A todo el mundo, menos a los beneficiarios, ha parecido un exceso el financiamiento a los partidos aprobado el jueves pasado por el consejo general del IFE. Los ocho partidos que contenderán en los comicios del año próximo recibirán cinco mil millones de pesos. Dos de ellos, PRI y PAN, rebasarán los mil millones de pesos cada uno (mil 265 millones seiscientos mil pesos, y mil 146 millones ochocientos mil pesos, respectivamente). El PRD recibirá 744 millones, el Verde casi 394, el PT casi 279, Convergencia poco menos de 275, y las dos formaciones de reciente registro, Nueva Alianza y Alternativa socialdemócrata y campesina, 82 millones cada uno.
La autoridad electoral se limitó a aplicar los criterios establecidos por la Ley, de donde resultan esas sumas. La decisión definitiva, como todas las inherentes al gasto público, corresponde a la Cámara de Diputados, es decir a los partidos destinatarios de esos montos, escandalosos por sí mismos y por su contraste con las asignaciones a otros propósitos, los vinculados con el desarrollo social, por ejemplo. Puesto que los grupos parlamentarios dejaron intacta la mecánica que distribuye el financiamiento público a los partidos, es imposible esperar una disminución de su cuantía a la hora en que se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación.
Sólo cabe esperar de los partidos, en consecuencia, un gesto político, una expresión de sensibilidad de suerte que puedan devolver al erario alguna porción de los recursos que se les asignen para que sean aplicados a otros fines. No se me oculta que hay en esta propuesta, que formulo ahora de modo expreso, una gran dosis de ingenuidad, por llamarla de modo benévolo. Va quedando claro que, de más en más, las batallas electorales se ganan con dinero y que renunciar a recibir porciones del financiamiento legalmente establecido pondría a los partidos que atendieran este llamamiento en condiciones de franca inequidad.
Por eso la decisión debería ser compartida por todos y medirse porcentualmente para que la contienda mantenga el mismo equilibrio que el resultante de la resolución del IFE. En otras palabras, consideren los partidos la posibilidad de devolver veinte, o al menos diez por ciento de los suministros a que conforme a la Ley tienen derecho.
Unilateralmente, en 1997, el PAN y el PRD procedieron de esa manera, cada uno por su lado y sin acuerdo previo. Cuando se discutieron las bases del financiamiento legal en la reforma de 1996, los legisladores de ambos partidos se opusieron a la regla que estaba vigente y que beneficiaba entonces como ahora al partido entonces gubernamental.
Vencidos en el debate parlamentario, porque el PRI aún disponía de mayoría absoluta, esos partidos opositores iniciaron acciones de inconstitucionalidad contra el exceso financiero, pero las perdieron ante la Suprema Corte. Entonces reaccionaron cada uno a su manera. El consejo nacional del PAN ordenó devolver, o no retirar de las arcas el 39 por ciento de los seiscientos millones de pesos que entonces le fueron asignados. Era un acto de congruencia de ese partido, que se bastó a sí mismo durante décadas y se mostró renuente a aceptar el financiamiento público.
Antes de que fuera establecido formalmente, la Comisión Federal Electoral acordó en 1980 una entrega en efectivo (las prerrogativas vigentes entonces se cumplían con entregas en especie) a partidos que realizaban campañas locales en 17 entidades.
El PAN rehusó aceptarlo. Tres años antes, durante la consulta que propició la reforma política por antonomasia, la propuesta que hubiera financiamiento público condicionado al número de votos de los partidos fue calificada como “denigrante” por la representación panista. El PRD, por su parte, juzgó también excesiva la partida que le correspondió, ligeramente superior a 200 millones de pesos, y anunció que aplicaría el 33 por ciento de esa suma, unos 65 millones de pesos, a diversos programas una vez concluido el proceso electoral, a fin de evitar que pareciera una forma sesgada de hacer campaña.
En julio siguiente, al cabo de su exitosa participación electoral (ganó el Gobierno del DF y la mayor bancada en la Cámara de Diputados que hasta ahora tenido) esa formación anunció que dedicaría aquel remanente a asistir a través de una fundación a los deudos de las víctimas de la represión antiperredista, a apoyar a migrantes en cuatro ciudades fronterizas (Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa) y a la distribución gratuita de libros de secundaria en los 235 municipios gobernados entonces por ese partido.
Cuando presentaron en 1996 sus respectivas acciones de inconstitucionalidad, además de alegatos jurídicos, el PAN y el PRD “enarbolaron un argumento de ética política -según escribí en este mismo lugar el 22 de enero de 1997-: les parecía ofensivo destinar a los partidos un presupuesto descomunal cuando la gran mayoría de los mexicanos padece los quebrantos de una economía destrozada. Que los partidos fuesen islas de prosperidad en un mar de aflicciones económicas parecía inmoral a esos partidos”. Semejante reacción deberían tener ahora.
La sociedad mexicana padece pobreza. Al regularizar la importación ilegal de vehículos extranjeros baratos (que en amplia medida equivale a chatarrizar el parque vehicular) se ha formulado de modo indirecto una certificación de las penurias generalizadas. No ofendan a la sociedad los partidos aceptando su opulento financiamiento. Aunque sea legal, parecerá malhabido.
