Lo conocí en abril de 2001. Durango capital fue sede de la Reunión Regional de los Organismos Públicos de Derechos Humanos, a la que asistieron representaciones de las cámaras federales y de las legislaturas de Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Quien esto escribe se desempeñaba entonces como presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Durango, y en tal carácter estuvimos a cargo de la organización y promoción de dicho evento y fuimos anfitriones de quienes participaron en el mismo.
Tuve oportunidad de escucharlo y de platicar en corto con él. Como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya lo era, el doctor José Luis Soberanes pronunció en el acto inaugural, una bellísima pieza oratoria a través de la cual pudimos conocer la filosofía de su pensamiento humanista y su preocupación como responsable del organismo protector de los derechos fundamentales de la persona, lo que no era obstáculo para manifestar un carácter alegre y optimista.
De impresionante corpulencia física que contrasta con la expresión casi infantil de su cara y el gusto por la comida típica mexicana, que deleitó abundantemente durante la cena que se ofreció a los visitantes. Pero sobre todo, lo que más atrae es su capacidad de diálogo, su charla animosa y variada que salpica con sabrosas anécdotas y citas filosóficas, reflejando un profundo conocimiento del Derecho, de la filosofía jurídica como baluarte y sostén de las relaciones humanas que le dan incuestionablemente calidad de auténtico jurista. Fue agradable conocerlo y ser su interlocutor.
Por eso las declaraciones que hizo con respecto a la educación religiosa en las escuelas públicas, lo menos que produjo fue sorpresa y desconcierto. Cuesta trabajo comprender y aceptar que el doctor Soberanes, de grato recuerdo por su gran estatura intelectual, haya expresado que la Constitución Política Mexicana viola los derechos humanos al establecer el carácter laico que debe tener la educación impartida por el Estado, e ir más lejos todavía, al proponer que en los programas escolares debe incluirse la enseñanza religiosa como parte de una educación integral, argumentando como justificación de tal propuesta que si los padres tienen dinero pueden enviar a sus hijos a planteles particulares en donde les impartan religión; pero si carecen de recursos no pueden pagar la educación privada y entonces los envían a las instituciones oficiales donde no les enseñan religión porque la Constitución impone una educación laica. O sea, dice el jurista, la falta de dinero es causa de violación de los derechos humanos; por lo tanto debe impartirse educación religiosa en las escuelas públicas.
Inaudito, absurdo, antihistórico y que lo haya dicho quien lo dijo, es lo más sorprendente y desconcertante. No se trata de caer en lugares comunes demasiado explorados, decir que son etapas ya superadas y que mucho le han costado al pueblo de México tener las libertades de que hoy goza, pero sí vale la pena cuestionar: ¿Qué tipo de religión es la que debe impartir el Estado?, ¿Cuál credo religioso será el que según el Estado le conviene a mis hijos?, ¿Cuál religión es la que debe oficializarse y elevarse a la categoría de garantía constitucional?
Sostenemos que la Constitución no debe establecer una religión de Estado ni éste imponerla como parte de la educación. Hacerlo sí sería violatorio de los derechos humanos. La religión es un asunto de conciencia individual y en todo caso atañe a la familia y su enseñanza debe darse en el hogar y en las instituciones religiosas dedicadas al culto, las cuales están plenamente garantizadas por nuestro régimen constitucional. A nadie se le impide que asista a la iglesia que mejor le acomode, ni que profese el credo que más le guste o le convenza. Pero que el Estado no le diga a la persona en qué debe creer y a cuál institución debe pertenecer y concurrir. Esta es la auténtica libertad.
Que mejor respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de la persona que el carácter laico de la educación mexicana, que garantiza el acceso a todas las corrientes del pensamiento, el conocimiento de todas las doctrinas religiosas sin declarar que una es mejor que la otra. El Estado debe ser garante de la libertad de creencias. El Estado no puede, sin perder su neutralidad, fomentar, inducir o promover la enseñanza religiosa.
Ahora, si por religión quiere entenderse un catálogo de valores morales a los que debe acceder la persona y caracterizar a la educación, diríamos que la propia Norma Fundamental da respuesta al establecer que: “La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la Patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El criterio que la orientará se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Será democrática y nacionalista y contribuirá a la mejor convivencia humana para robustecer el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, el interés general de la sociedad, sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo o de individuos”. ¿Qué mejores caracteres morales que éstos?
Por lo tanto, considero con todo respeto que el eminente jurista equivocó el sentido de su propuesta.
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