Después de una derrota por la gubernatura de Coahuila marcada por una política de brazos cruzados asumida por la presidenta estatal del PAN Esther Quintana, la postulación de Jesús de León Tello y Carlos Bracho González como candidatos del Partido Acción Nacional a diputados federales en los distritos con cabecera en la ciudad de Torreón, proporciona una bocanada de oxígeno al grupo que al interior de ese partido, encabeza el senador Jorge Zermeño Infante.
Los resultados referidos también fortalecen al aún alcalde de Torreón Guillermo Anaya Llamas, en su camino hacia el Senado, lo que se viene a sumar a la cercana relación del munícipe con el candidato panista a la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
El fenómeno en su conjunto acredita que pese a la polarización que en el blanquiazul de Coahuila existe entre los grupos de Jorge Zermeño y Juan Antonio García Villa, las votaciones internas las decide una porción de la militancia ajena al voto duro de ambos personajes, lo que constituye un dato positivo para la vida democrática de ese partido.
En la recta final de la contienda interna panista por las candidaturas mencionadas, resalta el debate por las Notarías Públicas asignadas por el Congreso del Estado a los mencionados Guillermo Anaya y Jesús de León.
Las referidas asignaciones tuvieron lugar a iniciativa del gobernador Enrique Martínez y Martínez, quien fiel a su estilo de alentar la confrontación tanto entre su gente como entre sus adversarios, en el momento oportuno envía los nombramientos notariales como arma arrojadiza al seno de un PAN dividido. La ferocidad empleada en contra de Anaya y De León por algunos de los propios panistas que explotaron el tema en la elección interna, revela que no faltó quien cayera en la trampa pueril.
Tanto Anaya Llamas como De León Tello hicieron las gestiones necesarias para obtener la notaría desde hace seis años, antes de ocupar sus actuales cargos. Cumplieron con los requisitos legales para ser designados Notarios Públicos, por lo cual pudieron aceptar el nombramiento con plena legitimidad.
Sin embargo de lo anterior, la renuncia que expresan a los nombramientos otorgados resulta pertinente, porque es difícil visualizar a cualquiera de los dos, al menos por el momento, detrás de un escritorio ejerciendo la función notarial por importante que ésta sea.
Ambos elementos juntos o por separado y con independencia del partido a que pertenezcan, constituyen un activo valioso de la comunidad regional en el campo de la política y lejos de ofrecer una mera expectativa, son una realidad en cuanto a la participación de las nuevas generaciones y el impulso al cambio que requieren nuestra región y país.
Además del sesgo político, las críticas que han recibido sobre la asignación de las notarías resultan fuera de toda medida y revelan una envidia lamentable, por lo que no sería raro que ahora que los nombramientos fueron desairados, los notarios activos pidan su cancelación definitiva y los aspirantes reclamen el reparto de los despojos.
Lo correcto es que el gobernador en turno nombre a los notarios con la intervención del Congreso una vez cumplidos los requisitos de Ley. Los alegatos que piden una reforma legal al respecto o una vigencia plena de la división de poderes son razonables, pero corresponden a dos asignaturas pendientes de remoto desahogo, que se encuentran fuera de discusión en este momento.
Ante la imposibilidad de indagar sobre el motor de las intenciones de quién da y de quién recibe el nombramiento, lo único que procede exigir es que se cumplan los requisitos legales, que los antecedentes y el perfil del notario designado sean idóneos a la función y que en el desempeño del cargo, el notario se ajuste a los lineamientos que establece el marco jurídico.
Los señalamientos más agresivos, provienen incluso de algunos notarios que sin el menor rubor critican el procedimiento seguido en el presente caso, que fue el mismo que siguieron los gobernadores precedentes que dotaron de fe pública en su momento a los hoy reclamantes.
Cada seis años es el mismo escenario. Un cúmulo de aspirantes demanda ser designado notario, alegando que las necesidades de la sociedad así lo exigen y una vez favorecidos con el nombramiento, piden que no se instale una sola notaría más después de la que ellos obtuvieron, porque el oficio está saturado por la competencia excesiva.
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