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MÉXICO, DF.- La fiscalía especial que investiga crímenes del pasado propuso ayer indemnizar a los familiares o víctimas de la llamada ?Guerra Sucia? en México (1970-1980) con un monto global equivalente a unos de 18 millones de dólares.
El fiscal especial Ignacio Carrillo también denunció en rueda de prensa la falta de voluntad o conflicto de intereses en la Procuraduría General de la República (PGR) y en el Poder Judicial para perseguir y juzgar a los responsables de crímenes del pasado.
Carrillo deslindó de responsabilidad al presidente Vicente Fox, al procurador general Rafael Macedo y a los ministros de la Suprema Corte, pero señaló a jueces y miembros de la PGR -a quienes no identificó- como los responsables de obstaculizar el trabajo de la fiscalía.
?Esto es muy grave... (porque) la fiscalía requiere la fuerza del Estado para lograr sus objetivos?, dijo Carrillo.
Anunció que es ?inminente? la presentación de cargos penales contra ex funcionarios por la masacre de estudiantes en 1968.
También se comprometió a presentar antes de que concluya 2005 cargos contra unos diez ex funcionarios por la desaparición de 200 personas durante la ?Guerra Sucia?.
Sobre las indemnizaciones, Carrillo dijo que en una primera etapa el monto global podría favorecer a 500 personas (víctimas o familiares).
La propuesta es indemnizar con un promedio de 350 mil pesos a cada uno de los familiares de personas que aún se mantienen desaparecidos y 150 mil pesos para las personas que fueron recluidas por cuestiones políticas.
La fiscalía llamó al Ejecutivo a considerar el monto global de indemnización para su propuesta de presupuesto para 2006 y llamó al Congreso a aprobarlo.
?No se trata de cambiar justicia por dinero... (sino) que el Estado se responsabilice? por crímenes cometidos en el pasado, subrayó Carrillo.
En las décadas de 1970 a 1980, se formaron pequeños grupos rebeldes que desafiaron a las fuerzas policiacas y el Ejército, además de organizar secuestros en ciudades y poblados de México, lo que desató un combate del Estado a las organizaciones consideradas subversivas y culminó con la desaparición y ejecución extrajudicial de varios de sus miembros.
La actividad guerrillera resultó especialmente común en las aisladas montañas del estado sureño de Guerrero. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en 2001 la desaparición de 275 presuntos guerrilleros en ese periodo.
Uno de los ex funcionarios involucrados en las represiones es el ex presidente Luis Echeverría (1970-1976), a quien la fiscalía acusó de genocidio por la masacre estudiantil de 1971. El caso está actualmente en manos de la Suprema Corte.
