El enrarecido ambiente electoral que se vive en Coahuila, es fruto de la legislación presentada por el Gobierno de Enrique Martínez como ejemplo nacional y de vanguardia.
La Ley Electoral de Coahuila es bozal y camisa de fuerza que restringe la participación de los ciudadanos de mil modos, como ocurre con la reducción de los tiempos y el establecimiento de “topes diferenciados” en los gastos de campaña de cada partido.
Otra fuente de iniquidad es el Artículo 107 de la Ley Electoral, que al sancionar con la exclusión del proceso a los ciudadanos que promueven su imagen fuera de los asfixiantes plazos que la propia Ley establece, es violatoria de derechos constitucionales.
Las restricciones favorecen a los aspirantes emanados del Gobierno estatal y su partido, porque mantienen los reflectores de la opinión pública sobre los funcionarios del aparato de Gobierno y en cambio, impiden posicionarse a todo candidato que provenga de la sociedad civil, lo que genera el peligro que las próximas sean unas típicas elecciones de Estado.
Por lo pronto ha surgido un fenómeno de simulación, entendiéndose por esto la alteración aparente de la causa verdadera de un acto, que en el caso se manifiesta en la proyección de la imagen de ciudadanos o funcionarios y legisladores que en su calidad de ciudadanos, difunden su trayectoria amparados en motivos diversos, al verse obligados por la Ley a ocultar su verdadera intención de desarrollar una campaña con objetivos electorales.
Lo deseable es una Ley que establezca plazos razonables para la propuesta y el debate y abra oportunidades de vertebración social e interrelación personal entre aspirantes y electorado, para favorecer al contacto directo sobre los medios publicitarios.
Se ha criticado que las actuales campañas (sui generis) carecen de propuesta de Gobierno y se reducen a la difusión de caras sonrientes. Tal cosa es cierta, pero ello es consecuencia de la prohibición legal que reduce la competencia política a un juego entre la publicidad y el disimulo.
Este fenómeno de restricción ha provocado una carrera que desborda el marco legal, con los peligros que implica la falta de control en cuanto a los tiempos y el monto y origen de los recursos que se utilizan en tales procesos que de esta suerte, son fuente de desigualdad y privilegio.
A este estado de cosas, se suma una publicación en prensa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), suscrita por sus consejeros bajo la presidencia del licenciado Homero Ramos Gloria.
El manifiesto en un lenguaje oscuro y amenazante, asegura que los consejeros del IEPCC “realizamos acciones que garanticen un proceso electoral democrático y transparente y garantizamos a la ciudadanía, que toda infracción a las normas serán sancionadas conforme a derecho en cumplimiento de nuestro deber”.
Los consejeros que como autoridades están obligados a fundar y motivar sus actuaciones, no aclaran qué acciones concretas realizan ni qué conductas de ciudadanos específicos pretenden castigar, por la presunta violación de normas expresas que se apliquen mediante un enlace lógico con los hechos objeto de sanción.
En lugar de llamar a cuentas a funcionarios, ex funcionarios y partidos, que son los involucrados en las campañas adelantadas, la publicación dispara un proyectil al corazón de la ciudadanía cuando expresa: “desaprobamos totalmente el uso desmedido de recursos que se están dando en el estado, con la finalidad de posicionar la imagen personal de ciudadanos ante el electorado para este proceso cualquiera que sea su origen”.
La expresión es oscura porque habla del “uso desmedido de recursos” sin hacer señalamientos concretos y es injusta porque condena el gasto de tales recursos “cualquiera que sea su origen...”. Con lo anterior el IEPC coloca en un mismo plano al ciudadano que en forma legítima promueve su imagen y propuesta con recursos lícitos y al aspirante que lo haga con recursos públicos desviados o que provengan del crimen organizado.
El IEPCC y sus consejeros actuales son fruto del mismo proceso legislativo que produjo el cuestionable marco electoral vigente en Coahuila, que apunta a la celebración de elecciones de Estado en las que la participación ciudadana ha sido previa y oportunamente sofocada. La desconcertante publicación que es objeto de comentario, enciende luces de alarma respecto a un desempeño sesgado del Instituto que como árbitro, reparta palos discrecionales a los protagonistas de las próximas elecciones.
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