Defensa de la equidad
En gira por Rusia la semana pasada, el presidente Fox anunció y lo reiteró dos días más tarde, que en el proceso electoral de 2006 hará propaganda en favor del PAN y su candidato presidencial.
Anteayer domingo los consejeros electorales del IFE le pidieron (si bien su llamado no se dirige a él en particular) que se abstenga ?de emitir opiniones o desplegar conductas que puedan afectar la equidad de la competencia?. El presidente mismo se contradijo cuando alegó su derecho a la participación electoral, pues argumentó que lo hacen los jefes de Estado y de Gobierno en las democracias consolidadas.
Esa afirmación corresponde a la realidad sólo parcialmente. En los regímenes monárquicos y en las repúblicas parlamentarias los jefes de Estado se abstienen de tomar partido. La reina Isabel II no se pronuncia a favor de laboristas o conservadores, como no lo hacen respecto de los partidos en sus países la reina Margrethe II de Dinamarca, el rey Harald V de Noruega, la reina Beatriz Guillermina de los Países Bajos; el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, ni el emperador Akihito de Japón.
Tampoco lo hacen los presidentes de Alemania Johannes Rau, de Italia Carlo Azeglio Ciampi, o Moshe Katzav de Israel, aunque los tres últimos pertenecen a partidos que contienden en la liza electoral.
En sentido contrario puede citarse a los presidentes de Estados Unidos o Francia, donde se encuentra normal que lo hagan respecto de su propia causa pues pueden ser reelegidos. No podemos afirmar en sentido estricto que nuestra democracia esté consolidada.
Es verdad que no aparecen el horizonte amagos en su contra, como un cuartelazo o una insurrección civil y aunque la delincuencia organizada significa un desafío formidable para el Estado, más que desestabilizarlo el crimen ha preferido penetrarlo.
Pero estamos apenas en la segunda sucesión presidencial regida por un órgano constitucional autónomo, no por el Gobierno y en los umbrales del primer proceso en que la actuación del Ejecutivo quizá no sea determinante pero cuyos alcances nos son ignorados. Más vale, en consecuencia, que para definirlos comencemos prudentemente con la abstención que demandan los consejeros electorales.
El presidente ha retado a que se le pruebe qué ordenamientos legales infringiría si hace proselitismo. La legislación penal contiene la figura del peculado electoral, en que incurren los servidores públicos que destinen ?bienes, fondos o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles o equipos al apoyo de un partido político o de un candidato?.
Sería lesivo de la serenidad electoral el que se intentara (aunque fuera improcedente por su investidura) una acción punitiva contra el presidente porque llegara en el automóvil o el avión en que suele desplazarse a un mitin de Santiago Creel o de Alberto Cárdenas, pues su conducta acaso configurara el delito descrito en el Artículo 407 del Código penal federal.
Y con mayor razón ocurriría si su activismo es difundido por el canal de televisión que pronto daría cuenta de sus tareas cotidianas. Puede aducirse, con razón, que los servidores públicos, el presidente incluido no pierden por su encargo la libertad de expresión y no se les puede inhibir en la manifestación de sus convicciones.
Pero, como los consejeros electorales lo previenen, ?tesis relevantes y jurisprudencia indican que la libertad de expresión y de asociación deben limitarse para tutelar bienes o derechos constitucionalmente protegidos, como la libertad de sufragio o la no presión en las elecciones?. Aun cuando no hubiese acotamiento jurídico ninguno, la responsabilidad política de quienes están investidos de poder debe conducirlos a evitar el sesgo que su actitud puede inducir en un proceso electoral.
A esa responsabilidad apela el llamado del IFE, que se funda en ella y no sólo en las prohibiciones legales, sino también en el ?interés público y las exigencias de la sociedad?. Procedieron con sensatez los consejeros electorales al no dirigir el llamado a la abstención sólo al presidente de la República, sino a todos los titulares de poderes que pueden torcer su desempeño a favor de sus correligionarios.
Caminaron en sentido contrario a la aceptación del vocero presidencial Rubén Aguilar de que el derecho que ejerza el Ejecutivo Federal para hacer proselitismo sea el mismo que ampare el activismo de los gobernantes estatales o municipales.
Dar carta blanca a ese proceder significa ignorar que el régimen autoritario priista prolongó su vigencia precisamente por la capacidad propagandística a favor de su partido ejercida desde el poder. Si bien la convocatoria de los consejeros del IFE se refiere al proceso federal que comenzará en octubre próximo, sus consideraciones son aplicables al mitin que encabezará el presidente Fox el sábado.
Sin perjuicio de las violaciones a la Ley local, es claro que el Ejecutivo incurrirá en un acto de irresponsabilidad al protagonizar un acto de propaganda electoral en el lapso vedado para ese propósito en la legislación de los estados de Nayarit y México. Principalmente en esta segunda entidad, dada su conurbación y su vecindad con el Distrito Federal, un festejo panista en la Ciudad de México equivale a uno realizado en suelo mexiquense.
Con mayor razón será tenido como un acto de propaganda si acude el candidato panista Rubén Mendoza Ayala, en un desesperado intento por recuperar ventaja que perdió a causa de su frivolidad.
