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MÉXICO, DF.- Estados Unidos manifestó ayer preocupación por los ?serios problemas? de violencia que persisten en el norte y suroeste de México, aunque elogió los esfuerzos del Gobierno de ese país en 2004 por el respeto de los derechos humanos.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado destacó que hubo un aumento en la violencia y los asesinatos relacionados con el narcotráfico, particularmente en los estados fronterizos del norte mexicano.
Ese clima de inseguridad en la frontera común hizo que a finales de enero pasado el Gobierno de Washington emitiera una nota de alerta sobre la ola de violencia en el norte de México.
Esa nota, sumada a una carta del embajador estadounidense Tony Garza sobre la violencia de los cárteles de la droga mexicanos, causaron turbulencias en la relación bilateral.
Ahora, en sus 42 páginas de análisis sobre la situación mexicana, el Departamento de Estado volvió a enfatizar las precarias condiciones en las cárceles, las detenciones arbitrarias por parte de la policía y la continua corrupción y la ausencia del debido proceso, pese a la puesta en marcha de la reforma judicial.
Por otro lado, el informe señaló que estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, en el suroeste del país, se presenta un clima de derechos humanos que deja mucho que desear, debido a ejecuciones ilegales, desapariciones y secuestros.
?Hay ciertos estados como Chiapas y Oaxaca y otros, que afrontan verdaderos problemas con el abuso por parte de las fuerzas de seguridad?, dijo durante un repaso del informe Michael Kozak, subsecretario de Estado adjunto para Derechos Humanos.
Asimismo, Kozak aseguró que ?obviamente apoyamos firmemente los esfuerzos? del presidente mexicano Vicente Fox por impulsar un programa nacional que promueve la transparencia de las instituciones públicas y busca dar respuesta a los problemas del pasado.
El Departamento de Estado destacó una serie de asesinatos por grupos armados ilegales y una ola de secuestros que, según cálculos extraoficiales, alcanzó los tres mil durante el año, algunos de los cuales involucraron presuntamente a agentes policiales.
El análisis criticó que los tribunales continuasen admitiendo en los juicios confesiones que la policía obtuvo bajo tortura y que continúe la impunidad entre las fuerzas de seguridad pese a los esfuerzos del Gobierno mexicano por castigar a los responsables de los abusos.
Estados Unidos también mostró preocupación por el estancamiento del proceso de paz en Chiapas y los estallidos esporádicos de violencia con motivaciones políticas en todo el país, pero en particular en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
