El director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Durango, Víctor de la Barrera Frayre, declaró ayer que no se le debe temer a la privatización porque sería sólo para mejorar los servicio o abatir costos, y no se pierde la rectoría en la toma de decisiones.
Dijo que la Ley Estatal de Aguas, aprobada recientemente por el Congreso del Estado, prácticamente es un reconocimiento a lo que viene ocurriendo desde hace años en Sideapa Durango, que tiene concesionados los servicios de lectura y reparto de recibos.
Explicó que para el Sideapa estas concesiones han representado una enorme ventaja, porque se vuelve exclusivamente normativa y dicta cuándo y cómo quiere la prestación del servicio, mantiene procesos de verificación y de reclamo cuando las cosas no salen bien.
Entrevistado ayer sobre la inquietud que ha despertado la posibilidad de que los ayuntamientos puedan privatizar el servicio de agua potable, consideró que en Durango este proceso sería a futuro, a mediano y largo plazos si se llegara a dar bajo un estudio muy serio de las necesidades.
Pero aclaró también que la privatización no quiere decir que toda la prestación del servicio se va a dejar en manos de la iniciativa privada, que es imposible porque la prestación de un servicio público como es el suministro de agua potable le corresponde al Estado por ley.
Señaló que no hay ninguna dependencia u organismo en el país que tenga absolutamente todo concesionado; hay esquemas combinados, como los sistemas de agua potable de Saltillo o en Aguascalientes, en donde la rectoría no la lleva la empresa, sino el Gobierno, y es éste el que determina cuáles son las prioridades que se deben atender en función de las distintas necesidades sociales.
Consideró que en Durango no es factible hablar de una privatización del Sideapa, porque aunque la ley lo permite, no hay hasta el momento ninguna propuesta de algún empresario interesado en la prestación de un servicio en específico.
Reiteró que la privatización contemplada en la Ley de Aguas es el reconocimiento de un esquema que ya se tiene estructurado desde hace mucho tiempo, en el caso de Sideapa; inclusive, empresas tan nacionales como Pemex también lo tienen porque disponen de varios servicios concesionados, pero la rectoría en la toma de decisiones la sigue detentando el Gobierno.
De la Barrera Frayre destacó que esperaría que algún día una empresa local, del estado o nacional pudiera hacer una propuesta, con la que se pudiera tener una mayor ventaja técnica o económica, que en la actualidad pudiera representar el abatimiento de los costos.
Agregó que toda decisión tendría que analizarse en las instancias correspondientes del Gobierno, y estaría en función de estudios serios, para mejorar la prestación del servicio.
No habrá privatización
El presidente municipal, Jorge Herrera Delgado, rechazó la posibilidad de privatización o comercialización del agua a causa de la aprobación de una ley que da esta facultad; sin embargo, esta normatividad le da más autonomía al Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) en Durango.
Ayer, el Partido del Trabajo (PT) manifestó que esta nueva ley que aprobó el Congreso del Estado implicaría la comercialización del vital líquido, lo cual afectaría enormemente a la ciudadanía; sin embargo, esta posibilidad fue descartada por el Alcalde, ya que comentó que ante el máximo órgano de gobierno del Sideapa, que es la Junta Directiva, no se ha tocado el tema.
Calificó que la privatización del Sideapa sería la última opción que tendría el Municipio para hacerlo más rentable, pero en contraparte exhortó a los constructores a que le inviertan a un sistema de agua potable, también a la participación de la iniciativa privada, para que a través de dinero se pueda fortalecer la infraestructura del Sideapa.
RECHAZO
El Partido del Trabajo se opondrá a la privatización del servicio de agua potable, porque se convertiría en un negocio privado en donde los empresarios dueños de la concesión aumentarían las tarifas a su antojo y terminarían con las cuotas fijas para las colonias más pobres.
Así lo anunció ayer Juan Cruz Martínez, dirigente de la Organización de Defensa Ciudadana del PT, al demandar la revisión de la constitucionalidad de la ley que aprobó el Congreso del Estado que autoriza a los ayuntamientos la privatización del servicio.
Afirmó que detrás de la intención de esta privatización está la de encubrir la gran quiebra en la que se encuentra sumida esta empresa descentralizada. ?Pretenden un borrón y cuenta nueva?, dijo.
Además, señaló que el partido recurrirá a todas las acciones y medidas de resistencia civil que otorgue la Constitución para que el Ayuntamiento no entregue a un particular la distribución y suministro del agua que usa diariamente la ciudadanía.
