LAS AUTORIDADES ELECTORALES SE ENCUENTRAN 'ATADAS DE MANOS'.
El IEPCC no podrá proceder hasta que los aspirantes soliciten su registro como candidatos
El Siglo de Torreón
SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC) se encuentra “atado de manos” y si bien reconoció que muchos de quienes aspiran a cargos de elección popular han incurrido en violaciones al Artículo 107 de la Ley Electoral, también tiene en claro que por ahora no puede hacer otra cosa más que observar su comportamiento.
“Vemos un exceso en la evidente propaganda que presuntos aspirantes a cargos de elección popular están realizando en muchas partes del estado, eso ha sido evidente pero por ahora la misma legislación nos tiene maniatados.
“Si bien no nos podemos sentar como el mono que no ve, ni escucha, ni habla, tampoco podemos aplicar la Ley a criterios y la Ley dice que debemos aplicar el 107 con todo rigor cuando se presenten a registro aquellos que presuntamente la estén violando y así lo haremos, pero no podemos convertirnos en jueces instructores”, señaló el presidente del organismo, Homero Ramos Gloria.
Consideró que en su momento los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila plantearon la necesidad de interpretar y establecer criterios en torno a la aplicación del Artículo 107 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (LIPPE).
Sin embargo, recordó que su propuesta no encontró eco ni en los representantes de los partidos políticos ni en los legisladores, quienes, dijo, “tienen en sus manos la facultad de darnos elementos legales para sancionar a los anticipados incluso antes de que soliciten su registro, pero como ahora está establecida la Ley, no podemos hacer nada hasta que alguien que presuntamente violó la Ley solicite su registro como candidato”.
Ramos Gloria dijo que si bien el 107, impide manifestaciones proselitistas anticipadas, es por petición de parte, aseguró que ante la evidencia en que han incurrido algunos de los aspirantes a la gubernatura y a los ayuntamientos, la investigación y en su caso las sanciones se seguirán de oficio.
