El anuncio realizado por Estados Unidos sobre su intención de levantar un muro para detener el paso de los migrantes mexicanos, representa sin duda un retroceso a los tiempos anteriores a la caída del Muro de Berlín ocurrida en 1989. Cuando parecía que los países apostaban a la política como estrategia para solucionar los problemas, el país más poderoso del mundo apuesta por una medida que en su naturaleza es violenta y causa indignación.
Diversos sectores se han manifestado contra la medida. Así los políticos, la Iglesia y la sociedad civil en su conjunto han expresado su oposición a la medida. Ante esta situación el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Heliodoro Díaz Escárraga, envió a los presidentes de los parlamentos de Iberoamérica una carta en donde les pide construir un frente común para rechazar la pretensión de Estados Unidos de construir un muro en la frontera con México.
En la misiva, el también presidente de la Cámara de Diputados solicita a los líderes camerales de Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal, que conforme a sus atribuciones, “en un acto de unidad entre parlamentos iberoamericanos, pueda compartir nuestra preocupación y condena al respecto, por lo que le solicito se exprese la más amplia solidaridad con el Congreso mexicano, a fin de que se impida la construcción de un muro en la frontera de los Estados Unidos de América con México, y la aprobación de la Ley que lo impulsa”.
Pero la indignación no es sólo de México como principal país afectado, el rechazo al muro fronterizo es ya internacional. De esta manera organizaciones de Washington como el Consejo Nacional de la Raza (CNLR) y el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), que incluyen a la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), enviaron una carta al presidente George W. Bush, donde le expresan que esa iniciativa es “dañina también para las familias estadounidenses, los negocios, las comunidades y los inmigrantes”. A este llamado de rechazo se sumó en la víspera la organización humanitaria internacional Human Rights Watch (HRW).
Ante el avance de las fuerzas intolerantes de los Estados Unidos para México es indispensable trabajar en la protección de los emigrantes. Desde los consulados, con el apoyo de bufetes jurídicos estadounidenses, se puede fortalecer su protección legal. Este problema es un excelente pretexto para que los partidos logren consensos y defender así los derechos de los connacionales.
