Presentan iniciativa para que el presidente de la República puede ser sujeto a juicio político por delitos oficiales y delitos comunes efectuados durante su gestión.
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- El pleno del Senado hoy conoció una iniciativa de reformas a la Constitución para que el presidente de la República pueda ser sujeto de juicio político.
El senador Óscar Cantón Zetina (PRI) presentó la propuesta que refiere que el poder de los gobernantes es indispensable pero, al mismo tiempo, altamente peligroso, ya que es la fuerza que sirve al Estado para hacer frente a los enemigos del régimen, pero también para ser utilizado en contra de los súbditos.
La respuesta de las autoridades por las consecuencias de sus actos es premisa fundamental para su legitimidad y no se puede concebir la impunidad para nadie, pues tanto gobernantes como gobernados quedan sujetos al imperio de la ley, añadió.
"Queda claro que todos los servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el que ocupa el puesto más modesto dentro de la administración pública están obligados a rendir cuentas de sus actos, ya que nunca se debe perder de vista que, independientemente del nivel que ocupen, todos sirven
a la sociedad", agregó.
La iniciativa señala que resulta insostenible que se siga pretendiendo otorgar inmunidad al presidente, bajo el pretexto de que la reclamación por delitos cometidos durante su mandato causaría daño a la sociedad.
"Es necesario darnos cuenta que no puede haber mayor agresión contra el pueblo mexicano que la de no castigar al principal de sus servidores públicos cuando éste extorsiona, roba o abusa de su investidura, en contra de aquellos que le han otorgado el poder para gobernar", destacó.
El Presidente, añadió, debería ser procesado por delitos oficiales y también por delitos comunes durante el tiempo de su gestión, siguiendo el mismo procedimiento que los demás titulares de órganos de Gobierno.
"Por lo que respecta a la corrupción, esta parece ser no sólo frecuente, sino hasta habitual", refirió. La reforma propuesta establece que los actos u omisiones por
los que puede ser sujeto de juicio político el presidente de la República y funcionarios públicos son: el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones graves y
sistemáticas a las garantías individuales o sociales.
También destacan: el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o a
la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones de carácter grave; y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.
