La Corte Suprema de Chile dio luz verde al envío de 11 exhortos internacionales de un juez que investiga la fortuna del ex dictador.
Santiago de Chile, (EFE).- Una nueva querella fue presentada hoy contra Augusto Pinochet en los tribunales chilenos, esta vez por el asesinato de dos opositores a la dictadura en 1977, informaron hoy fuentes judiciales
La acción legal fue patrocinada por el abogado Hiram Villagra, en representación de los familiares de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Juan Ramírez Vicker y Nelson Espejo Flores.
Los jóvenes, según la demanda, fueron asesinados en su domicilio, en el sector sur de Santiago por efectos del estallido de una bomba que la justicia determinó que fue detonada por agentes de seguridad de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
La querella va dirigida también contra los agentes de las Central Nacional de Informaciones (CNI), la policía secreta del régimen militar, el mayor retirado de Ejército Alvaro Corbalán y los ex capitanes Mario Derpis y Arturo Sanhueza Ross, los tres en prisión con condenas en otros casos por violaciones a los derechos humanos.
En la operación también participaron agentes de seguridad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que conformaron el llamado "comando conjunto", organismo represor que también integraron civiles y al que se atribuyen más de 50 desapariciones de presos políticos durante la dictadura.
Según consta en el libelo acusatorio, en el que se incluyen recortes de prensa, la explicación que se dio en la época es que los dos opositores murieron por la manipulación errónea de artefactos explosivos que los jóvenes iban a usar en atentados contra los militares.
En su escrito, el abogado Villagra basa la acusación en archivos desclasificados del Servicio Central de Información (CIA) estadounidense que sostienen que los estallidos de bombas en domicilios particulares se debieron a un operaciones coordinadas de la CNI y el Comando Conjunto para la eliminación de izquierdistas.
En tales documentos, según el escrito de la acusación, figura específicamente el caso de los dos jóvenes militantes del MIR.
Durante la dictadura fueron asesinadas en Chile más de tres mil personas, entre ellas mil 197 detenidos desaparecidos.
Pinochet se enfrenta a varias querellas por violaciones a los derechos humanos a las que se sumaron en los últimos meses otras por supuesto enriquecimiento ilícito y evasión tributaria.
El jubilado general quedó en libertad el pasado 12 de enero del arresto domiciliario que pesaba en su contra por su responsabilidad en 10 crímenes de la "Operación Cóndor", que coordinó a los servicios secretos de las dictaduras suramericanas en los 70 y 80 para exterminar a sus opositores.
El militar permanece en su finca costera de Los Boldos, a 130 kilómetros al Suroeste de Santiago, donde cumplió ocho días de arresto.
Investigarán cuentas
La Corte Suprema de Justicia de Chile dio luz verde el jueves al envío de once exhortos internacionales de un juez que investiga la polémica fortuna de Augusto Pinochet, en los que pide información sobre eventuales cuentas del ex dictador en el extranjero.
De este modo, las cartas rogatorias del magistrado Sergio Muñoz viajarán a tribunales de ciudades de Europa, Norte y Centroamérica, para solicitarles que recolecten información sobre eventuales movimientos financieros del ex gobernante de facto en bancos de esos lugares.
"La Corte Suprema aprobó los once exhortos", confirmó una fuente judicial.
Muñoz lleva en sus manos desde mediados del año pasado las pesquisas sobre las cuentas secretas por hasta 8 millones de dólares que Pinochet manejaba en el banco Riggs de Estados Unidos y por las cuales el gubernamental Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra y podría pedir despojarlo de su fuero como ex gobernante buscando su procesamiento.
El magistrado estima que la fortuna de Pinochet asciende a 15 millones de dólares.
Los exhortos fueron dirigidos a las cortes de Oklahoma, Washington, Nueva York y Miami en Estados Unidos, Madrid en España, Zurich en Suiza, Londres y Gibraltar de Inglaterra, Bahamas, Luxemburgo y Panamá.
En sus últimas resoluciones, el juez ha dejado traslucir que sus sospechas apuntan al menos a tres delitos que podría haber cometido el anciano general: malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y declaraciones tributarias maliciosamente incompletas al evadir impuestos.
