El referente es contundente y los hechos inobjetables: a mayor velocidad, mayor riesgo. Pero el detalle es que, otra vez, la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Coahuila, responde con simplismo lineal, impropio y hasta ofensivo, ante el reclamo cada día más generalizado de la ciudadanía lagunera, respecto a los riesgos del Distribuidor Vial Revolución. Efectivamente, a mayor velocidad, mayor riesgo, pero de eso no se trata, sino de las fallas estructurales que colocan al borde del colapso a una obra pretenciosamente monumental, de primer mundo con “tecnología de punta” que arrastra la falta de rigor y supervisión en su proceso constructivo.
El precio, finalmente, lo pagamos todos y por ello los servidores públicos involucrados deberían asumir su responsabilidad, sin ambigüedades, sin privilegiar las personales agendas alternas, ya que tarde o temprano, la omisión termina por estallar en el rostro. Los desafortunados accidentes -que han costado vidas- significan un lado de la moneda, hasta el momento, el más dramático, pero la superestructura esconde en sus entrañas de cemento y acero un riesgo aún mucho más grave, el del colapso.
Hasta el momento, la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas ha ejecutado obras menores de reparación y algunas que pretenden incrementar el factor de seguridad, pero el asunto de fondo radica en esas desviaciones al diseño original que no han sido refutadas, ya que son reales; persiste el desplome en los ejes, con la consecuente pérdida de los peraltes, que tampoco han sido refutados ya que igualmente son reales y más recientemente, el estudio del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, de tal contundencia, que la administración de Guillermo Anaya ordenó estudios más amplios a un costo de cuatro millones de pesos.
El riesgo existe; el colapso del DVR es una posibilidad latente dadas las fallas estructurales de una obra necesaria y estética, pero mal ejecutada. Los grandes males no admiten mejorales; requieren de cirugía mayor, por lo que hoy, todos los funcionarios tanto estatales como municipales involucrados -en mayor o menor medida- deben asumir de una vez por todas su responsabilidad, ya que la ambigüedad y las acciones que sólo pretenden ganar tiempo, finalmente cobrarán su factura.
