Obliga el fallo a investigar los actuales y pasados casos de detenidos.
EL PAÍS
LONDRES, INGLATERRA.- Siete jueces de la Cámara de los Lores dictaminaron por unanimidad que el principio de que no se pueden utilizar pruebas obtenidas bajo tortura afecta también a torturas practicadas sin la participación del Reino Unido. Los lores-jueces, actuando como última instancia judicial del país, dieron así la razón a ocho personas detenidas por su presunta vinculación con actividades terroristas que habían apelado contra una decisión anterior del Tribunal de Apelación.
Este había fallado en agosto de 2004 que si las pruebas habían sido obtenidas bajo torturas pero éstas habían sido cometidas por agentes de otro país sin que estuviera implicado el Reino Unido, se podían utilizar y el Gobierno no estaba obligado a investigar acerca de sus orígenes.
El fallo, calificado de histórico por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Liberty, obliga a la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración a investigar los actuales y pasados casos en los que las pruebas contra un acusado pueden haber sido obtenidas bajo torturas. Entre esos casos, que el ministerio de Interior mantiene en secreto, puede haber detenidos contra los que pesan pruebas obtenidas en campos de detención de Estados Unidos.
También puede afectar a la deportación de sospechosos a países sobre cuyos gobiernos pesa la duda de practicar torturas.
Aunque el veredicto fue alcanzado por unanimidad, los jueces no se pusieron de acuerdo sobre un aspecto que puede ser decisivo a la hora de poner en práctica el fallo. Cuatro jueces apoyaron la tesis de que si el Gobierno no está en condiciones de aclarar la sospecha de que las pruebas han sido obtenidas bajo tortura, tiene derecho a utilizarlas. Otros tres opinaron, en cambio, que el Gobierno sólo puede utilizarlas si tiene la absoluta certeza que no han sido obtenidas bajo tortura.
Muchos expertos se oponen al uso de pruebas obtenidas bajo tortura no sólo por razones humanitarias, sino por razones de eficacia porque las confesiones suelen ser falsas y a la larga esas condenas no son útiles. La información obtenida bajo tortura ?no es de fiar, es injusta, ofensiva e incompatible con la justicia?, opinó el presidente del panel de jueces, lord Bingham de Cornhill.