“El único Estado estable es aquél en el que todos son iguales ante la Ley”.
Aristóteles
Pocos temas han generado tanta unidad en contra como la propuesta de cobrar Impuesto Sobre la Renta a las prestaciones laborales. Organizaciones sindicales tan distantes como la CTM y la UNT, el secretario del Trabajo, la Iglesia Católica y algunas organizaciones patronales se han pronunciado en contra de la iniciativa aprobada desde diciembre de 2004 pero a la que sólo ahora se le ha prestado atención.
Ante las exigencias de estos grupos, los mismos legisladores que aprobaron las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta se han empezado a echar para atrás. Pero esto es muy triste, ya que por razones de equidad las prestaciones se deben gravar igual que el efectivo. En la actualidad dos asalariados que obtienen exactamente el mismo ingreso pueden pagar impuestos muy distintos.
El que trabaja en una empresa pequeña y recibe todo su salario en efectivo pagará un gravamen mayor al que labora en una gran corporación y obtiene una parte significativa de su ingreso en prestaciones.
La razón es que muchas prestaciones están exentas. La legislación actualmente en vigor en general obliga a pagar más impuestos a los que menos ganan.
Los trabajadores de las grandes empresas están sindicalizados, tienen más seguridad en el empleo y reciben mejores sueldos y prestaciones. Pero no hay empleos para todos en las grandes empresas. Así, quienes trabajan en firmas pequeñas y obtienen todo su ingreso en efectivo no sólo carecen de estabilidad laboral y ganan menos sino que además deben pagar un mayor impuesto. La exención de las prestaciones ha generado un juego perverso.
Los sindicatos y grupos de interés han logrado aumentar el ingreso no gravable de sus agremiados, pero en consecuencia el Gobierno ha mantenido altas tasas de impuestos y ha generado complicados mecanismos de compensación. El juego no sólo ha hecho que paguen más impuesto quienes menos tienen sino que ha hecho excesivamente complejo el sistema fiscal mexicano.
Lo lógico sería eliminar todas las exenciones, considerar todo ingreso gravable y bajar las tasas de impuestos de manera que los que ganan en efectivo dejen de subsidiar a quienes reciben prestaciones.
Pero la oposición a esta medida, como hemos visto, es muy poderosa: en algunos casos por los intereses perversos de los grupos de poder y en otros por simple ignorancia.
¿Por qué insisten los sindicatos en mantener un trato discriminatorio a los trabajadores con menos ingresos, aquellos que reciben su sueldo en efectivo? Porque no les interesa favorecer a los más pobres sino venderles un servicio a sus agremiados. El líder obtiene sus ingresos, muchas veces multimillonarios, porque tiene a un alto número de trabajadores en su sindicato. Esto se facilita si convence a los trabajadores de que les conviene estar en el sindicato, aun cuando se les descuenten cuotas y los líderes se enriquezcan.
Por otra parte, hay toda una industria surgida al amparo de la exención de las prestaciones. Un ejemplo lo tenemos en las empresas de vales de despensa, las cuales no existirían si todos los ingresos tuvieran el mismo trato fiscal. Los vales son, por supuesto, un procedimiento engorroso y costoso de pagar un sueldo, pero seguirán existiendo mientras nuestra barroca legislación los convierta en una forma de evitar el pago de impuestos.
Mucha gente de buenas intenciones ha reaccionado de manera negativa a la propuesta de gravar prestaciones sin darse cuenta que está favoreciendo la agenda de los sindicatos y de las empresas creadas al amparo de las complejidades de la Ley. Para estas personas, el que se graven las prestaciones implica simplemente cobrar un impuesto adicional a los trabajadores.
No se dan cuenta que un sistema más sencillo, en el que todos los ingresos se traten igual, sería más eficiente, con lo que se crearían más empleos, y sería también más equitativo, porque ya no pagarían más los que ganan menos.
Desafortunadamente, la coalición que se ha montado para derrotar esta medida es demasiado poderosa. Todo parece indicar que los mismos diputados y senadores de todos los partidos que entendieron los argumentos técnicos y homologaron el trato fiscal de todos los ingresos se echarán para atrás. México habrá perdido así una gran oportunidad de reforma. Y, por supuesto, los sindicatos y las empresas que se benefician de la complejidad del sistema fiscal echarán las campanas al vuelo.
LA PAROTA
Al final 2,875 comuneros aprobaron el proyecto de la hidroeléctrica de La Parota en Guerrero. Sólo 50 dijeron que no. Una vez más se confirma que los grupos radicales armados de machetes hacen mucho ruido, con lo cual llaman la atención de los medios informativos y aterrorizan a las autoridades, pero muchas veces sólo representan a grupos minoritarios.
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