La comparecencia que realizó ayer el Juez Administrativo ante la Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, dejó una cosa clara para el titular de este órgano: que los policías preventivos infringen los derechos humanos de las personas que detienen en los operativos, pues el 43 por ciento de éstas son remitidas sin motivo alguno.
José Luis López Ibáñez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que debido a que la semana pasada Roberto Bravo Ontiveros, director municipal de Seguridad Pública, manifestó quejas contra el juez administrativo, Sergio Sánchez, éste fue citado para que diera algunas explicaciones.
Bravo Ontiveros indicó que los operativos estaban resultando infructuosos debido a que el Juzgado Administrativo los estaba soltando, mientras que ?sus hombres? prácticamente sostenían grandes enfrentamientos con los detenidos, situación que la consideraba vana.
Sergio Sánchez reveló las causas de su actuación, que fueron calificadas como adecuadas por parte de López Ibáñez, y las conclusiones se dejaron observar.
Uno de los primeros razonamientos fue que a los policías preventivos les falta capacitación, pues han detenido por detener, es decir, sin que siquiera hayan cometido una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno.
Los operativos realizados del 17 al 22 de enero dejaron como resultado 655 detenidos, de los que 238 no tuvieron ninguna falta administrativa.
Como ejemplo: ?hubo diez detenidos en la Plaza de Armas por estar orinando, pero ¿cómo pueden estar los diez orinando al mismo tiempo??, se preguntó, y como este caso hay muchos otros que son absurdos; asimismo, se dijo, son irregulares las detenciones y atentan contra los derechos humanos de las personas.
En el operativo hubo gente que se detuvo cuando se dirigía a trabajar. Los operativos comenzaron desde las 20:00 horas y se dieron muchas acciones arbitrarias.
Sergio Sánchez informó a la Comisión que otro problema es que ni siquiera entregan papelería legible con motivo de la infracción, de tal modo que no se le puede aplicar ninguna multa o arresto al detenido; por este motivo, tiene que soltarlo.
Recomendó mayor capacitación a los policías, pues muchos de ellos no pueden hacer esta simple tarea de comunicar al alcaide la infracción que cometió alguna persona, y si realmente el motivo de la detención fue por una violación al Bando.
Necesidades
Lo que se requiere
· Un alcaide que sea licenciado en Derecho, para que conozca acerca de los derechos humanos y de las infracciones que puede cometer una persona.
· Mayor capacitación de los policías preventivos.
· Que la academia se dé a los policías que se encuentren en servicio.
· Que haya más comunicación entre policía y alcaide y que exista una correcta redacción de la infracción que cometió el detenido.
FUENTE: Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento.
