Carros ?chocolates?| Coahuila y Durango no participarán en decomisos.
EL SIGLO DE TORREÓN
Para la Coparmex es equivocada la decisión de los gobernadores, mientras que para Canacintra es positiva.
COMARCA LAGUNERA.- En el caso de los carros ?chuecos? hay opiniones encontradas de los empresarios, pues mientras para unos es buena la postura de los gobernadores de Durango y Coahuila, en el sentido de no participar en el decomiso de vehículos, para otros, deben hacer cumplir la Ley.
El presidente de Coparmex Laguna, Fernando Royo Díaz Rivera, considera equivocada la decisión del Gobierno de Coahuila y Durango, ?pues tanto Enrique Martínez y Martínez, como Ismael Hernández Deras, juraron hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen?.
Si hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que es la máxima autoridad del país, los gobernadores deben acatarla y coadyuvar en la tarea del Gobierno Federal.
Además, recuerda, existe un convenio de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el Estatal de Coahuila, en materia de vehículos de procedencia extranjera y debe cumplirse.
Por otra parte, para José Luis Campos Huerta, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Gómez Palacio, es positiva la postura del Ejecutivo Estatal de Durango, toda vez que los compradores de ese tipo de vehículos, son los que menos culpa tienen que hayan ingresado en forma ilegal.
El problema legal, dice, no es de los que adquieren los automóviles o camionetas ?chuecos?, sino de los agentes aduanales que los dejan pasar, ?ya que es obvio que no pasan volando y el electricista, plomero o cualquier trabajador que compra un carro, lo hace porque lo necesita?.
Lo conveniente, añade, es que deben meter en cintura a los que permiten el paso de vehículos y ojalá no se actúe en contra los millones de personas que los compraron.
Sugiere que se adelante el convenio del Tratado de Libre Comercio respecto a este renglón, para que ya se permita el libre paso de vehículos y terminar de una vez por todas con el problema recurrente, pues lo único que se propicia con todo esto es la corrupción.
Se ?amparan? con comunicado.
?Amparados? en un comunicado de prensa emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los integrantes de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa) aseguran que pueden circular tranquilamente por todo el país con la confianza de que sus vehículos no serán decomisados.
Jesús Martínez Domínguez, coordinador de Onappafa en Torreón, convocó a rueda de prensa para dar a conocer el resultado del viaje que realizaron a la Ciudad de México, el dirigente distribuyó el comunicado de prensa fechado el 28 de junio de 2005 en cuyo encabezado se lee que ?la SCJN no promueve ni propicia detenciones?.
En este documento se precisa que los efectos de la resolución en la contradicción de tesis relativa al contrabando presunto de vehículos, la Primera Sala de la SCJN no promueve ni propicia detenciones, señala que sólo se hizo una interpretación del delito previsto en el Artículo 103 fracción II del Código Fiscal de la Federación.
Martínez Domínguez informó que los militantes de Onappafa se distribuyeron en varias comisiones para visitar la SCJN, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Secretaría de Hacienda, con el único objetivo de conseguir el compromiso de que ninguna autoridad realizará decomisos de los vehículos ?chocolates?.
?Nuestra gente puede estar tranquila, ya que no son contrabandistas, no son delincuentes como la interpretación que le dieron al anterior comunicado de la Suprema Corte ciertos medios, hubo mala interpretación?, dijo.
El comunicado.
A continuación se transcriben algunos conceptos que están incluidos en el comunicado que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 28 de junio a la Onappafa:
· Determinó que para efectos de presunto contrabando, se presume que los vehículos fueron introducidos al territorio nacional por quien los posea, los porte o se ostente como propietario por estar fuera de la zona de vigilancia aduanal, sin contar con la documentación que acredite su legal introducción o estancia en el país. Cabe mencionar que esta presunción acepta prueba en contrario.
· La Primera Sala de la SCJN solamente decidió un tema jurídico que no altera la situación de personas o vehículos relacionados con esta situación, que no tenían antes que la contradicción de tesis llegara a este Tribunal.
· De esta manera su competencia se agotó con esta resolución, y resulta ajena a cualquier circunstancia de hecho, relacionada con la actuación de otras autoridades. Es decir, la solución jurídica de este caso no lleva como consecuencia la actuación de ninguna autoridad.
FUENTE: Investigación El Siglo de Torreón
