Salvo que se trate de un homónimo, la presencia de Eloy Urroz como delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) significa o la reanudación de la alianza entre el PAN, partido gobernante al que pertenecen José Luis Luege e Ignacio Loyola, los superiores de Urroz con el Partido Verde; o significa que ha ocurrido una infiltración de éste en aquél, con grave perjuicio para las funciones de la Profepa acapulqueña.
Un Eloy Urroz ha sido el panegirista del partido propiedad de la familia González Martínez. Escribió tres libros que el propio PVEM considera como su biografía oficial. En 1994 apareció El hombre del tucán, con la imagen de Jorge González Torres en la portada, pues a él se refiere la obra editada el año en que ese partido lo postuló candidato a la Presidencia de la República. Tres años después, cuando González Torres aspiró a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y el PVEM logró su primera bancada en la Cámara de Diputados, Urroz dio a la estampa el segundo volumen de una pretendida saga, El tucán emprende el vuelo. Y en 2000, cuando González Torres se coaligó con el PAN (alianza que el PVEM rompió para iniciar un nuevo romance, que ha persistido, esta vez con el PRI), el momento fue debidamente captado por Urroz que dio rango de símbolo nacional al del Verde al bautizar su tercera pieza como El águila, la serpiente y el tucán.
Una persona llamada Eloy Urroz, como el autor de esos libros, llegó recientemente a encabezar la delegación de la Profepa en Acapulco y, al menos en un caso, ha procedido a desconocer autorizaciones emitidas por su antecesor Miguel Ángel Calzada Adame, ahora delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y por el anterior delegado de la Semarnat en el puerto, Héctor González Reza, un funcionario que reúne militancia panista (fue diputado federal y asambleísta del DF) y reconocida aptitud profesional como ingeniero civil.
Urroz decretó la clausura, sin procedimiento previo, de un conjunto habitacional denominado La Isla, en el fraccionamiento Las Playas, como resultado de una inspección que no debe haber sido muy rigurosa pues determinó que en tres de los cinco edificios del conjunto se construía un sexto piso, siendo que la autorización ordenaba limitarlo a cinco pisos. Los propietarios no han tenido ocasión de explicar a Urroz que, como se puede apreciar a simple vista, no se trata de un piso adicional, sino de muros exteriores que protegen y ocultan instalaciones propias de las azoteas.
Los inversionistas en La isla recorrieron un largo camino para obtener las autorizaciones correspondientes, a partir del seis de junio de 2003. Cuentan con constancia de alineamiento, licencia de construcción, constancia de que el predio no se halla en zona federal y resolución favorable al manifiesto de impacto ambiental expedida por la Semarnat el 15 de abril. Por ello las obras se iniciaron el primero de junio y las mismas fueron inspeccionadas por la Profepa el 28 de julio sin que se registrara ninguna anomalía. Igual fue el resultado de una segunda visita de inspección realizada el siete de septiembre.
Las cosas cambiaron con el nuevo delegado, que el 28 de septiembre ordenó una tercera inspección, ocurrida al día siguiente. Además de determinar al menos con impericia la existencia de un sexto piso en tres edificios (que, como queda dicho, son en realidad muros protectores de la azotea) “también asentó falsamente que existe deslizamiento de tierra por el desplante de la obra, la cual ha sido arrastrada a la playa”, lo cual “es falso porque los edificios están terminados en obra negra y en ese lugar no existen playas”.
Estas líneas entrecomilladas forman parte de la demanda de amparo presentada para revertir la orden de clausura total temporal de la obra dictada por la Profepa sin seguir las reglas del procedimiento administrativo. En ese escrito se refuta la afirmación del inspector sobre la falta de protección y la contaminación de las playas. Para hacerlo se citan los oficios de las dos primeras inspecciones. En la segunda de ellas “consta que no existe deslizamiento alguno de tierra porque se cuenta con muros de contención de madera” y consta también la declaración de que no existen descargas residuales. De todo ello ha dado fe un notario cuyos servicios profesionales se contrataron ex profeso.
En apariencia, el repentino cambio de parecer de la delegación de la Profepa fue provocado por el activismo de una asociación de colonos a la que no concierne esta edificación y buscó obtener cuotas que ninguna circunstancia ameritaba. Esta asociación organiza movilizaciones para las cuales requiere apoyo mediático, en las que realiza actos ilegales como imponer sellos de clausura, como si fuera autoridad. De la actividad de dicha asociación surgieron las falsas apreciaciones sobre La Isla (que estaba en zona federal) y que producía derrames en la playa) que fueron hechas suyas por la mentirosa inspección del 29 de septiembre.
Los quejosos no deberían tener problema en obtener la protección de la justicia federal, pues manifiestamente fue violado el Artículo 72 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo que, razonablemente, dispone que “para imponer una sanción, la autoridad administrativa debe notificar previamente al infractor del inicio del procedimiento, para que éste dentro de los 15 días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y en su caso aporte las pruebas con que cuente”.
