Los diferentes protagonistas involucrados en la rebatinga por los dineros del presupuesto público para 2006, funcionarios de la administración pública y políticos en el Congreso, están afinando su arsenal argumentativo para cuando llegué el momento de la discusión final, o final, por el reparto de los recursos, aunque de momento ya se han presentado algunas escaramuzas.
Esta es una parte del funcionamiento normal de las democracias contemporáneas: los gobiernos funcionan imponiendo tributos a los gobernados, bajo el acuerdo de que aquél los canalizara a la solución de los asuntos públicos, con transparencia, eficiencia, honradez y, en consecuencia, sujeto a la rendición de cuentas. Sin embargo, esta segunda parte de la formulación, en nuestro país no funciona adecuadamente, de hecho, estamos reprobados en los indicadores internacionales de transparencia presupuestaria y de corrupción. Algo que sin duda alguna, amerita reflexión, y acción pues.
Veamos. Hacienda, en su papel de ejecutor de los tributos, quiere más dinero, pero a falta de una reforma fiscal pretende exprimir más a los contribuyentes cautivos, y maneja en la penumbra los recursos excedentes generados por el petróleo.
Los estados y municipios reclaman a la federación mayores recursos, pero no hacen los esfuerzos necesarios para generar mayores recursos propios. A su vez, ambos niveles de gobierno, junto con el Ejecutivo a través de Hacienda, escatiman una reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de seguir contando con los importantes montos de dinero que genera la paraestatal.
En este tenor, las secretarias de la administración pública y otros organismos públicos plantean sus demandas financieras, y así sucesivamente.
Son pues tiempos por la disputa de los dineros públicos, en los que cada quien buscará llevarse la mayor tajada, sin que haya hasta el momento acciones de consideración para hacer más grande el pastel. Pero no solamente esto, sino que se habla muy poco, y cuando se informa se hace a regañadientes, sobre cuanto y como se gastan los recursos públicos; sobre el grado de cumplimiento entre lo presupuestado y lo ejecutado; sobre la eficacia en el ejercicio del gasto y, sobre todo, el llamado a cuentas de los funcionarios públicos que tienen bajo su responsabilidad el manejo de dichos recursos.
No está de más señalar que estos aspectos deben considerarse en el diseño de una auténtica política hacendaria, y no limitarse a lo fiscal, con énfasis en lo recaudatorio.
Como decíamos, cuando se llega a este punto de la transparencia y rendición de cuentas, los sujetos obligados (como dice la ley), son prolíficos en introducir controversias y recurrir a cuanto truco legal tengan a la mano para evadir tal responsabilidad.
Un resultado de ello es que no obstante que la Ley de Fiscalización es clara sobre las atribuciones que tiene el organismo fiscalizador en esta materia, en la práctica se ve seriamente obstaculizado. Lo que sin duda alguna habla de que se tiene que trabajar en el perfeccionamiento del marco jurídico.
Más ejemplos. Los gobiernos estatales a menudo reclaman como una violación del federalismo cualquier intento de fiscalización de los recursos que reciben por parte de la federación.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda (que como ya señalamos mantiene en la penumbra el manejo de los excedentes del petróleo) y otros organismos de los poderes públicos a regañadientes han comenzado a abrir los fideicomisos que se han mantenido como secretos, en donde se manejan cuantiosos recursos públicos. Hablando de secrecías monumentales, pues ahí está la partida secreta de la Presidencia.
Desde luego, es políticamente correcto manifestarse a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pero en el plano de los hechos, siempre es mejor que éstas se lleven a cabo ?en los bueyes de mi compadre?.
Si bien es de reconocerse que el entramado legal y normativo que se ha ido configurando en los últimos años en esta materia es importante, todavía falta avanzar mucho. Por ejemplo, la ASF señala que actualmente sólo se fiscaliza el dos por ciento del presupuesto público, mientras que a nivel internacional se habla de un diez por ciento.
Sin embargo, aquí también se requiere un cambio estructural, de estructuras mentales, que se exprese en una nueva ética en el servicio público. Estamos hablando de un cambio radical del funcionario público, y cuando decimos esto nos estamos refiriendo al que se formó durante la décadas del régimen priísta, cosa que no es menor, pero que ahora también aplica para los funcionarios provenientes de otros partidos que ya tienen cabida en la administración pública. Sin este último cambio, el marco institucional legal, aun perfeccionándolo, seguirá obstaculizándose.
Reiteramos, así funcionan las democracias modernas: los gobiernos administran los recursos públicos, es decir los provenientes de los gobernados, pero a su vez éstos tienen el derecho a verificar que dichos recursos se ejerzan con total transparencia y eficiencia, y si no es así, de llamar a cuentas a los funcionarios, con las implicaciones del caso. Pero en esta segunda parte de la formulación todavía seguimos atorados. Hay tareas.
