Consideran legisladores ilegales las pensiones complementarias a jueces y magistrados.
México, (Notimex).- Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) adelantaron que propondrán la reducción del presupuesto del Poder Judicial para 2006, y calificaron como ilegales las pensiones complementarias que reciben magistrados y jueces de distrito.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, señaló que dichas pensiones fueron asignadas por el Consejo de la Judicatura Federal, independientemente de que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En conferencia de prensa, consideró que con privilegios de ese tipo los integrantes del Poder Judicial violentan la Ley, cuando deberían ser los primeros en respetarla.
El legislador perredista señaló que mientras el gobierno federal y distintos sectores se pronuncian por revisar las pensiones de los trabajadores sujetos a contratación colectiva, ese grupo se despacha con la "cuchara grande" y establece un sistema de verdadero privilegio.
Indicó que con base en el acuerdo 28/2005, el Consejo de la Judicatura Federal determinó un plan de pensiones complementarias, de tal manera que por ejemplo, si en estos momentos se jubilara el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, recibiría una pensión de más de 4.5 millones de pesos al año.
Miguel Alonso Raya manifestó que esa situación debe revisarse, porque resulta una iniquidad que por un lado se tenga a ex servidores públicos con pensiones que no rebasan diez salarios mínimos y por el otro los integrantes del Poder Judicial gocen de privilegios.
A su vez, el también diputado perredista Alfonso Ramírez Cuéllar informó que solicitarán a la Comisión de Vigilancia que ordene a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo supervisiones especiales a los 11 fideicomisos que fueron constituidos de manera irregular con recursos fiscales destinados al Poder Judicial.
Al respecto, dijo que si bien el dinero que manejan esos fideicomisos proviene de ahorros y economías de dicho sector, como son recursos fiscales debieron haber sido reintegrados a la Tesorería de la Federación, lo cual no ocurrió.
Indicó que el fideicomiso para las pensiones complementarias para magistrados y jueces fue constituido en abril de 1996 con una aportación inicial de 155.7 millones de pesos.
Resaltó que los decretos de presupuesto son muy claros respecto a que el dinero que no se ejerce debe ser reintegrado a las arcas de la federación, pero en este caso el Poder Judicial hizo caso omiso de esa disposición, con lo que violó la ley.
Además, indicó, se escuda en el criterio de anualidad que establece la Ley de Fiscalización Superior para evitar que sean auditados los recursos de años anteriores depositados en los fideicomisos.
Por ello, señaló que se tendrá que recurrir a auditorías especiales para revisar los tres mil millones de pesos que se encuentran depositados en los 11 fideicomisos, según se desprende del informe de la Cuenta Pública 2003.
Ramírez Cuéllar comentó que es injusto e ilegal que los jueces y magistrados reciban pensiones complementarias cuando para ello no aportan nada, ya que el dinero proviene de los fideicomisos que podrán cubrir esos pagos hasta cierto momento.
