximos días él mismo o intermediarios negocien con la ausente y ausentista secretaria general, la hallarán más vigorosa, cualquiera que sea el estado de su salud personal. Y es que el viernes mismo, cuando dejaba de discutirse en Puebla el tema que directamente la implica, la Suprema Corte de Justicia reforzó su poder. En diciembre de 2003, el sindicato magisterial acaudillado por Gordillo encabezó una escisión en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE. No fue una división pasajera, susceptible de remediarse por acuerdos entre las partes, espontáneos o auspiciados por un tercero. Al paso de los meses fue claro que el proyecto consistía en crear otra federación (a la que con sentido del humor se apellidó democrática). Pero como la Ley otorga la representación de los empleados públicos de modo excluyente a la FSTSE, fue necesario combatir legalmente el impedimento a crear una alternativa. El cuatro de marzo la segunda sala de la Corte confirmó una sentencia favorable a la federación gordillista, que declara inconstitucional la norma que da un lugar de privilegio a la federación que por ahora dirige el senador Joel Ayala.
En la mesa de programa de acción, en Tehuacán se caminó con cautela, con timidez socarrona, a la modificación de la posición priista en materia de energéticos. El predictamen puesto a discusión eliminó las líneas referidas a la defensa del Artículo 27 constitucional, en que se ha parapetado el senador Manuel Bartlett para oponerse a las reformas planteadas por el foxismo y aun por compañeros suyos, que darían acceso al capital privado en Pemex y sacramentarían el que ya se estableció en la generación de electricidad.
Bartlett y otros, incluido el tesorero del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, pretendieron que se conservara el texto del programa vigente hasta entonces, pero los derrotó el voto de 317 delegados a los que, con despecho, se calificó de ignorantes y aun de traidores. Pero no es para tanto. La enmienda puede no significar nada, según estime pertinente el pragmatismo triunfante.
