“Un pueblo que valora sus privilegios antes que sus principios pronto perderá los dos”.
Dwight D. Eisenhower
La mayoría de las grandes luchas políticas y sindicales importantes que se está llevando a cabo en nuestro país en este momento se puede definir de una manera muy sencilla: es de esfuerzos de ciertos grupos de poder por obtener o conservar privilegios frente a los demás.
Veamos el caso del conflicto del Seguro Social. Lo que busca el sindicato de esta institución es que sus trabajadores puedan jubilarse, con una pensión superior al sueldo que recibían, a los 28 años de trabajo si son hombres y a los 27 si se trata de mujeres sin importar su edad. Esto les permite no sólo jubilarse mucho antes que los derechohabientes del IMSS sino con un ingreso significativamente mayor.
Las uniones de cañeros que buscan que el Gobierno aplique la nueva Ley cañera pretenden que el precio de su producto quede exento de los vaivenes del mercado y sea decidido por un “comité nacional”. Exigen también que se mantenga una situación en que la caña tenga un precio fijo de 57 por ciento del precio final del azúcar independientemente de las condiciones del mercado. De igual forma buscan mantener un “contrato Ley” de trabajo que se aplica a todas las unidades productivas del país sin importar su condición individual. Todos los demás productos de la economía pueden quedar sujetos a la Ley de la oferta y la demanda, pero no la caña.
Los operadores de tianguis y mercados sobre ruedas, así como los vendedores ambulantes, operan bajo el criterio de que ellos pueden privatizar en su beneficio las vías públicas. Tienen derecho de bloquear calles o entradas de inmuebles porque las calles son realmente de su propiedad. Una persona normal, sin protección de grupos corporativistas, que tratara de apropiarse de un bien público de esta manera sería objeto de una sanción inmediata. Pero no los grupos corporativos que mantienen estas rentables operaciones.
Los taxistas piratas pelean por tener acceso al privilegio de contar con placas que permitan ofrecer un servicio de transporte público. Curiosamente ni ellos ni los taxistas legales aceptan que la autoridad rompa el monopolio y le otorgue licencia de taxi a quienquiera que demuestre tener un vehículo adecuado y la capacidad para proporcionar el servicio de manera adecuada. Prefieren mantener un monopolio que genere precios artificialmente altos.
Los sindicatos se opusieron a que se gravaran las prestaciones con el Impuesto Sobre la Renta porque eso les permite otorgar a sus agremiados un privilegio y pagar menos impuesto que otros trabajadores que ganan menos pero que, por laborar en empresas pequeñas o medianas, reciben la mayor parte de su ingreso en efectivo y no en prestaciones. Su triunfo, al conseguir que la Cámara de Diputados retire la disposición de gravar las prestaciones, afecta fundamentalmente a los trabajadores más pobres de nuestro país.
El sindicato del Colegio de Bachilleres mantiene en huelga a esta institución también como resultado de un privilegio. Hay un sinnúmero de mexicanos deseosos de trabajar, muchos de los cuales tienen la capacidad de ocupar los puestos del colegio. Pero el sindicato puede cerrar indefinidamente la institución, para obtener beneficios económicos, porque goza de un monopolio que no pueden romper por Ley todas las demás personas que estarían dispuestas a ocupar los puestos de trabajo que hoy están paralizados por la huelga.
Los grupos que han buscado la legalización de autos “chocolate” buscan también aprovechar un privilegio. En este caso es el de violar la Ley, al introducir contrabando al territorio nacional, para que después se les perdone la falta y puedan obtener el beneficio económico de su acción.
Todos los países del mundo tienen a grupos de poder que han logrado privilegios especiales a fuerza de presionar al Gobierno. Pero en México estos privilegios dominan una parte tan importante de la economía que afectan enormemente nuestra competitividad. El advenimiento de la democracia, o de la alternancia de partidos en el poder, no ha conseguido que se limiten estos privilegios corporativistas. La tradición del viejo sistema político se mantiene incólume.
México, sin embargo, nunca será un país moderno y eficiente mientras siga manteniendo este laberinto de tratos de privilegio a los grupos de poder. Si realmente queremos tener un país que progrese, tendremos que eliminar todos estos tratos preferenciales y tener leyes que se apliquen a todos.
INTERVENCIÓN UNIVERSAL
El Tribunal Constitucional español estableció ayer que los jueces de su país son competentes para juzgar crímenes de genocidio en cualquier país del mundo sin importar que no haya víctimas españolas. Esta peligrosa decisión implicaría que el Gobierno español pueda intervenir en cualquier país para aplicar sus leyes.
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