Prensa agredida
El diario sonorense El Imparcial ha tomado una grave decisión motivada, sin rubores, por el miedo. Se abstiene y abstendrá de realizar investigación periodística como la que hace en otros terrenos, respecto del narcotráfico. No dejará de publicar información oficial sobre el tema, pero no pondrá a su personal en peligro, dado que hace más de cien días desapareció su reportero Alfredo Jiménez Mota, probablemente por su activismo en ese género de asuntos. Las personas que hacen ese periódico no sólo se sienten en riesgo de sufrir una agresión semejante, sino que experimentan una aguda indefensión. No tendrían a quién acudir en busca de auxilio en caso de peligro, porque las autoridades han propiciado la impunidad en el caso del periodista desaparecido, acaso porque servidores públicos están involucrados en el hecho.
Jiménez Mota desapareció el sábado dos de abril. En la última llamada registrada esa noche en su teléfono celular, el reportero habló con un subdelegado de la PGR en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván. Este funcionario faltó a la verdad cuando interrogado a causa de esa llamada explicó que Jiménez Mota requería una información y él lo remitió a la oficina de comunicación social. No era ese el tratamiento entre ambos. Rojas Galván ha sido una de las fuentes del reportero. Se encontraban a menudo por ese motivo.
Varios testigos corroboraron esa relación. Quizá el subdelegado no quiso aparecer como infidente y sólo por eso y no por otra causa, negó ese nexo. De cualquier modo, fue suspendido en su función y enviado a la ciudad de México, mientras se realiza una investigación sobre su conducta profesional y su relación con el reportero desaparecido.
El lunes pasado el procurador Daniel Cabeza de Vaca -que asumió su cargo cuando este caso estaba ya en curso- virtualmente exoneró al subdelegado. La noche de ese mismo lunes aparecieron en un noticiario televisado dos mujeres que habrían escapado de un secuestro, durante el cual oyeron mencionar al reportero y a un jefe policiaco, Roberto Tapia Chan, que lo habría hecho desaparecer. Tapia Chan es el director de la Policía sonorense de Seguridad Pública.
Como una involuntaria tarjeta de presentación, como si se hubiera enviado en un mismo paquete ese espontáneo testimonio de las presuntas secuestradas y un singular video, escenas tomadas de éste sirvieron para ilustrar la información.
El material muestra una fiesta familiar. Lo tenía el reportero desaparecido en su domicilio, pues los que festejan son probablemente narcotraficantes y él había obtenido esa grabación como parte de sus averiguaciones. El video fue asegurado por la PGR al iniciar la averiguación previa. El gobernador Eduardo Bours, sorprendido por la repentina referencia a su colaborador en este caso, sugirió el miércoles que acaso de la PGR se habría filtrado esa grabación y se habría inducido la mención al jefe policiaco estatal.
La indagación estatal sobre la desaparición no produjo resultado ninguno y veinte días después la PGR atrajo el caso, sin tampoco generar hallazgo alguno. Trascurridos ya cien días y ante no sólo la nula cosecha de los investigadores, sino la probabilidad de que un agente de la autoridad federal o uno de la local estén inmiscuidos en el caso, el personal del diario sonorense ha enfrentado el delicadísimo dilema de guardar silencio y ofrecer con ello una victoria al poder que secuestró a Alfredo Jiménez; o exponerse a que crímenes como ése y otros se ceben en los miembros del periódico de la familia Healy. Si optaron por callar, nadie puede exigirles otra conducta.
En circunstancias diferentes, otros periodistas han elegido lo contrario, no callar. Son quienes trabajan en el diario oaxaqueño Noticias. Este domingo se cumplirá un mes desde que la arbitrariedad y la violencia pusieron a 31 periodistas en la comprometida situación de elaborar el periódico en condiciones anormales, prácticamente secuestrados o virtualmente presos en una redacción de la que no pueden salir.
Es verdad que han permanecido allí por su voluntad. Pero si salen y pretenden volver les impediría el paso una turba, frustrada hasta ahora en su intento de silenciar al diario. Noticias no ha dejado de circular un solo día desde que se inició una huelga organizada por un sindicato pero no por sus trabajadores.
Los editores de ese diario mantienen un contrato colectivo con el Sindicato de trabajadores de la industria, conexos y similares de estado de Oaxaca, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Es un típico contrato de protección, de esos que presuntamente ofrecen garantías de paz laboral a los empleadores, que sólo en circunstancias extremas como las que vive ese diario comprenden que la comodidad con que solían revisar salarios y condiciones de trabajo -el director del diario y el líder se sentaban ante una mesa de restaurante y firmaban lo pertinente- puede trocarse en un peligro como el que amenaza ahora la vida misma de la empresa periodística.
Los 102 trabajadores del periódico, todos, han manifestado, de palabra y de obra su decisión de no ir a la huelga, pues los satisface su situación laboral.
Formaron una coalición que la omisa autoridad laboral no reconoce, como en cambio reconoce a un sindicato al que esa totalidad o buena parte del personal pertenecen sin quererlo y aun sin saberlo. La inquina de los gobernadores José Murat y Ulises Ruiz ha utilizado a ese sindicato para castigar a un periódico que los irrita.
